El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, radicó un proyecto de ley que enmendaría la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) establecida en la Ley de Muelles y Puertos de 1968. La propuesta del líder cameral incluye una protección a los bienes de “dominio particular”.
Según el Proyecto de la Cámara 0025, la nueva definición busca modernizar el concepto y “atemperar” su aplicación a las realidades contemporáneas. Propone establecer la ZMT como un bien común de dominio público, permitiendo únicamente el disfrute público no comercial de la llamada “playa seca”. Además, designa una franja de 20 metros para emergencias y otra de 6 metros para vigilancia.
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El texto del proyecto redefinió la ZMT como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensibles”.
Asimismo, se aclaró que en la “tierra adentro de la zona marítimo terrestre comienzan los bienes de dominio particular” y que este espacio quedará gravado por servidumbres públicas de salvamento y vigilancia.
El abogado ambiental Pedro Saadé expresó preocupación ante el proyecto, indicando que busca debilitar la protección de la ZMT.
“Con una mirada inicial, este proyecto va dirigido a debilitar la protección de los bienes de dominio público de la costa porque retiene un concepto que es un anacronismo en Puerto Rico, que es la de las mareas sensibles. Eso es un concepto que viene de legislación del siglo 19 de España, donde los cambios de marea son bien grandes, estamos hablando de muchos metros”, explicó.
Saadé señaló que la nueva definición, al basarse en temporales ordinarios no ciclónicos, podría reducir significativamente las áreas consideradas como de dominio público.
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“Habla de temporales ordinarios no ciclónicos. El proyecto no define eso bien y eso es uno de los asuntos que hay que examinar, pero lo que quiere decir es que antes donde decía ‘tormentas’, ahora son ciclones o temporales ordinarios, no ciclónicos. Eso quiere decir que la penetración del mar va a ser mucho menor y, por ende, las zonas públicas o las zonas de protección de bienes públicos va a ser menor”, advirtió.
Además, subrayó la importancia de fortalecer los bienes costeros en tiempos de desafíos como el cambio climático y el aumento del nivel del mar, en lugar de debilitarlos.
Además, subrayó la importancia de fortalecer los bienes costeros en tiempos de desafíos como el cambio climático y el aumento del nivel del mar, en lugar de debilitarlos.
“Cuando llegue el momento de definir, entonces que haya que hacer los deslindes, entonces vamos a tener el trasfondo de esas dos definiciones, de esas dos restricciones. Así que esas son dos de los problemas iniciales, pero puede haber más. [...] En estos momentos de retos de cambio climático y subida del nivel del mar, deben fortalecerse los bienes costeros, no debilitarlos”.
Proyecto de la Cámara (PC0025) by fabianasofiadelpin on Scribd
Por su parte, el senador por acumulación Eliezer Molina denunció la medida a través de una publicación por las redes sociales catalogandola como una amenaza directa contra las playas del país.
“Presidente de la Cámara trae proyecto para ajustar la Ley de Puertos al crimen ambiental y legalizarlo. Esto es corrupción y un plan orquestado, donde te van a robar las playas y van a legalizar la ilegalidad”, sostuvo Molina.
Molina, criticó la administración actual añadiendo en sus declaraciones que “se han preparado para combatir el plan educativo que trabajamos por años, cambiando la Ley a su conveniencia y no lo vamos a permitir. Ahora es la Zona Marítimo Terrestre según Johnny Méndez”.
El proyecto detalló que la definición histórica de la ZMT, vigente desde el siglo XIX y basada en leyes españolas, no responde a las exigencias actuales de conservación ambiental. Sin embargo, la propuesta subrayó que “el citado Reglamento 4860 establece claramente en su Artículo 17 que el mismo: ‘…no podrá ser interpretado en forma y manera que perjudique o menoscabe derechos propietarios’”.
El proyecto de ley fue radicado el 2 de enero de 2025, el mismo día de la inauguración de la ahora gobernadora Jenniffer González Colón y siete días antes de que el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez ordenara el archivo de casos relacionados con las construcciones ilegales en La Parguera.
Radicarán querella
Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Fourquet Cordero y Edgardo Feliciano Sánchez, anunciaron este domingo que presentarán una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el designado secretario del DRNA Quiles Pérez, por la Orden Administrativa 2025-01, mediante la cual archivó las investigaciones en La Parguera.
“Estaremos presentando una solicitud de investigación formal ya que esta acción, realizada por el recién nominado, no solo plantea serias dudas sobre graves conflictos de interés, abuso descarado de poder y violaciones éticas evidentes, sino que además demuestra un desprecio alarmante por la protección de nuestros recursos naturales, sacrificándolos para obtener beneficios personales a familiares vinculados a la gobernadora Jenniffer González”, subrayó Fourquet Cordero en declaraciones escritas.
“Aquí estamos viendo un beneficio directo a familiares de la Gobernadora, lo cual plantea un uso descarado e indebido de influencia política para aprobar medidas que favorecen intereses personales por encima del bienestar colectivo”, añadió.
Por su parte, Feliciano Sánchez— quien presidió la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes— aseguró que la orden reduce la protección ambiental en áreas sensibles como los manglares de La Parguera, ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de Puerto Rico.
