La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, envió sus primeros tres proyectos de administración a la legislatura, entre los que se encuentra una medida relacionada a las controversiales residencias ubicadas en la zona de La Parguera en el municipio de Lajas, donde sus suegros tienen propiedades.
Según un comunicado enviado por La Fortaleza, la medida busca establecer el cobro por el uso de terrenos y aguas de dominio público y que el cobro de la renta sea para “beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera”.
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“La medida busca armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente, a la vez que establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público, asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera”, lee la comunicación.
Además, se asegura que la medida “busca eliminar el limbo jurídico sobre las estructuras y residencias existentes en La Parguera, armonizándolas con la conservación del medio ambiente”.
En la medida a la que Metro Puerto Rico, tuvo acceso, se indica que luego de 60 días de se convertida en Ley, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ordene a los propietarios, que presenten certificaciones juramentadas por un ingeniero o agrimensor sobre la huella existente de las residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero en terrenos de dominio público y las aguas del poblado de La Parguera.
Del mismo modo, ordena a la agencia gubernamental a otorgar licencias para el uso de la superficie por 40 años y cobrar cánones por el uso de la superficie a las estructuras, residencias y muelles en terrenos de dominio público.
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La medida enviada por la primera mandataria surge en medio de la controversia generada por la orden administrativa firmada por el secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles, en tan solo su primer día en la posición y que entre otras cosas, buscar el archivo de los casos relacionados a las residencias en La Parguera, incluyendo las propiedades de los suegros de González Colón.
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El martes, luego de la comisión total en el Senado, donde se interrogó a Quiles sobre su determinación, este enmendó el inciso “f” de la orden administrativa, para suavizar el lenguaje donde se ordena el archivo de los casos.
Ahora, en la orden se indica que son los oficiales examinadores quienes deben evaluar el archivo de los casos.
“Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos que, luego de los trámites de rigor y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en las Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas de la Junta de Calidad Ambiental, evalúe la aplicabilidad de las disposiciones de la presente Orden Administrativa a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y, de entenderlo procedente, ordene el archivo de los casos relacionados con las disposiciones establecidas en la presente Orden Administrativa por convertirse en académicas”, lee la orden enmendada.
Durante el interrogatorio en el Senado, el funcionario que la orden administrativa 2025-001 le da la facultad a los oficiales examinadores de determinar si los casos pendientes sobre La Parguera en Lajas, se archivan o continúan.
