El senador independiente, Eliezer Molina, arremetió contra el Proyecto de la Cámara 0025 que enmendaría la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) establecida en la Ley de Muelles y Puertos de 1968. La propuesta del líder cameral incluye una protección a los bienes de “dominio particular”.
Según Molina, el presidente de la Cámara de Representantes, y también autor de la medida, Carlos “Johnny” Méndez, radicó la medida con desconocimiento sobre la ZMT.
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“Así la cosa al presidente de la Cámara de Representantes quien de pronto se ha atribuido a las facultades científicas de entender lo que es la definición de la zona marítimo terrestre. Sabemos por donde viene y estamos aquí listos para debatir a cada una de las personas que en esa intentona de mitad que le roben a nuestro país su pueblo”, detalló el senador.
A su vez, Molina destacó que aunque recientemente se le está otorgando más atención mediática a zonas como La Parguera en el municipio de Lajas, la lucha lleva más de un año, y se ha convertido en una “lucha política por la gobernadora”.
“Hemos visto que se ha desatado de pronto una lucha política por la gobernadora quien hizo alusión a que todo esto era una persecución política y ahora todos ustedes están exigiendo cuentas. Eso es hermoso. Significa que el mensaje está llegando por la presión del pueblo, no por la buena voluntad de ustedes. Yo no soy. El país los está mirando”, continuó Molina.
Molina anunció que prontamente se le hará llegar a la gobernadora, Jenniffer González Colón, un documento en la cual se detalla “la ineficiencia” de su gobierno que, conforme al senador, ha trabajado en función de sus intereses personales.
“En la próxima hora de nuestra oficina saldrá un documento poderoso. Es el comienzo del cambio ante la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno que ha estado obrando, no en función de nuestra sociedad sino de sus intereses personales fundamentado en la ignorancia. Espero que cuando eso ocurra muchos de ustedes lo apoyen, nosotros apoyaremos cada una de las medidas que ustedes presenten siempre y cuando sean en función de nuestra sociedad, pero aquí los entes federales van a tener que rendirle cuentas a nuestro país, calladitos mirando desde la grada, viendo cómo destruyen nuestro pueblo y no actúan. Eso se va a acabar hoy”, concluyó Molina.
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Propuesta legislativa redefine la Zona Marítimo Terrestre, sin límites para la propiedad privada
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, radicó un proyecto de ley que enmendaría la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) establecida en la Ley de Muelles y Puertos de 1968. La propuesta del líder cameral incluye una protección a los bienes de “dominio particular”.
Según el Proyecto de la Cámara 0025, la nueva definición busca modernizar el concepto y “atemperar” su aplicación a las realidades contemporáneas. Propone establecer la ZMT como un bien común de dominio público, permitiendo únicamente el disfrute público no comercial de la llamada “playa seca”. Además, designa una franja de 20 metros para emergencias y otra de 6 metros para vigilancia.
El texto del proyecto redefinió la ZMT como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensibles”.
Asimismo, se aclaró que en la “tierra adentro de la zona marítimo terrestre comienzan los bienes de dominio particular” y que este espacio quedará gravado por servidumbres públicas de salvamento y vigilancia.
El abogado ambiental Pedro Saadé expresó preocupación ante el proyecto, indicando que busca debilitar la protección de la ZMT.
“Con una mirada inicial, este proyecto va dirigido a debilitar la protección de los bienes de dominio público de la costa porque retiene un concepto que es un anacronismo en Puerto Rico, que es la de las mareas sensibles. Eso es un concepto que viene de legislación del siglo 19 de España, donde los cambios de marea son bien grandes, estamos hablando de muchos metros”, explicó.
Saadé señaló que la nueva definición, al basarse en temporales ordinarios no ciclónicos, podría reducir significativamente las áreas consideradas como de dominio público.
“Habla de temporales ordinarios no ciclónicos. El proyecto no define eso bien y eso es uno de los asuntos que hay que examinar, pero lo que quiere decir es que antes donde decía ‘tormentas’, ahora son ciclones o temporales ordinarios, no ciclónicos. Eso quiere decir que la penetración del mar va a ser mucho menor y, por ende, las zonas públicas o las zonas de protección de bienes públicos va a ser menor”, advirtió.
Además, subrayó la importancia de fortalecer los bienes costeros en tiempos de desafíos como el cambio climático y el aumento del nivel del mar, en lugar de debilitarlos.
“Cuando llegue el momento de definir, entonces que haya que hacer los deslindes, entonces vamos a tener el trasfondo de esas dos definiciones, de esas dos restricciones. Así que esas son dos de los problemas iniciales, pero puede haber más. [...] En estos momentos de retos de cambio climático y subida del nivel del mar, deben fortalecerse los bienes costeros, no debilitarlos”.
Por su parte, Molina denunció la medida a través de una publicación por las redes sociales catalogandola como una amenaza directa contra las playas del país.
“Presidente de la Cámara trae proyecto para ajustar la Ley de Puertos al crimen ambiental y legalizarlo. Esto es corrupción y un plan orquestado, donde te van a robar las playas y van a legalizar la ilegalidad”, sostuvo Molina.
Molina, criticó la administración actual añadiendo en sus declaraciones que “se han preparado para combatir el plan educativo que trabajamos por años, cambiando la Ley a su conveniencia y no lo vamos a permitir. Ahora es la Zona Marítimo Terrestre según Johnny Méndez”.
El proyecto detalló que la definición histórica de la ZMT, vigente desde el siglo XIX y basada en leyes españolas, no responde a las exigencias actuales de conservación ambiental. Sin embargo, la propuesta subrayó que “el citado Reglamento 4860 establece claramente en su Artículo 17 que el mismo: ‘…no podrá ser interpretado en forma y manera que perjudique o menoscabe derechos propietarios’”.
El proyecto de ley fue radicado el 2 de enero de 2025, el mismo día de la inauguración de la ahora gobernadora Jenniffer González Colón y siete días antes de que el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez ordenara el archivo de casos relacionados con las construcciones ilegales en La Parguera.
