Del CPI
La sonrisa de Marilyn Vázquez desaparece cuando recuerda lo que le tocó vivir en el 2022. No es fácil contar que se quedó en la calle, que regaló la mayoría de sus pertenencias y que lo que le quedó lo acomodó como pudo en el cuarto de un hotel en Kissimmee, Florida, en el que vivió durante un año.
Se le hace difícil contarlo porque la puertorriqueña sabe que es un escenario que podría repetirse en cualquier momento.
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“Nadie te dice cómo sobrevivir si tienes que vivir en un hotel, qué tienes que hacer”, dice. “Yo estuve seis meses llorando. No quería llegar al cuarto. Me preguntaba qué hacía allí, qué hice mal... Fue muy duro”, recuerda.
Vázquez, de 54 años, lleva tres décadas radicada en Kissimmee, Osceola, condado de Florida en el que, junto a Orange, se concentran la mayor cantidad de puertorriqueños. Tiene seis hijos, todos adultos y viviendo en diferentes partes de Estados Unidos, pero no se atreve a ocuparlos por temor a “molestar”.
Desde 2018, Vázquez vivía en un complejo de apartamentos en Kissimmee. A finales de 2022, sin embargo, se vio en la calle y sin saber a dónde ir. “Allí pagaba alrededor de $800. Pero ellos [los administradores] empezaron a sacar a la gente vieja y a meter gente nueva, por una ‘reestructuración del complejo’. Y aumentaron la renta”, cuenta. Su alquiler subió a $1,100.
Cuando intentó buscar otro lugar para vivir, se encontró con la realidad que enfrentan muchos residentes en Florida después de la pandemia: el alto costo de las rentas.
Actualmente, según la plataforma digital de bienes raíces Zillow, al 30 de diciembre de 2024, la renta en Florida era 20% más alta que la mediana en Estados Unidos. El alquiler de un apartamento de un cuarto en Orlando, Florida, ronda los $1,450.
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A finales de 2023, Vázquez pudo recuperarse y encontrar vivienda en el complejo de apartamentos donde aún vive en Cameron Preserve, Kissimmee. En un principio, pagaba $904 al mes, pero en menos de un año, la renta ha aumentado a $1,029.
El escenario de Vázquez se complicó en julio pasado tras un accidente en su trabajo como supervisora en el Departamento de Mantenimiento del hotel en el que, precisamente, vivió durante casi un año.
Poco después, se quedó sin trabajo. Una mañana, vio el papel con la orden de desahucio en su puerta. El desahucio es un proceso judicial mediante el cual la persona propietaria o con derechos sobre una propiedad solicita a un tribunal una orden para que la persona que la ocupa, sea inquilina o arrendataria, la desaloje.
“Yo me desesperé tanto”, dice mientras mira a su gatita Oreo paseándose en la sala vacía de su actual apartamento. “Comencé a empacar lo que tenía. Pensé que tendríamos que irnos a dormir en el carro. Otra vez en la calle”, narró entre lágrimas.
Vázquez comenzó a tocar puertas con organizaciones comunitarias y encontró un grupo de una iglesia que le ofreció el dinero que necesitaba para pagar ese mes de renta y evitar que la desalojaran. Esto le dio tiempo para hacer los trámites para recibir los beneficios por compensación laboral y desempleo. Sin embargo, el miedo de volver a quedarse sin un lugar seguro para vivir la persigue.
Una comunidad silente
Un censo anual de personas sin hogar en Florida Central que preparó la organización Homeless Services Network encontró que, al menos hasta enero de 2024, habían 2,883 personas personas sin techo seguro entre los condados de Osceola, Seminole y Orange. De ese total, 1,682 se encontraban alojadas en albergues. El informe indica que, en comparación con el último conteo de 2023, hubo un aumento de 28% de personas sin hogar en el área. De igual forma, la entidad informó que el número de personas sin techo —específicamente aquellos para los que ya no hay espacio en refugios de emergencia— aumentó un 105%.
Se descubrió además que, por primera vez, más de la mitad de las personas sin hogar de 65 años o más viven sin refugio.
Este conteo de personas sin techo es exigido por el gobierno federal, específicamente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y busca entender la población en necesidad, además de destinar fondos a organizaciones que se dediquen a distribuir ayudas.
