Miles de muertes registradas por sobredosis del opioide sintético fentanilo en los últimos cuatro años pudieron haber sido evitadas si hubiese mayor acceso a medicamentos de prevención y mejor implementación de política pública que las dispone, asegura un consejero profesional de trastorno de uso de sustancias.
El licenciado Christian Romero Ramos afirmó que la buprenorfina, medicamento utilizado para atender el trastorno a largo plazo, debe ser administrada en salas de emergencia por virtud de la orden administrativa 577, pero algunas no cumplen con lo dispuesto en el protocolo.
PUBLICIDAD
“El reto es conseguir tratamiento para recibir al momento. No todas las salas de emergencia cumplen con el protocolo [de la orden administrativa] y no todos los [médicos] primarios prescriben el tratamiento de buprenorfina”, denunció.
Cualquier médico licenciado por la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) puede prescribir la buprenorfina, pero persisten “asuntos de estigma” de la condición y, según Romero Ramos, algunos primarios no lo atienden o tratan el trastorno como diabetes u otra enfermedad.
“Hay que revertir la pirámide de cómo se atiende el consumo de sustancias”, subrayó.
Por su parte, el doctor en consejería psicológica Javier Cancel Guerra, también especializado en uso de sustancias, apuntó al adiestramiento de ciudadanos a identificar un evento de sobredosis y de la administración adecuada de naloxona, la medicina que revierte el efecto mortal a causa de opioides que afectan el sistema respiratorio.
“No se limita a quien trabaja con salud mental, sino a los primeros respondedores, la policía, bomberos y maestros. Nadie está exento de atender”, detalló.
PUBLICIDAD
Pero también hace falta más accesibilidad a la medicina, conocida por su nombre de marca Narcan. Según Cancel Guerra, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) la provee de manera gratuita, e instó a “saturar” hot spots —donde mayormente ocurren las sobredosis— con el medicamento.
“Lo bueno es que es seguro”, dijo sobre Narcan, disponible como aerosol nasal. “Va a transistores que controlan respiración y sustituyen los opioides con medicamento, y vuelve a respirar”, explicó, aunque hizo la salvedad de que si no es un opioide lo que ocasiona la sobredosis, el medicamento no funciona.
Similar a la sugerencia de Cancel Guerra del medicamento en la calle, Romero Ramos sugirió la integración del concepto street medicine, en el que los médicos se trasladan hacia las personas sin hogar, una población altamente vulnerable al uso de sustancias, para brindar atención médica primaria o preventiva.
La implementación se complica al no haber mecanismos de facturación para el médico. El consejero licenciado mencionó que el código POS 27 de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), dirigido a cubrir servicios de prevención a la población sin hogar en un espacio no fijo, no ha sido integrado por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico ni las aseguradoras privadas. Los médicos u organizaciones de salud, entonces, no pueden cobrar por el servicio, porque no hay contrato.
“Cuando buscamos trabajar desde equidad, debemos desarrollar políticas públicas que den ventaja competitiva a quien interviene con estas poblaciones. El modelo de negocio y las relaciones contractuales deben dar ventaja para que [se] puedan desarrollar intervenciones costo efectivas para que sean sustentables para esas poblaciones. El tercer sector comunitario hace iniciativas increíbles, pero no tienen contrato, no hay código”, señaló.
Visibilizó que, en ocasiones, pacientes sin hogar tampoco reciben cuidado médico porque la aseguradora los mantiene ligados a su clínica o médico asignado, por lo que no se le permite acudir servicios por otro proveedor. Propuso, entonces, una red virtual para personas sin hogar, similar a niños custodiados por el Departamento de la Familia o mujeres sobrevivientes de violencia de género.
Otra sugerencia, de cara a la nueva administración gubernamental, es un “junte interagencial” para atender las barreras del estado, de acuerdo con las necesidades de las comunidades que enfrentan estos desafíos.
Opinó que la expansión de Narcan, aunque necesaria, no resuelve el asunto completo, por lo que llamó a un cambio estructural para atender estas poblaciones vulnerables sin estrategias aisladas entre las dependencias salubristas.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
