MIAMI (AP) — Cuando el presidente Donald Trump congeló la asistencia extranjera por 90 días, argumentó que tal medida drástica era necesaria para eliminar el despilfarro y bloquear lo que él desprecia como gastos “woke” que no se alinean con los intereses estadounidenses.
Expertos indican que la suspensión tiene otra consecuencia mucho más grave: fortalecer a los autoritarios. Entre los miles de millones que Estados Unidos gasta anualmente en ayuda exterior —más que cualquier otra nación— se encuentran cientos de subvenciones para grupos de base dedicados a luchar por la democracia en países autoritarios alrededor del mundo.
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Entre los grupos que no recibirán financiación crítica se encuentra una organización que entrenó a trabajadores electorales para detectar fraude en la reciente votación presidencial de Venezuela, activistas pro-democracia en Cuba y China y un grupo de exiliados bielorrusos detrás de una campaña para impedir que el líder autoritario del país gane una elección fraudulenta.
“Cortar la financiación a estos esfuerzos esenciales envía la señal equivocada a las dictaduras y socava a los valientes individuos que luchan por la libertad”, indicó Thor Halvorssen, fundador de la Human Rights Foundation con sede en Nueva York, que no recibe financiación del gobierno de Estados Unidos. “Estas inversiones particulares no solo deberían ser restauradas —deberían ser priorizadas.”
El Congreso presupuestó al menos 690 millones de dólares en programas pro-democracia este año para contrarrestar el gobierno autoritario en ocho países considerados por expertos entre los menos libres del mundo: Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
Gran parte de la financiación pro-democracia se canaliza a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde cientos de empleados fueron despedidos en medio de intentos por parte del multimillonario Elon Musk de cerrar la agencia, que tiene décadas de antigüedad, como parte de su campaña para reducir gastos.
Trump, al anunciar la congelación de la ayuda en su primer día en el cargo, declaró que toda la asistencia extranjera sería evaluada en cuanto a si hace que Estados Unidos sea más seguro, fuerte y próspero.
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Para reformar USAID, está contando con Peter Marocco, un exmarine estadounidense y activista conservador de Dallas que trabajó brevemente para la agencia USAID durante la primera administración de Trump. Marocco no respondió a una solicitud de comentarios de AP y la Casa Blanca señaló los comentarios de Trump el lunes criticando a USAID como dirigida por “locos radicales de izquierda”.
Mientras que la financiación para algunos de los programas alineados con la política exterior de Trump podría reanudarse, los autoritarios en todo el mundo ya están celebrando y redoblando los ataques contra sus oponentes.
En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, principal ejecutor del aparato de seguridad del partido socialista gobernante, se jactó la semana pasada en la televisión estatal de que la ayuda canalizada por USAID a la oposición era una caja negra de corrupción que prometió investigar. El expresidente ruso Dmitry Medvedev señaló en X que espera que el “notorio Estado Profundo no se trague” a Musk por desconectar la agencia.
En Nicaragua, una red de televisión propiedad de los hijos del presidente Daniel Ortega declaró que Trump cerró el grifo para los “terroristas”. Medios alineados con el liderazgo islámico en Irán bromearon que Estados Unidos trataba a sus aliados como “pañuelos desechables”.
Mientras tanto, en Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko se jactó de que la decisión de Trump de cortar la financiación para la “oposición fugitiva” fue en respuesta a los llamados de su gobierno para un reinicio de las relaciones bilaterales.
Lena Zhivoglod, directora de Honest People, que se estableció en 2020 para contrarrestar la narrativa oficial de Lukashenko y poner fin a tres décadas de su gobierno autoritario, sostuvo que pronto tendrá que despedir a 15 empleados y terminar el arrendamiento de la oficina del grupo en Varsovia, Polonia.
“No se trata de 15 emigrantes bielorrusos en Polonia que se ven obligados a dejar sus trabajos”, declaró Zhivoglod. “Significa perder otra batalla contra las máquinas de propaganda del régimen de Lukashenko y el Kremlin —máquinas que bombardean a los bielorrusos diariamente”.
La perspectiva era igualmente sombría en Venezuela.
Entre los afectados en la nación sudamericana están periodistas que han expuesto la corrupción de altos funcionarios militares y civiles, una organización que proporciona servicios legales a prisioneros políticos y un grupo de monitoreo electoral que ayudó a descubrir pruebas creíbles de que el presidente Nicolás Maduro robó las elecciones del verano pasado.
Todas las organizaciones pidieron a The Associated Press no ser nombradas por temor a que el gobierno pueda activar una nueva ley que convierte en delito recibir financiación internacional.
“Trump está haciendo el trabajo que Maduro nunca podría lograr: sofocar a la sociedad civil”, dijo
Uno de los activistas afectados por la congelación de fondos experesó que Trump está haciendo el trabajo que Maduro nunca podría lograr: sofocar a la sociedad civil y añadió y que comenzó a despedir a docenas de contratistas que han desempeñado un papel clave en la movilización de la oposición a Maduro.
Halvorssen indicó que, aunque hay mérito en reevaluar los programas para asegurarse de que el dinero de los contribuyentes se gasta sabiamente, los programas pro-democracia están entre las herramientas más efectivas para avanzar los intereses de Estados Unidos. Aún así, las encuestas de opinión muestran consistentemente que los estadounidenses creen que Washington es demasiado generoso al dar dinero a gobiernos extranjeros, incluso si otros países, como Noruega y Suecia, donan mucho más y la ayuda exterior comprende menos del 1% del presupuesto federal.
Otra víctima de la congelación de la ayuda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha centrado gran parte de su trabajo reciente en Cuba, Nicaragua y Venezuela —todos países donde las instituciones están llenas de leales al partido gobernante. El grupo de vigilancia ha sido un pilar del sistema interamericano liderado por Estados Unidos desde la década de 1950 y depende principalmente de las contribuciones de Washington, donde tiene su sede. En días recientes, ha tenido que despedir a cerca de un tercio de su fuerza laboral.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se refirió a la congelación de la ayuda extranjera como “extraordinariamente disruptiva, extraordinariamente cruel” en una llamada con su personal el viernes para discutir la orden de detención del trabajo. Una gerente senior en la llamada describió la crisis de financiación como algo que nunca había visto en 24 años trabajando en la comisión. Otro gerente veterano afirmó que la comisión enfrenta un “colapso”.
“Diría buenas tardes, pero no es una buena tarde”, indicó Clarke, abogada de Barbados, al inicio de la llamada, una grabación de la cual fue compartida con AP bajo condición de anonimato.
Administraciones sucesivas, incluida la primera Casa Blanca de Trump, han sido partidarias de activistas de democracia que luchan contra el Partido Comunista de China. Las suspensiones han dejado a los grupos —especialmente aquellos que trabajan en temas en el Tíbet y Hong Kong, así como entre las minorías uigures— sin apoyo financiero y vulnerables a que Beijing los ataque con impunidad.
Algunos republicanos también están preocupados de que Trump podría estar dañando los intereses estratégicos y de seguridad nacional de Estados Unidos.
“Nos alegra que el presidente Trump esté examinando detenidamente cómo se gasta el dinero y cómo la asistencia extranjera puede ser más útil. Solo esperamos que sea una revisión expedita”, dijo Daniel Twining, presidente del Instituto Republicano Internacional, que administra programas en nombre del Departamento de Estado en algunos de los países más peligrosos para los activistas. “Los dictadores y adversarios como China no están haciendo una pausa”.