Según Martha Are, directora de Homeless Services Network, la mayoría de los casos del censo eran ciudadanos que tenían un techo seguro antes del repunte de la pandemia en 2020.
“Algunas de estas personas seguían alojadas en algún lugar, pero se enfrentaban a la situación de estar próximamente sin hogar, tenían dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca, o ya habían recibido un aviso de desahucio”, dice la organización sobre sus hallazgos.
Aparte de lidiar con una orden de desahucio, las personas sin techo enfrentan también el estigma social.
“El puertorriqueño se queda callado con sus necesidades”, expresa Marytza Sanz, directora de la entidad Latino Leadership, que ofrece asistencia a las comunidades latinas de bajos recursos mediante clínicas de salud, orientación para vivienda y programas de educación.
“Sé que hay gente que trabaja en Disney y duerme en el estacionamiento. La magia existe en Disney, y nada más”, agrega Sanz, quien, por medio de la entidad que dirige, ayuda a los puertorriqueños que recién llegan a Florida.
“No sé qué voy a hacer”
“Hay días que me siento aquí y no me muevo”, expresa Clara Miranda con su vista perdida hacia la puerta de la marquesina de la casa donde pernocta, en donde se agrupan algunas cajas con lo que queda de sus pertenencias.
Tras una pausa, Miranda agrega con su voz quebrada: “Me quedo aquí, procesando cómo de la noche a la mañana lo perdí todo”.
Para evitar tener una orden de desalojo que afectara su historial de crédito, Miranda optó por entregar la casa que alquilaba en el condado de Hernando, donde había vivido con sus hijos de 10 y 21 años durante cinco años. Antes, hizo todo lo que estuvo a su alcance para pagar la renta tras haberse quedado sin trabajo en octubre de 2023, luego de sufrir un accidente de auto.
En Estados Unidos, una vez una persona entra en el proceso de desahucio y tiene una deuda que subsanar, la notificación o marca negativa va directo a una agencia de crédito que prepara un informe crediticio de cada individuo. Aun si la persona logra saldar la deuda y no llegar al eventual desalojo de la propiedad, la marca negativa puede permanecer hasta siete años en su historial, a veces más.
Al ser un récord público, este tipo de proceso puede aparecer en cualquier momento en que un arrendador realice una verificación de antecedentes del inquilino. Esto es independiente del historial crediticio y, a diferencia de las marcas que permanecen siete años en los reportes de crédito, el registro de este proceso legal puede mantenerse de forma indefinida.
Miranda y su familia estuvieron a punto de pernoctar en su auto que, precisamente, terminó entregando al banco por no poder pagarlo.
Actualmente, Miranda y sus hijos duermen en el mueble de la sala de la casa de su madre, quien también hace malabares para sobrevivir cheque a cheque en la zona de Kissimmee. En esta casa, también habita otra hermana de Miranda, su hija y la pareja de su madre.
“Yo estoy en cero”, dice Miranda. Asegura que ha tocado puertas para buscar asistencia en los condados de Orange y Osceola, pero sigue sin respuestas. Eso sí, explica que no regresaría a Puerto Rico. A estas alturas, no tiene a dónde, ni con quién regresar.
¿Cuánto se necesita ganar para vivir en Florida?
Testimonios como el de Clara Miranda reflejan las cifras alarmantes sobre el costo de vida en Florida, donde el salario promedio no es suficiente para cubrir necesidades básicas.
Un residente en Florida necesita ganar al menos $2,500 al mes para sobrevivir y, aún así, este salario raya en la pobreza y ni siquiera toma en cuenta gastos médicos, asegura Luis Palomino, analista económico de El Instituto, centro multidisciplinario de investigación y enseñanza en la Universidad de Connecticut, desde el que se ha estudiado la diáspora boricua en estados como Florida.
“Lo que encontramos en los datos es que, en promedio, las familias puertorriqueñas en Florida son, mínimo, de tres personas. Pero vemos que el ingreso individual de una persona no puede cubrir esos gastos de vida en muchos casos y las familias se empiezan a juntar para poder dividirse y cubrir esos gastos; unen salarios para al menos llegar a $76 mil al año”, señala Palomino.
El economista destacó la brecha de género en los salarios entre puertorriqueños residiendo en Florida.
