Luego de que el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, firmara una orden administrativa en su primer día en el cargo que archiva la investigación sobre construcciones ilegales en La Parguera en el municipio de Lajas, incluyendo una vinculada con los suegros de la gobernadora Jenniffer González, se ha desatado una ola de críticas.
Entre una de ellas se encuentra el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, mejor conocido como “El Urbanista”, quien consideró que la orden administrativa viola los derechos de los querellantes.
PUBLICIDAD
“Este documento pretende conceder unos derechos que no puede conceder. En específico, aquí se dice que hay un reconocimiento de unos derechos adquiridos de unas personas. En los bienes de dominio público no se reconocen derechos. En los bienes de dominio público, un privado no tiene derechos. Y de hecho, por eso existe la figura de la concesión, porque en los bienes de dominio público se puede dar una concesión, pero no se puede otorgar títulos”, explicó.
Según Cardona Roig, el secretario firmó la orden sin haber tenido acceso al expediente del caso, violentando los derechos del querellante José Luis Lebrón. Además, añadió que “esa orden se adjudica sin dar foro para réplica, violando las garantías del proceso establecido por ley [de los querellantes]”.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, calificó la orden como una “gran arbitrariedad” y cuestionó la capacidad del secretario para liderar el DRNA.
“Es evidente que esta persona está inhabilitada para ocupar la silla del Departamento de Recursos Naturales. Aun cuando derogara su orden, ya quedó demostrado de qué nivel es su carácter”, declaró Santiago.
La senadora insistió, también, en que las expresiones del secretario designado adjudicando la orden a la administración de la exsecretaria, Anaís Rodriguez Vega, tratan de una excusa “inmaterial”.
PUBLICIDAD
“Es totalmente inmaterial, quien se sentó en una computadora a escribirlo, lo importante es quién la firmó, así que no le exime de responsabilidad el que no se haya sentado frente al teclado a redactarla. Sigue siendo absolutamente responsable por su contenido, que incluye una enorme anomalía, una gran arbitrariedad, que es el poder, el pretender que se archiven de un plumazo todos los casos relativos a La Parguera que tienen que la consideración de la agencia. Esta es una violación al debido proceso de los querellantes, que, de hecho, son en este momento quienes tendrán, eventualmente cuando se desnotifique formalmente el archivo, la legislación activa para impugnar ante el tribunal la orden”, continuó de Lourdes Santiago.
Quiles Pérez aseguró el jueves en un comunicado que la orden administrativa que firmó en su primer día en la posición y que archiva la investigación sobre construcciones en la zona de La Parguera fue heredada de la pasada administración, pero se desmintieron varias teorías.
En una discusión sobre la situación en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) el analista político Jorge Colberg Toro, quien fue parte del Comité de Transición de la gobernadora Jenniffer González, aseguró que en las vistas nunca se tocó el tema sobre la investigación de las residencias en la zona de La Parguera y que incluía una construcción de los suegros de la primera mandataria.
Mientras, el periodista Rafael Lenín López, reportó en su programa “Primera Pregunta” de Telemundo que la orden administrativa habría “aparecido” en el escritorio de la pasada secretaria del DRNA, Rodríguez Vega, tras regresar de su licencia de maternidad. Sin embargo, según las fuentes del periodista, esta no la firmó y la refirió a la división legal de la agencia.
La directora del Capítulo Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez Torres, fue otra de las personas que denunció la medida, describiendola como una que favorece la administración de la gobernadora, Jenniffer González Colón.
“Es inaceptable que los recursos públicos sean utilizados para promover la privatización de los bienes comunes y debilitar las protecciones ambientales, ignorando las leyes y principios básicos de justicia climática y social”, declaró.
Vázquez también señaló que la orden contradice las recomendaciones de la exsecretaria Rodríguez Vega, quien había alertado sobre la falta de transparencia en la gestión de estos recursos.
Análisis federal
El exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares explicó a Metro Puerto Rico las implicaciones legales de la orden desde el ámbito federal, resaltando que las leyes de Puerto Rico no pueden contravenir la Constitución federal ni las leyes aprobadas por el Congreso.
Según Carlo Linares, el DRNA no tiene la facultad de otorgar derechos en terrenos de dominio público que violen las normativas federales, y cualquier intento de hacerlo podría ser intervenido por agencias como el Cuerpo de Ingenieros o la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
“La ley federal es clara: el Grandfather Clause aplica y es una actuación de 1937, no del 2024, para propósito de las leyes federales. O sea, que eso no va a cambiar. [...] De manera que cambie, tendría que el Congreso legislarlo”, afirmó.
Carlo Linares advirtió que aunque la orden administrativa podría evitar acciones locales, no previene que las autoridades federales intervengan si consideran que las construcciones violan regulaciones ambientales o de uso del suelo.
“El efecto local hubiese sido que Recursos Naturales y su cuerpo de vigilancia, o cualquier otra entidad del gobierno de Puerto Rico, no iba a intervenir con esas casas, por violaciones de leyes locales. Pero no evita que los federales entren y hagan su trabajo en base a la ley federal, que está ahí y no ha cambiado”, concluyó.