“Esta orden contradice la misión fundamental del DRNA de preservar los recursos naturales, priorizando intereses privados relacionados con los suegros de la gobernadora. Esto no es poca cosa, y debe ser investigado con carácter de urgencia”, sostuvo.
Los representantes populares señalaron que la aprobación de esta orden no responde a estudios rigurosos ni al interés público, sino que se enfoca exclusivamente en facilitar beneficios privados. Aseveraron que además ignora las advertencias de la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, quien se negó a firmar esta orden y alertó sobre sus implicaciones éticas y legales.
“La querella que estaremos presentando exige que la Oficina de Ética Gubernamental investigue posibles actos de corrupción, violaciones éticas evidentes, y evalúe los serios conflictos de interés que surgen de este caso. Además, se solicita determinar si hubo presiones políticas indebidas desde la Oficina de la Gobernadora para concretar esta decisión”, afirmaron los representantes de la Pava.
El pasado jueves, a solo horas de su nombramiento, Quiles Pérez firmó el documento que legaliza el mantenimiento y la reparación de propiedades que están dentro del agua. Además, ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a las investigaciones de la presunta construcción ilegal en la zona.
Más temprano, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, estableció que hubo intervención divina de “Papito Dios” tras la firma de Quiles Pérez a la orden. El DRNA investigaba la residencia de sus suegros porque supuestamente construyeron una terraza enclavada en la reserva natural, cortando mangle y rellenando el área, violando la reglamentación vigente. El caso se encontraba en revisión.
“La información que tengo es que se había preparado en la agencia, así que desconozco quién la preparó en la agencia o qué división, pero cuando se la llevó a la secretaria (Anaís Rodríguez), ella se negó a firmarla, pero se la prepararon sus propios empleados. Así que yo sé que la gente recibía instrucciones políticas en aquel momento. Papá Dios es tan justo, Papá Dios es tan bueno, que esa orden estuviera hecha allí por empleados de la agencia, y que la entonces secretaria se negara a firmarles es la mejor muestra de que esto tenía nombre y apellido”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
González Colón rechazó que la orden administrativa que la entonces secretaria del DRNA se negó a firmar fuera preparada por su equipo de transición.
“Es falso, total y se niega completamente. Ningún miembro de mi equipo de trabajo ha tenido tiempo para trabajar con órdenes administrativas en ninguna agencia de gobierno. Estamos en el proceso de nominación, miren dónde estamos. Así que, no. La diferencia es que esta ley administrativa alguien la redactó allí en el Departamento y se la pusieron a la pasada secretaria, ella no la quiso firmar por intereses políticos, pero estaba allí, y el secretario llegó como al igual que los otros secretarios, revisarán cuando lleguen, qué cosas están pendientes, porque hay muchas cosas que se quedaron en trámites. Y aquí el secretario lo que hizo fue pedir dónde estamos, qué hay, le llevaron esto, la firmó, y yo estoy a favor, estoy a favor de esta política pública, estuve a favor en el 2016, cuando voté a favor de un proyecto que proponía exactamente lo mismo. Así que, aquí el para mí no es quién la redactó, esa es la política pública, yo estoy a favor de esa política pública, y eso es lo que nosotros hablamos durante el proceso de campaña, así que aquí no hay nada nuevo que no sea la voluntad y la firmeza de atender las cosas, va a haber gente que está a favor, y va a haber gente que va a estar en contra, de esto se trata”, descató.
La gobernadora afirmó que las únicas personas en contra de la orden administrativa en el DRNA eran la exsecretaria y la licenciada Mildred Sotomayor, encargada de trabajar la querella contra los suegros radicada por el ahora senador, Eliezer Molina Pérez.
Mencionó que va a presentar un proyecto similar al que radicaron en el 2016 los senadores Antonio Fas Alzamora y Larry Seilhamer Rodríguez que fue vetado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla. González Colón afirmó que su política pública es el desarrollo turístico de La Parguera, al insistir que la zona tiene el potencial de ser “la Venecia del Caribe”.
“Voy a estar enviando legislación el mismo proyecto, no pretendo cambiarle nada, el mismo proyecto de ley que radicó el popular presidente del senado, Fas Zamora, y el entonces senador Larry Seilhamer, es el mismo proyecto que yo voy a enviar a la Asamblea Legislativa para que se revise y se discuta, porque creo que es propia la discusión de un tema como este, para que todo el mundo vea las implicaciones que tiene esto en términos de desarrollo económico, protección al ambiente, el asunto turístico, más allá de una orden administrativa. Y yo creo que eso va a dar suficiente espacio para que todo el mundo pueda manifestarse, todo el mundo pueda acudir a la Asamblea Legislativa, plantear por qué sí, por qué no, y que se discuta. Ese proyecto se aprobó en el 2016. Sin embargo, el gobernador García Padilla lo vetó porque no era parte de su política pública. Sí, es parte de mi política pública y estoy tomando como bueno el trabajo que ya se hizo bipartitamente en la legislatura en el 2016″, afirmó.