“En promedio, las mujeres puertorriqueñas ganan $32 mil al año, mientras que los hombres ganan un promedio de $40 mil al año”, expone Palomino, cuyo análisis surge de los datos del American Community Survey del Censo de Estados Unidos en 2022.
Actualmente, el salario mínimo en Florida es de $13 la hora y aumentará a $15 para el 30 de septiembre de 2026.
Federico Alves, economista y exanalista de riesgos de la bolsa de valores de Estados Unidos, indica que “Florida se divide en dos áreas muy diferentes económicamente”. En el sur de Florida, que incluye Miami y West Palm Beach, el ingreso anual mínimo debería ser $45 mil al año sólo “para sobrevivir”, lo que se traduciría a cobrar $20 la hora.”Si te mueves de esa zona, quizás necesitarías ganar al menos $17 la hora”, indica.
Aunque lo ideal sería un salario mayor, Alves señala lo difícil que es conseguir un trabajo con un sueldo competitivo en Florida. “Sin duda, los componentes de vida más caros están al sur de Florida, donde una vivienda cuesta entre 30% y 40% más cara que el resto de Florida”, enfatiza.
Según estadísticas recientes del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la región sur de Estados Unidos, que abarca ocho estados, entre ellos Florida, tuvo una inflación pico de 3.8% en marzo, pero esta se redujo a 2.7% para el cierre de noviembre de 2024.
Las cifras se basan en el Índice de Precios del Consumidor, que registra el costo de los alimentos, la gasolina y otras compras comunes de los hogares.
Marcados por el desahucio
Anna Eskamani, legisladora demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, ha tratado de enmendar la ley de desahucios en Florida desde 2020. Ninguna de las medidas presentadas ha obtenido los votos suficientes. A veces, ni tan siquiera han llegado a votación.
El más reciente proyecto, titulado “Keep Floridians Housed Act”, ordenaba crear un Departamento de Vivienda y Derechos de los Inquilinos. Dicha agencia trabajaría con la Legislatura estatal, las agencias estatales y otras partes interesadas para idear e implementar estrategias “diseñadas para combatir los problemas de vivienda asequible y falta de vivienda en el estado”.
También buscaba eliminar la marca en el historial crediticio de quienes han estado en proceso de desahucio o han sido desalojadas en algún momento.
Pero esta legislación tampoco pasó.
“Es frustrante ver la cantidad de personas que se han quedado en las calles por esto”, dice Eskamani en entrevista con el CPI. “La mayoría son hispanos”, asegura.
“¿Y qué se supone que haga una persona durante esos siete años con esa marca? Básicamente, se le hace difícil, sino imposible, volver a conseguir un lugar para vivir aunque tenga el dinero o se haya recuperado financieramente. Muchas de estas familias estaban a ley de un cheque para poder pagar la renta o la hipoteca a tiempo”, dice.
Eskamani agregó que volverá a someter la medida legislativa en la próxima sesión, pero con un lenguaje más sencillo. Esta vez sólo incluirá el artículo para eliminar la marca en el historial de aquellos que han sido desahuciados.
Comunidades negras y latinas: las más afectadas por los desahucios
En 2018, en Estados Unidos, los propietarios presentaron aproximadamente 3.6 millones de casos de desahucio, un promedio que se ha mantenido desde 2000 hasta la fecha contabilizada, según estadísticas de The Eviction Lab, centro especializado en estudiar estos procesos desde la Universidad de Princeton.
The Eviction Lab mantiene una base de datos actualizada sobre desahucios en al menos 10 estados y 36 ciudades. Según la información, en los últimos 12 meses se registraron 1,009,411 demandas de desahucio en esos estados.
De esta cantidad, son las comunidades negras y latinas las más afectadas. Un estudio del organismo reveló que, aunque las personas negras constituían el 19.9% de los inquilinos en los condados analizados, representaron el 32.7% de quienes recibieron órdenes de desahucio. En otras palabras, uno de cada cinco inquilinos era negro, pero uno de cada tres desalojos afectó a personas de esta comunidad.
El estudio comprobó la disparidad racial/étnica y de género en las amenazas de desahucio y detalla que esto contribuye “probablemente a las desigualdades raciales y de género en los resultados económicos, sociales y sanitarios de Estados Unidos”.
De los hallazgos del estudio realizado entre 2012 y 2016 en 39 estados se desprende que entre los inquilinos, las mujeres — especialmente las negras y las latinas — enfrentan mayores tasas de desahucios. El riesgo es un 2% mayor para las mujeres en general, 4% para las negras y 9% para las latinas, grupo en el que entrarían las puertorriqueñas.
