La unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME (SPUPR-AFSCME) radicó el miércoles una demanda en el Tribunal Federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por supuestamente incumplir el acuerdo de bonificación anual basado en el superávit, reduciendo el pago pactado de 17,000 dólares a 2,000 dólares por miembro.
“SPU cumplió con su responsabilidad de negociar con la Junta Fiscal un acuerdo para proteger los derechos y beneficios de nuestros miembros como acreedores del gobierno. Y ese acuerdo nosotros lo vamos a defender. El exceso en el año que inició el 1 de julio de 2023 y culminó el 30 de junio de 2024 fue de más de 2 billones de dólares. Y al utilizar el método establecido en el acuerdo, que fue avalado por la Junta, el Tribunal y por SPUPR-AFSCME, el pago que se debió recibir en diciembre era de 17,000 dólares aproximadamente y no de 2,000 dólares”, expresó Jessica Martínez Santos, presidenta de SPUPR, en declaraciones escritas.
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La demanda señala que, en el acuerdo negociado en el Plan de Ajuste aprobado en 2018, se estableció que la bonificación se determinaría con base en el superávit fiscal anual, utilizando un método contable que considera exclusivamente el flujo de caja real. SPUPR alega que la JCF alteró la contabilidad en 2024 para evitar un pago mayor.
Martínez Santos recordó que en 2022 la bonificación para los miembros de la unión fue de 11,360 dólares y para los no miembros de 2,954 dólares. En 2023, la bonificación fue de 2,000 dólares para todos los trabajadores. En este tercer año, la unión reclama la diferencia de 15,000 dólares por trabajador ante la negativa de la JCF a discutir el asunto.
“Nosotros no vamos a permitir que la Junta de Control Fiscal pisotee los derechos de los trabajadores. Ya el Plan de Clasificación del Gobierno lo hizo, fue una burla a la labor que cada uno realiza en el Gobierno. Esta bonificación es el único alivio que ven nuestros miembros, que día a día dan la milla extra y se sacrifican en aras de cumplir con su vocación para garantizar los servicios básicos de nuestro país. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para hacer cumplir la ley”, añadió Martínez Santos.
La líder sindical reconoció que la disputa legal podría extenderse por meses o años, pero afirmó que esta lucha beneficiará no solo a los miembros de SPUPR, sino a todos los trabajadores del Gobierno central.
