Las recientes redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Puerto Rico están generando un clima de incertidumbre que podría tener consecuencias devastadoras para la economía local. De igual forma, la reciente orden de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca para congelar toda asistencia financiera federal ha suscitado preocupaciones sobre el impacto que esta medida tendrá en la economía de Puerto Rico.
El economista Juan Lara, experto en temas macroeconómicos, destacó las implicaciones económicas de ambas situaciones. Según Lara, estas circunstancias tienen el potencial de generar un impacto significativo en la economía local, ya afectada por problemas estructurales como el decrecimiento poblacional y el envejecimiento de la población.
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Lara enfatizó que la economía puertorriqueña depende de manera notable de la fuerza laboral inmigrante, particularmente en sectores como la construcción y los servicios. En este contexto, explicó que la reducción de la población trabajadora, ya sea por la migración de residentes a otros lugares o por la deportación de inmigrantes, agrava la escasez de recursos humanos que las empresas enfrentan desde hace años.
“Hace un tiempo vimos cómo empresas reportaban dificultades para conseguir empleados. Si se llevan a cabo operativos que reduzcan aún más la fuerza laboral, el mercado experimentará una escasez que elevará los costos y, posiblemente, los niveles de inflación”, explicó.
En cuanto a las redadas recientes, Lara indicó que la intimidación hacia las comunidades inmigrantes impacta no solo en su participación laboral, sino también en su acceso a servicios básicos como la educación. Según su análisis, esto podría derivar en una contracción de la actividad económica en sectores donde la presencia inmigrante es clave. Recomendó que el gobierno de Puerto Rico gestione la situación exigiendo a las agencias federales un manejo más responsable y planificado de las leyes migratorias, para evitar decisiones arbitrarias que puedan intimidar a una población vulnerable.
Por otro lado, el economista abordó la congelación de fondos federales, calificándola como una situación preocupante con el potencial de agravar la frágil recuperación económica del país. En la mañana del martes la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca ordenó la suspensión temporal de asistencia financiera federal, excepto para programas como Seguro Social, Medicare y cupones de alimentos. Esto podría afectar fondos para reconstrucción, proyectos comunitarios y subvenciones estatales, incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico, que aún debe ser revisado para su exclusión.
El memorando emitido por la OMB indica que la suspensión de fondos no incluye asistencia “directamente proporcionada a personas”, pero no especifica qué pagos serán detenidos. Esto ha llevado a inquietudes sobre el futuro de programas esenciales, incluidos los fondos destinados a la reconstrucción tras el huracán María y las ayudas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
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El economista explicó que la interrupción de estos recursos podría provocar una paralización en los proyectos de reconstrucción en marcha, especialmente aquellos relacionados con el proceso de recuperación tras los desastres naturales que han afectado a la isla en los últimos años.
“Si esta medida se prolonga por varias semanas, el impacto económico será manejable. Sin embargo, si la paralización se extiende por meses, podríamos pasar de un leve crecimiento económico a un escenario de contracción”, puntualizó Lara. Además, indicó que esta situación afectará particularmente a los sectores vinculados a la infraestructura, ya que muchos proyectos dependen de la continuidad en la asignación de fondos federales.
En este contexto, Lara recomendó al gobierno local aprovechar los recursos disponibles y movilizar proyectos que ya cuentan con financiamiento para mitigar los efectos de esta interrupción. Sin embargo, advirtió que estas medidas podrían ser insuficientes si el estancamiento de los fondos se extiende en el tiempo, lo que llevaría a un daño más profundo en la economía.
Lara concluyó que tanto el manejo de las políticas migratorias como la gestión de los fondos federales requieren una coordinación efectiva entre el gobierno local y las agencias federales. Sin acciones inmediatas, Puerto Rico enfrentará retos significativos que podrían afectar el crecimiento económico y la estabilidad de varios sectores esenciales.
