La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicaron este jueves una resolución para que se investigue la carta normativa emitida por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, sobre la posible paralización de 64 programas en los recintos universitarios.
Se trata de la Resolución de la Cámara 75— presentada por Domingo Torres García, Swanny Enit Vargas y Ramón Torres Cruz— que ordena a la Comisión de Educación cameral a realizar una investigación exhaustiva para evaluar el alcance y las implicaciones de la propuesta, analizar las razones detrás de la baja matrícula en los programas afectados, estudiar las posibles consecuencias sociales, económicas y académicas de eliminar programas únicos en la Isla, y buscar alternativas que garanticen la continuidad de estos programas sin comprometer la sostenibilidad de la UPR.
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En conferencia de prensa, los legisladores coincidieron en que el primer centro docente del país no debe medirse en “términos meramente fiscales”.
Torres García expresó lo siguiente: “Es nuestro deber proteger su rol y evitar que decisiones apresuradas limiten el acceso de los estudiantes a programas únicos y necesarios para el progreso de Puerto Rico”.
Por su parte, Vargas afirmó que le preocupa el cierre de seis programas de agricultura en el recinto de Mayagüez y cuatro en Utuado.
“La seguridad alimentaria del país depende de tener personas preparadas en este campo, el cierre de un programa como horticultura sería perjudicial para próximas generaciones. No permitiremos que su futuro se vea comprometido por medidas improvisadas que no atienden el problema de fondo”, añadió la representante.
Mientras, Torres Cruz destacó la importancia de esta investigación.
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“La UPR, por años, ha estado a la vanguardia siendo la primera institución del país, encargada de formar a miles de puertorriqueños en diversas disciplinas académicas. Esta decisión podría representar un duro golpe a la institución y provocar que dejemos de conocer a la universidad como la conocemos hoy”, sentenció el también excomisionado electoral del PPD.
La carta normativa R-2425-17, emitida el pasado 13 de enero, establece la interrupción de admisiones para programas académicos con menos de 10 estudiantes matriculados por cohorte durante tres años consecutivos.
“Nos reafirmamos en nuestro compromiso con la defensa de la Universidad de Puerto Rico como motor de desarrollo social y académico del país, por lo que aseguraremos que el país conozca las decisiones improvisadas que esta administración está tomando, afectando el acceso de los estudiantes a una educación de calidad”, indicaron los legisladores.
Ayer, miércoles, el presidente de la UPR se reunió por más de dos horas con los líderes estudiantiles de los 11 recintos, en la Administración Central ubicada en el Jardín Botánico de la UPR en San Juan, pero no llegaron a un acuerdo.
Ferrao Delgado decidió continuar con la orden de que los rectores entreguen mañana, viernes, un informe sobre los cursos que por tres años consecutivos hayan matriculado 10 o menos estudiantes de nuevo ingreso.
Tras su salida de la reunión, Ferrao Delgado se dirigió a la prensa: “Por lo menos, ellos (los líderes estudiantiles) entienden que hay un problema demográfico, de baja matrícula y conocen el asunto fiscal en el que estamos. Ellos me va a hacer llegar unas sugerencias, (pero) los rectores van a someter el informe el viernes de lo que se les pidió y lo compartirán con ellos”.
Una segunda reunión fue pautada para el próximo martes, donde buscarán llegar a un consenso que beneficie a toda la comunidad universitaria.
La controversia surgió después que los representantes estudiantiles subgraduados y graduados ante la Junta de Gobierno reclamaron que la decisión no se consultó con la comunidad ni el cuerpo.
De aplicarse la llamada “moratoria”, comenzará a partir de agosto 2026. Los estudiantes interesados en programas suspendidos serán redirigidos a otras unidades donde esas disciplinas tengan una mayor demanda.
