El equipo de mediación designado en el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentó una moción ante la jueza Laura Taylor Swain en la que solicitó una extensión de la paralización de litigios hasta el 17 de marzo de 2025, así como la extensión de las labores del equipo de mediación hasta el 30 de abril de 2025.
La moción, firmada por la Honorable Shelley C. Chapman y el juez Brendan L. Shannon, busca tomar un espacio para fomentar acuerdos consensuales entre las partes involucradas y evitar que el caso termine en litigios.
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El equipo de mediación expresó su preocupación sobre la falta de un Plan Fiscal actualizado para la AEE, lo cual ha impedido “avances significativos” en la negociación de un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD-AEE). Por esta razón, el grupo informó que ya ha comenzado conversaciones preliminares con bonistas y otras partes interesadas, y que recientemente han integrado al equipo de mediación a la firma PJT Partners para facilitar las negociaciones.
“La mejor ruta es una resolución consensuada entre todas las partes que (a) evitaría más retrasos, (b) podría implementarse de forma relativamente rápida y (c) proporcionaría a la AEE las herramientas necesarias para abordar los problemas de fiabilidad del sistema eléctrico”, señaló la moción.
Para el estudioso de PROMESA, John Mudd, señaló que, aunque la jueza Swain suele apoyar iniciativas que promuevan acuerdos, la falta de un Plan Fiscal y la presión de los bonistas podrían complicar el panorama.
“Yo no creo que la Jueza vaya a negar esto, porque ella es clara que no quiere ver todo el litigio gigantesco que va a haber en este caso”, comentó Mudd.
Asimismo, según explicó, el equipo de mediación dejó claro que el litigio no es la vía preferida para resolver los conflictos.
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“Básicamente dijo que no ha habido progreso ninguno, pero que ellos van a traer a una entidad [...] porque piden el permiso adicional para ellos, que los va a ayudar a ellos en las transacciones, y que ellos creen que no es una buena idea el hacer más litigios, que es lo que la jueza también ha dicho. [...] Una vez se tenga el Plan Fiscal de la Autoridad, que todavía no lo hay, pues van a rápidamente reunirse con todo el mundo y resolver el asunto”, expresó Mudd.
El caso de la quiebra de la AEE está pautado para enfrentar la reanudación de los procesos judiciales en unas vistas informativas conocidas como Ómnibus Hearing, programadas para los días 5 y 6 de febrero de 2025.
Al acercarse el cierre de enero, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aún no ha presentado un nuevo Plan Fiscal ni un PAD-AEE.
El abogado Ronaldo Emanuelli destacó que la falta de un Plan Fiscal complica el panorama, debido a que un PAD-AEE no se puede estipular sin la existencia de un nuevo Plan Fiscal.
“El problema es que para que se someta un Plan de Ajuste, hay que tener un Plan Fiscal porque el Plan de Ajuste tiene que ser compatible con el Plan Fiscal. Así que la Junta está atrasada en ese proceso”, comentó el abogado.
Emanuelli agregó que la jueza Laura Taylor Swain tendrá que establecer un itinerario para resolver los múltiples aspectos pendientes, como deposiciones, descubrimientos de prueba y aprobación del Disclosure Statement. Según el abogado, la jueza podría optar por un proceso de diálogo para establecer el itinerario de litigación del Plan de Ajuste, o bien decidir sobre la moción de los bonistas para levantar la paralización automática, que permitiría a estos acudir al tribunal de primera instancia y nombrar un síndico, lo que alteraría significativamente el curso del caso.
“Son muchas etapas. Si la jueza le da paso a eso, es que le está dando permiso a la Junta de someter ese Plan de Ajuste. [...] Yo creo que la jueza ante el fracaso de la negociación va a tener que establecer un proceso de diálogo para el itinerario de litigación del Plan de Ajuste. Le tendrá que decir a la Junta cuándo ustedes van a someter un plan, cuándo están listos y entonces de ahí en adelante las partes se ponen de acuerdo para establecer el itinerario porque son muchas etapas. Sin embargo, por el otro lado, la jueza también puede ver, que es lo que está pendiente de intervención en diciembre, la moción de los bonistas para que se levante la paralización automática, que es la moción que permitiría que los bonistas vayan al tribunal de primera instancia, a nombrar un síndico, que cambiaría todo el proceso”, continuó el abogado.
Por su parte, la abogada y líder política del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Eva Prados, subrayó que los planes fiscales son esenciales para justificar cualquier ajuste a la deuda.
“Es un informe que presenta cuáles son sus proyecciones de ingresos, cuáles son esos gastos que se perciben que va a tener durante un periodo de tiempo. También se supone que este Plan Fiscal incluya lo que se le llama un análisis de sostenibilidad de la deuda”, comenzó Prados.
Sin embargo, Prados cuestionó si el pueblo de Puerto Rico realmente tiene la capacidad de asumir las cargas propuestas por los bonistas.
“Es muy sencillo, cuánto de verdad puede pagar el pueblo de Puerto Rico, que es la pregunta fundamental en este proceso de quiebra”, cuestionó.
En este contexto, los bonistas, quienes poseen el 60% de la deuda pública de la AEE, han intensificado su presión al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que incluya el pago de $8,500 millones como parte de la nueva tarifa eléctrica. Conforme a Emanuelli, esta petición fue rechazada “porque hasta que el tribunal no diga cuál es la cuantía, no se puede hacer un aumento por esa cantidad”.
Para ambos expertos, esta petición no era viable.
“Imagínate, serían 8,500 millones más los intereses. Eso significa poner la tarifa por encima de los 35 centavos por kWh, que eso no lo aguanta el país”, dijo Emanuelli.
Prados añadió que un aumento significativo en las tarifas podría tener efectos contraproducentes, indicando que “si aumentan la luz, ocurre que mucha gente cuando vean el aumento del costo de la luz, van a empezar a reducir su consumo”.
Los dos expertos coincidieron en que la litigación parece inevitable si no se logran acuerdos entre la JSF y los bonistas. Conforme al abogado, “el proceso del 5 de febrero va a ser decidir si hacemos uno o lo otro, o si hacemos las dos cosas a la vez”, refiriéndose a la presentación de un nuevo Plan de Ajuste o la litigación de los reclamos de los bonistas.
Prados, en cambio, destacó que “si bien los bonistas pueden hacer su propuesta de que se pague el 100% de su deuda, el solo aumentar la tarifa no significa que la Autoridad va a tener la capacidad para pagarle a ellos”.
“Los bonistas están haciendo presión por todos lados para que se les pague. Y yo creo que vamos a tener más detalles cuando la Junta radique el status report, que ellos radican uno o dos días antes de la vista, digamos ya el 2 o el 3, ellos radican ese documento y ahí van a explicar lo que se proponen hacer, o que se supone que lo expliquen”, continuó Emanuelli.
