El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, presentó un proyecto mediante el cual busca que se transfiera el Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC).
La medida busca derogar la Ley 89 del 21 de junio de 1955, que crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña y que lo hace “una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito será conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos”.
De igual forma, propone que se añada un inciso al Artículo 4 de la Ley 4 del 22 de junio del 1994, el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico, para que sea esta agencia la que se encargue del ICP.
“A los fines de transferir las funciones de conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles, los activo y funciones de custodias de arte que se encontraban bajo la custodia del Instituto de Cultura Puertorriqueña al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y para otros fines relacionados”, lee la descripción de la medida en el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA) de la Asamblea Legislativa.
La medida fue radicada por el presidente senatorial el pasado lunes, 27 de enero del 2025 y fue referida a la Comisiones de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales.
Según el portal web del ICP, este “tiene como misión investigar, conservar, promover y divulgar la cultura puertorriqueña en su diversidad y complejidad. Con la memoria y la promesa de la cultura, los distintos niveles, sectores, edades e intereses de la comunidad crean el conjunto de modos de vida, costumbres y manifestaciones artísticas que nos identifica como país. El ICP existe para preservar y divulgar estos saberes, difundir internacionalmente nuestro talento y enriquecer el amor a lo propio”.
El 20 de junio del 1955 la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto que crea el ICP como una corporación pública dedicada al estudio, conservación de la cultura nacional.
El proyecto fue una iniciativa del exgobernador Luis Muñoz Marín y radicado en la Cámara de Representantes, por el entonces presidente del cuerpo, Ernesto Ramos Antonini.
