El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Ferrao, anunció esta noche que la reunión de la Junta Universitaria pautada para mañana, miércoles, será reprogramada para el miércoles, 5 de febrero de 2025.
“Dado el volumen y la complejidad del documento, es mi deber como presidente facilitar que todos los miembros de la Junta Universitaria tengan el tiempo necesario para revisarlo con profundidad. Esto permitirá que podamos llegar a acuerdos concretos y bien fundamentados como grupo de trabajo, asegurando una discusión más productiva y constructiva”, dijo el presidente de la UPR.
Por su parte, la Junta Universitaria insistió en mantener la fecha original de la reunión y catalogó como “irresponsable” reprogramarla “en tan poco tiempo”.
“Nos sentimos indignados ante esta decisión irresponsable de recalendarización en tan poco tiempo, por lo cual nos reafirmamos en nuestra petición de que la reunión extraordinaria sea celebrada mañana, miércoles 29 de enero. El sector estudiantil y claustral se sienten listos para discutir y dialogar sobre los temas en agenda en beneficio de la comunidad universitaria”, lee el comunicado.
En el día de ayer, la representación claustral en la Junta Universitaria de la UPR anunció que retiraron su confianza sobre el presidente por su manejo “unilateral” sobre los programas académicos del sistema de educación superior.
“Lamentamos el estilo de gobernanza unilateral del Dr. Luis A. Ferrao Delgado y, dada la manera en que se han manejado estas iniciativas, le retiramos la confianza en su capacidad de presidente de la Universidad de Puerto Rico”, expresaron en declaraciones escritas al inicio de una semana en la que habrán reuniones importantes en la UPR. El miércoles se reúne la Junta Universitaria y el jueves se reúne la Junta de Gobierno de la UPR.
En la comunicación que hicieron pública, los profesores explicaron que aunque se anunció que la propuesta de suspender las admisiones en 64 programas académicos, a través del llamado Seriado R-2425-7, quedaba sin efecto, puntualizarían los efectos adversos que esta iniciativa habría tenido. Plantearon que es una propuesta que puede resurgir.
“La cancelación de las admisiones en programas con menor matrícula significaría una reducción de oportunidades educativas en diversas regiones del país. La UPR tiene la responsabilidad de responder a las necesidades sociales, económicas y culturales de Puerto Rico; por lo tanto, limitar la entrada de nuevos estudiantes a estos programas restringiría las opciones de estudio y la preparación de profesionales en áreas especializadas, muchas de ellas únicas dentro del sistema universitario. De la misma manera, una oferta académica limitada conlleva un impacto negativo en la calidad educativa, pues menos programas y menos estudiantes podrían disminuir la diversidad de oportunidades de investigación, debilitando la competitividad de la UPR a nivel nacional e internacional. El cierre o la moratoria de programas también implicaría un riesgo para acreditaciones especializadas y para subvenciones o propuestas federales asociadas a dichas áreas de estudio, lo cual afectaría directamente el prestigio y los recursos de la institución”, plantearon por escrito.
También apuntaron al efecto que las medidas tendrían en el ámbito laboral y económico.
“Al reducir la oferta de programas sin un análisis exhaustivo ni un proceso de diálogo, se podría propiciar la pérdida de puestos de trabajo para la facultad y el personal no docente, afectando la estabilidad económica de muchas familias en todo Puerto Rico. Peor aún, un eventual retiro masivo de profesores y empleados administrativos impactaría el fideicomiso universitario y mermaría la capacidad de la UPR para seguir cumpliendo con su misión de educación e investigación”, señalaron.
Así mismo, acusaron una falta de diálogo en el proceso. Los profesores destacaron que no se consultó a los Senados Académicos, a la propia Junta Universitaria ni a otros sectores fundamentales de la comunidad universitaria, lo que calificaron como un modelo de gobernanza unilateral.
“La participación democrática es esencial para asegurar que las decisiones sobre la oferta académica atiendan las prioridades de la Universidad y las necesidades de la sociedad puertorriqueña”, puntualizaron.
A juicio de los profesores de la UPR, se deben buscar alternativas viables para fortalecer la matrícula y garantizar los recursos económicos necesarios para preservar la variedad de programas que atienden las demandas sociales, culturales y económicas de Puerto Rico.
