La organización Ayuda Legal Puerto Rico, entidad que defiende y promueve el apoderamiento legal, el derecho a la vivienda y la recuperación justa, lanzó su plan de trabajo para 2025, enfocado en fiscalizar las políticas promovidas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos y la gobernadora Jenniffer González debido a que representan “una amenaza directa” para derechos humanos fundamentales y la justicia climática.
“Los primeros actos de la administración Donald Trump, junto a la agenda legislativa presentada en Puerto Rico por el gobierno de Jenniffer González, demuestran que el conservadurismo tiene objetivos muy claros. Esos objetivos son personas ya marginadas - inmigrantes, mujeres, personas transexuales, y el medio ambiente. La integración de Iglesia-Estado, el ataque a derechos sexuales y reproductivos y a la comunidad LGBTTIQ+, la limitación de programas de asistencia pública, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y el sistema educativo en general, el menosprecio y el uso de influencias para explotar los recursos naturales y la falta de planes para atajar la crisis de vivienda y de falta de fiscalización de fondos, son amenazas concretas”, afirmó la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert.
Durante la presentación del nuevo plan de trabajo de la entidad, la abogada planteó que “mientras miramos el desarrollo de las nuevas administraciones aquí y allá, las organizaciones que defendemos derechos tenemos la obligación de responder y ampliar nuestro alcance”.
El plan de trabajo de Ayuda Legal se titula bajo el lema “Resistir, Insistir y Avanzar”, y busca consolidar programas como Recuperación Justa, Alquileres Dignos y Derecho a tu Casa, que han acompañado a más de 35,000 familias directamente.
“Tenemos la capacidad y una metodología aprobada para hacer frente, y por eso la consigna es resistir, insistir y avanzar en el tema de derechos”, destacó Godreau.
La conferencia también sirvió para anunciar la creación de una nueva división enfocada en la defensa de organizaciones que promueven los derechos humanos. Según la abogada comunitaria de la organización Verónica González Rodríguez, “esta división ofrecerá apoyo técnico, operacional y legal para que estas entidades puedan cabildear y abogar sin miedo a represalias”.
Asimismo, anunciaron que presentarán cuatro propuestas legislativas en temas como la erradicación del discrimen en la vivienda contra sobrevivientes de violencia doméstica, una moratoria de desalojos en casos de desastres, y licencias de cuido para personas trabajadoras. Conforme al comunicado, las medidas van encaminadas a la erradicación del discrimen en la vivienda contra sobrevivientes de violencia doméstica, a una moratoria de desalojos ante declaraciones de desastres, el establecimiento de licencias de cuido para personas trabajadoras y protecciones contra el discrimen por fuente de ingreso que sufren las familias con vales del programa R3 y que son rechazados al momento de comprar un hogar.
La organización también reveló que estará monitoreando y publicando información sobre actividad legislativa y ejecutiva relevante a través de su plataforma ayudalegalpr.org, y que hará pública desde sus plataformas sociales, comenzando este viernes 24 de enero.
“Entendemos el temor de las personas a las que acompañamos, desde inmigrantes que se cuestionan si serán sacadas de sus hogares hasta familias que no saben cómo podrán costear el techo de sus familias. Nos toca resistir, insistir y avanzar, no hay de otra.[...] A estas administraciones hay que tomarlas como a los agresores y creerles que van a hacer lo que dicen que van a hacer”, subrayó Godreau Aubert.
Sobre la Zona Marítimo Terrestre
Otro tema que surgió durante la conferencia fue el Proyecto de la Cámara 0025 radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos”Johnny” Méndez, y que enmendaría la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) establecida en la Ley de Muelles y Puertos de 1968. La propuesta del líder cameral incluye una protección a los bienes de “dominio particular”.
“La propuesta de cambiar la definición de zona marítimo-terrestre realmente lo que hace es reducir los espacios de bienes de dominio público”, afirmó González Rodríguez, quien también funge como especialista en derecho ambiental.
Según explicó, estas medidas ignoran las recomendaciones de científicos especializados en cambio climático y geomorfología costera.
“Por el contrario, necesitamos reclamar más espacios públicos y alejar más las construcciones de la costa porque eso pone en riesgo esos edificios [...] Este proyecto es como si el cambio climático no existiera. Estamos en un retroceso que podría haber sido escrito en 1866 cuando se redactó la ley de muebles y puertos originales”, concluyó González Rodríguez.