En los 1,195 condados de muestreo en el estudio, The Eviction Lab estima que 341,756 mujeres fueron desahuciadas anualmente, aproximadamente un 16% más que los 294,908 hombres. En el caso específico de la comunidad hispana, se encontró que 56,400 mujeres fueron desahuciadas en comparación con 51,456 hombres, una diferencia de 9.6%.
Esta tendencia continúa al alza después de la pandemia. The Eviction Lab indica que, en el último año, por ejemplo, el 58% de las personas que se enfrentaron a un desahucio eran mujeres, cifra que está desproporcionadamente compuesta por más mujeres negras y latinas.
Para explicar por qué las mujeres tienden a estar en el epicentro de las estadísticas sobre amenazas de desahucios y eventuales desalojos, Juan Pablo Garnham, gerente de comunicación en The Eviction Lab, indica que se debe a que, en muchos de estos casos, se trata de madres haciendo malabares con los gastos mensuales.”La presencia de niños implica tener más gastos, tener más limitaciones para trabajar y tener más elementos que pueden desestabilizarte, especialmente si eres una mujer soltera o si tienes bajos ingresos. Tu capacidad de ahorro es mucho más baja, por ejemplo”, explica Garnham.
“También hay que decir que, muchas veces, los ‘landlords’ (arrendadores) no son muy ‘kid friendly’ a pesar de que la Ley de Vivienda Justa dice que no se puede discriminar por tipo de grupo familiar”, agrega.
Todo esto provoca un efecto dominó en las personas. “Los desalojos no son sólo una consecuencia de la pobreza, sino también una causa”, apunta Garnham.
Según otro estudio realizado por investigadores en Princeton, el elevado costo de viviendas y órdenes de desalojo también afecta la expectativa de vida de las personas. El estudio señala que el aumento en alquileres lleva a las familias a reducir gastos esenciales para su salud.
“Los hogares pobres en los que hay hijos y que están sobrecargados por el alquiler, o que dedican el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, gastan un 57% menos en atención sanitaria y un 17% menos en alimentos en comparación con hogares que no están sobrecargados”, dice el estudio.
En el análisis, los investigadores utilizaron los registros de 38 millones de casos judiciales de desahucios presentados entre 2000 y 2016 para comprender el impacto de tales sucesos en la salud de los inquilinos. Se encontró que tan sólo ser amenazado con un desahucio — incluso cuando ese caso no dio lugar a una sentencia de desalojo — se asoció con un aumento del 19% en la mortalidad. Recibir una sentencia de desahucio se asoció con un aumento del 40% en el riesgo de muerte.
El informe concluye que parte de las políticas públicas necesarias para mejorar este problema serían más programas de ayuda de emergencia para alquileres, asistencia legal y extender los plazos de notificación antes de un desalojo, entre otras.
“Dado que las familias negras e hispanas alquilan sus viviendas en forma desproporcionada y son objeto de un número desproporcionado de demandas de desahucio, estas políticas también pueden contribuir a reducir las disparidades raciales en materia de salud y mortalidad”, dice el estudio.
Entre las recomendaciones, instan a que los gobiernos incrementen las tarifas que deben pagar los propietarios ante la corte para comenzar un caso de desahucio. En Alabama, por ejemplo, el costo promedio para presentar una demanda de desahucio es $276, lo que anima a que los propietarios trabajen primero una solución con los inquilinos en lugar de recurrir inmediatamente a los tribunales.
En Florida, en tanto, el costo promedio para presentar en corte una orden de desahucio es de $185.
“A veces no tenía dinero ni para comer”
Joemar Machín, puertorriqueño que se mudó a Florida hace 10 años, sabe muy bien lo que es pasar hambre y no tener a dónde ir después de haber sido desalojado. Llegó a Florida con el mismo lema que cargan muchos al pisar suelo estadounidense: “Vengo en busca de mejores oportunidades”.
“Quería ser cocinero y estudiar en la academia Le Cordon Bleu, de Orlando. Llegué con la ayuda de otra persona que me prometió villas y castillas, pero se desapareció. Y me quedé solo, trabajando y tratando de pagar la renta”, recuerda.
