La gobernadora Jenniffer González Colón nominó esta semana a los jueces Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez para llenar posiciones vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ante el anuncio, la presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR), Vivian Godineaux Villaronga expresó que la gobernadora tiene todo el poder para ejecutar estos nombramientos, aunque enfatizó que era necesario una evaluación más eficaz.
“La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo V, Sección 8, otorga a la Gobernadora la facultad de nombrar a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, sujeto al consejo y consentimiento del Senado. [...]el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico entiende que es importante evaluar a las personas que van a ocupar los puestos de jueces y juezas en Puerto Rico e implementar mecanismos para despolitizar el proceso de nombramientos judiciales”, dijo Godineaux Villaronga.
De hecho, conforme a Godineaux Villaronga, los procesos de nombramientos son usualmente consultados con el CAAPR, pero indicó que estos nombramientos no lo fueron.
“Los procesos de nombramientos deben ser transparentes y centrados en los méritos profesionales, el carácter ético y la trayectoria judicial de los candidatos. El Colegio es la institución idónea, pues tiene la experiencia y cuenta con una trayectoria imparcial y efectiva en el proceso”, continuó la presidenta.
Asimismo, Godineaux Villaronga añadió que “el gremio tiene mucho que decir” sobre la judicatura porque es la institución que representa a la abogacía en Puerto Rico. Hizo un llamado a priorizar métodos de evaluación que reduzcan la influencia de intereses partidistas en los nombramientos.
“Proponemos que se prioricen métodos de evaluación que reduzcan la posibilidad de que los intereses partidistas interfieran en un ámbito tan crucial como la administración de justicia, toda vez que se pone en riesgo la independencia judicial, principio fundamental para el mantenimiento del estado de derecho. La percepción pública de imparcialidad en la judicatura es esencial para preservar la confianza del pueblo en el sistema judicial”, declaró.
En su declaración, también subrayó que “la Comisión Especial sobre Nombramientos y Ascensos Judiciales del CAAPR ha atendido esta preocupación y presentó un informe que cuenta con un análisis comparativo riguroso y extenso del sistema de nombramientos judiciales en Europa, América Latina y Estados Unidos”.
El informe al que se hizo referencia propone la creación de una comisión compuesta por expertos legales, académicos y ciudadanos para seleccionar a los candidatos más cualificados, dejando al Ejecutivo la decisión final entre los recomendados.
“Este informe contiene conclusiones y recomendaciones que deben ser tomadas en consideración por el gobierno de Puerto Rico”, puntualizó Godineaux Villaronga.
Además, instó a que se consideren balances en términos de género, pericia y posiciones ideológicas al seleccionar candidatos para el Tribunal Supremo.
“Es fundamental que se consideren los balances necesarios en términos de género, pericia y posiciones ideológicas de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo, que es nuestro tribunal de mayor jerarquía, cuyas decisiones repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida y del futuro de nuestro país; y que las personas seleccionadas respondan a criterios jurídicos, éticos y sociales, y no a ideologías políticas”.
Finalmente, el CAAPR pidió participar en las vistas de confirmación y acceder a toda la información sobre los nominados.
“Desde el CAAPR solicitamos que se anuncie con suficiente antelación las vistas de confirmación y nos concedan un turno para participar en la evaluación de las personas nominadas. Para ello, es imperativo tener disponible toda la información posible del juez Raúl Candelario López y la jueza Camille Rivera Pérez. Se requiere información para poder evaluar el temperamento judicial, su prestigio dentro de la profesión jurídica, el historial de publicaciones, sus evaluaciones previas realizadas por el Tribunal Supremo para ocupar los puestos en la judicatura, entre otros aspectos, que nos puedan dar luz de su capacidad jurídica y visión del derecho”.
Godineaux Villaronga finalizó sus declaraciones indicando que “es el momento idóneo” para evaluar si es necesario tener un Tribunal Supremo compuesto por nueve jueces, o si mantenemos la composición de siete jueces, como era históricamente.
“Sobre todo, cuando tenemos un Tribunal de Apelaciones muy activo en la atención y resolución de controversias, y ha disminuido la tramitación de casos que llegan al Tribunal Supremo. Invitamos a la Gobernadora a mirar de manera crítica esta realidad”, concluyó Godineaux Villaronga.
Candelario López ha servido como juez superior desde 2019 y Rivera Pérez como jueza del Tribunal de Apelaciones desde 2022. Según la gobernadora, ambos cuentan con el respaldo de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y la Comisión de Evaluación Judicial.
