La medida presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón, que busca legalizar las casetas en terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, ha generado diversas opiniones en torno a su impacto ambiental y administrativo.
Según el gobierno, los ingresos generados por el cobro del uso de la superficie se destinarían al beneficio del medio ambiente y la comunidad local. Sin embargo, expertos señalan desafíos en la implementación del plan y posibles consecuencias ambientales.
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El Dr. Ruperto Chaparro y el Dr. René Esteves, especialistas en manejo ambiental, plantearon reservas sobre la propuesta. Según Esteves, aunque la construcción inicial de las casetas impactó negativamente al ecosistema del manglar, el sistema ha alcanzado una nueva estabilidad tras décadas de adaptación. Remover las estructuras ahora, dijo, podría causar un daño mayor y tardar años en recuperarse.
“El costo ambiental de sacar las casetas puede superar los beneficios esperados, por lo que es crucial evaluar cuidadosamente el costo-beneficio”, afirmó.
Sin embargo, recalcó que arreglar, o expandir las casetas de la zona pueden crear el mismo tipo de impacto que sucedió una vez fueron construidas.
Chaparro, quien es Director del Programa Sea Grant en Puerto Rico, mencionó el impacto ambiental relacionado con el uso del salitral, que actualmente es empleado como área de estacionamiento en La Parguera. Señaló que este espacio ha sido rellenado y utilizado por vehículos, lo cual genera efectos negativos en el medio ambiente. Además, destacó que se han colocado zafacones y otras infraestructuras relacionadas con las casetas, lo que también contribuye al impacto negativo en la zona.
Además, destacó que cualquier renta aplicada a las casetas debe ser proporcional al valor de estas, que alcanza hasta $600,000 por estructura, y enfatizó la importancia de garantizar que los fondos se reinviertán en la conservación del área. “Esos ingresos no deben ir a Hacienda o a la Junta de Control Fiscal, sino directamente al manejo de la reserva”, subrayó.
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Chaparro propuso que el manejo de los fondos se realice a través de una organización coordinada con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, asegurando un enfoque sostenible y transparente.
Esteves destacó que la crisis económica del gobierno ha dejado sin recursos a áreas costeras y reservas marinas de alto valor ecológico. “La discusión debe centrarse en cuánto se cobrará por las casetas y en garantizar que los fondos beneficien directamente a estas áreas olvidadas”, afirmó.
Debate sobre manejo de fondos y transparencia
La propuesta surge en un contexto de controversia, ya que la gobernadora presentó el proyecto días después de que el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, firmara una orden administrativa para archivar casos relacionados con las casetas, incluidas las propiedades de los suegros de González Colón. Este cambio ha levantado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y el manejo adecuado de los fondos.
Chaparro y Esteves también llamaron la atención sobre la falta de estructuras legales claras para garantizar que los fondos generados por la renta beneficien directamente a la reserva.
Según Esteves, “sin mecanismos que aseguren la reinversión en el manejo ambiental, existe el riesgo de que los recursos sean desviados a otros usos, dejando a La Parguera en la misma situación de abandono”.
Además, los expertos señalaron que la discusión no debe limitarse a las casetas en La Parguera, sino extenderse a otras construcciones ubicadas en bienes de dominio público a lo largo del litoral de Puerto Rico.
“Es fundamental adoptar un enfoque integral que contemple la conservación y el uso sostenible de todas las áreas costeras”, comentó Chaparro.
