Luego que trascendiera una auditoría interna de la Administración Central (AC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con fecha de diciembre del 2024 que concluye que el presidente de la institución académica no siguió los procesos establecidos para el traslado de cuatro empleados a su oficina, el funcionario afirmó que sí estaba autorizado por una opinión legal interna.
“El pasado mes de julio consulté las solicitudes de traslado con la oficina de Asuntos Legales y con la directora de Recursos Humanos. La opinión legal por escrito refleja que las solicitudes están amparadas en el reglamento general de la UPR y son cónsonas con el artículo 84. A solicitud de cada empleado, por movilidad del funcionario o por que reflejen un beneficio para institución. Todas las solicitudes tienen el visto bueno de cada rector y se les autorizó a reclutar en las plazas vacantes para no afectar la continuidad de los servicios”, planteó Ferrao en declaraciones escritas enviadas a Metro Puerto Rico.
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Así mismo acompañó con sus declaraciones la opinión legal firmada por Edith González Millán el pasado 30 de julio del 2024.
Sin embargo, una auditoría interna de la misma AC concluyó en diciembre lo contrario a la opinión legal con la que contó el presidente para hacer as transacciones de personal en tiempo de veda electoral.
Los auditores concluyeron que el presidente realizó cuatro traslados para su equipo de confianza que fueron deficientes en su solicitud y justificación, que no contaban con las asignaciones presupuestarias requeridas, ni tenían la evaluación y recomendación de la Oficina de Recursos Humanos de la AC.
La auditoría surge por preocupaciones planteadas previamente en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR sobre traslados de personal a la AC. Específicamente se analizan traslados realizados para ocupar las posiciones de director ejecutivo de la Oficina del presidente, director de Presupuesto de la AC, administradora de proyectos y conductor del presidente.
“Nuestra evaluación del proceso de traslados para estos puestos reflejó incumplimiento con la reglamentación aplicable. La reglamentación requiere que los traslados dentro del sistema universitario se realicen a base de un sistema de mérito con criterios objetivos, y enfatiza que deben estar enfocados en las necesidades de la institución. En ninguno de los casos se justificó la necesidad institucional, las tareas a realizar, ni se especificaron las oficinas en las que se ubicarían los empleados de los puestos trasladados. Esto, a pesar de que la reglamentación establece que, de requerirlo así los intereses universitarios, el traslado se podrá hacer de un puesto a otro en la misma clase o en otra clase similar para la cual se haya asignado una retribución”, detalla el documento.
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Prueba 001 by AiolaV
Se concluye que el presidente de la UPR aprobó los traslados sin solicitar asesoría a la Oficina de Recursos Humanos de la AC y que cuando esta oficina supo de las transacciones de personal, le advirtió a Ferrao que las comunicaciones emitidas por los rectores carecían de información necesaria y relevante para proceder con el trámite. Además, se señala que no existía evidencia de haber consultado con la autoridad nominadora de la unidad de origen antes de autorizar los traslados. “El presidente de la UPR notificó luego a los rectores sobre su determinación”, se detalla en la auditoría.
Sin embargo, la presidencia de la UPR aseguró a Metro Puerto Rico que cuentan con cartas de los rectores de las unidades impactadas en las que dieron el visto bueno a los traslados.
La Junta de Gobierno de la UPR tiene reunión pautada para la próxima semana.