“A veces me llegaban los cheques tarde, así que pagaba la renta tarde. No sabía cómo funcionaban los desalojos. Me dieron un ‘eviction notice’ poco tiempo después. Quedé totalmente en la calle, a veces de hotel en hotel, dividiéndome el precio de los cuartos con otros amigos que había conocido y que estaban igual”, narra.
No tenía a quién recurrir si regresaba a Puerto Rico.
Eventualmente, conoció a un amigo con quien comparte la renta de una casa en Orlando. Pero alquilar, por su cuenta y bajo su nombre, se le ha hecho imposible.
Como Machín, Fernando, nombre ficticio de un hombre residente en el área de la Florida central que prefirió permanecer en el anonimato para esta historia, también se vio en la calle.
“El puertorriqueño usualmente se calla sus necesidades acá. No quieres que se enteren, pero tampoco quieres mudarte porque quieres echar pa’ lante como sea”, dice Fernando,
“El puertorriqueño se ‘amarra a una esquina’ y no la suelta hasta que pueda salir de los obstáculos que enfrente”.
En 2022, Fernando se divorció y se quedó sin un lugar a dónde ir. No tenía ahorros. Sólo tenía un trabajo, con el que vivía quincena a quincena, y su auto, en el que pasó muchas noches.
“En el trabajo no se dieron cuenta. No me atrevía a decir nada”, recuerda. “Cuando duermes en un carro, tu salud se deteriora. Te dan calambres. No estás cómodo. Los que han vivido en esta situación saben identificar rápido a otros que están en las mismas”, afirma.
Fernando estuvo viviendo en su auto por cuatro meses mientras aprovechaba la membresía que tenía de un gimnasio para bañarse. Poco tiempo después, pudo reunir lo suficiente para llegar a rentar un apartamento en el condado Osceola.
La “verdadera” solución: vivienda asequible
“El primer punto aquí es que tenemos una escasez de vivienda asequible. Tenemos vivienda con costos de renta como Nueva York o California, pero no con salarios competitivos o que compensen este aumento”, dice Jorge Duany, antropólogo y sociólogo retirado de la Universidad Internacional de Florida.
Duany, quien se ha dedicado a estudiar las causas de los ciclos migratorios de boricuas a Estados Unidos, hizo referencia a una Encuesta de Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo — reseñada por El Nuevo Herald — que revela que el 76% de los habitantes del sur de Florida informan que tienen dificultades para pagar sus gastos habituales.
El mismo reporte señala que los residentes en Miami están más abrumados por los costos de alquiler en comparación con el resto de las demás ciudades y estados. En Miami, rentar una propiedad de un cuarto puede llegar a los $2,500, según la plataforma Zillow.
“No hay suficientes viviendas a bajo costo aquí (en Miami). En Orlando hay más viviendas, pero aún así hacen falta muchas más unidades de vivienda asequible, que no hay”, expresa Duany.
David Andolfatto, director del Departamento de Economía de Miami Herbert Business School, en la Universidad de Miami, coincide con Duany.
“Aunque vemos que hay proyectos de construcción y programas, aquí la pregunta es: ¿en realidad hay suficientes? ¿Hay suficientes viviendas, suficientes programas que ayuden a las personas que no pueden pagar más?”, cuestiona.
Según un estudio de Florida Housing Coalition, Florida sólo tiene 24 viviendas de alquiler asequibles y disponibles por cada 100 inquilinos con ingresos extremadamente bajos.
Aumento de sinhogarismo en Florida tiene sus efectos en Puerto Rico
La falta de vivienda asequible y la problemática con los desahucios tiene ramificaciones más allá del estado de Florida. En los últimos seis meses, al menos 60 boricuas provenientes de este estado han regresado a Puerto Rico tras experimentar sinhogarismo, compartió Belinda Hill, directora ejecutiva de la organización boricua Solo Por Hoy.
“Estamos hablando de diez personas al mes. Esto no se daba así. Al año, teníamos como tres casos”, destaca en entrevista con el CPI.
“Hemos visto un aumento desde la pandemia, pero el aumento significativo ha sido en los pasados seis meses. La mayoría de estos casos es por el incremento en las rentas. Las familias no pueden autosustentarse y llegan aquí pensando que tendrán ayuda inmediata, pero tampoco es así”, destaca Hill.
Además de la escasez de vivienda asequible y los altos costos de renta en Florida, Hill señala que el aumento de personas sin techo seguro que llegan a Puerto Rico también está motivado por una ley que entró en vigor el pasado 1 de octubre que prohíbe a las personas sin hogar dormir en campamentos improvisados en lugares públicos como aceras, parques o playas.
La ley HB 1365 fue promovida por el gobernador Ron DeSantis tras una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que abrió la puerta para que municipios en todo Estados Unidos criminalizaran el dormir en lugares públicos.
“Nosotros tenemos unos vales limitados para personas sin hogar que en realidad no tienen valor en el mercado actual, nuestros vales no son atractivos para los arrendadores”, asegura Hill, quien dijo que, al año, cuentan con 982 vales de vivienda que “siempre se van”.
Según el más reciente conteo sobre personas sin hogar en Puerto Rico exigido por el Departamento de Vivienda Federal, a enero de 2024 había al menos 2,096 personas sin un techo seguro, 55.4% de esta cifra eran personas que experimentaban el sinhogarismo por primera vez. Puerto Rico tiene una población de 3.2 millones de habitantes.
Ante esto, la directora de Solo Por Hoy lamenta que no haya ningún plan gubernamental efectivo para atender la crisis.
“En Estados Unidos hay una escasez de vivienda asequible… Y si escasamente podemos atender a los nuestros, ¿cómo vamos a poder atender a los que siguen llegando?”, cuestiona Hill.
¿Qué hace el gobierno federal?
A principios de 2024, el gobernador DeSantis firmó la medida “Affordable Housing”(SB328) que buscó enmendar algunos aspectos de la ley “Live Local Act” (SB102) para impulsar el desarrollo de viviendas asequibles. Las enmiendas se centran, mayormente, en la exención del impuesto a la propiedad.
“Live Local Act”, firmada en 2023, fue ampliamente apoyada por la Legislatura. Busca que los desarrolladores de nuevos complejos designen al menos el 40% de las unidades como “asequibles” para personas de bajos ingresos.
El costo de renta no debería superar más del 30% del salario de los inquilinos para considerarse asequible, destaca esta ley.
Actualmente, se estima que 2.4 millones de residentes con bajos ingresos pagan más del 30% de sus salarios en vivienda y en algunos casos más del 50%. “Esto hace que sea casi imposible ahorrar para la jubilación o para emergencias, y difícil permitirse otras necesidades básicas como la alimentación y el cuidado de los niños”, destaca el reporte de la organización Florida Housing Coalition.
La ley no le exige a los desarrolladores crear unidades para personas de escasos recursos, pero les ofrece beneficios atractivos para que consideren implementar esta iniciativa en sus proyectos de construcción, como otorgarles préstamos con intereses bajos.
De igual forma, la ley aumenta los créditos fiscales disponibles para los desarrolladores de $14.5 millones a $25 millones y proporciona un reembolso de hasta $5,000 por el impuesto sobre las ventas de materiales de construcción para unidades financiadas a través de la Corporación de Viviendas y Finanzas de Florida.
Mientras, queda en el tintero la medida que volvería a someter la representante Eskamani para eliminar la marca negativa en el crédito de aquellas personas que son desalojadas.
“Uno no se puede rendir”, dice Fernando, puertorriqueño que narró su historia bajo condición de anonimato. “El proceso que estés viviendo ahora no necesariamente define tu futuro… Pero hay que saber que, en cualquier momento, a cualquier persona, le puede pasar esto”, puntualiza.
Este reportaje es posible mediante una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI.
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Si usted o alguien que conoce está atravesando un proceso de desahucio o inseguridad alimentaria, estas organizaciones podrían ayudarle:
Organizaciones comunitarias sin fines de lucro
- Hispanic Federation: 844-432-9832
- Advance Community Center: 407-350-3311
- Second Harvest: 407-295-1066
- Latino Leadership: 407-895-0801
- Salvation Army (condado Osceola): 646-860-8855
- Homeless Services Network: 407-893-0133
- Samaritan Resource Center: 407-482-0600
Contactos para asesoría legal
- Community Legal Services of Mid-Florida Inc. – Kissimmee/Orlando: 800-405-1417
- Legal Aid Society of the Orange County Bar Association Inc. – Orlando: 407-841-8310
- The Florida Bar Foundation
- One Stop Housing
