El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés Otero cuestionó en vistas públicas la necesidad del Proyecto de la Cámara 268 para aumentar las multas a operadores privados y garantizar su cobro efectivo.
A juicio del legislador, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no ha sido eficaz en la fiscalización con las herramientas en ley disponibles al momento, lo que provocó debate con el presidente del organismo regulador, Edison Avilés, quien era uno de los deponentes en la vista pública. La medida bajo estudio propone enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57-2014) para darle más garras al NEPR.
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“La percepción que hemos tenido todos es que el Negociado ha sido poco efectivo en poder ejercer una función que por ley tiene”, cuestionó Parés.
A esto, Avilés, no tuvo la oportunidad de responder. Sin embargo, enfatizó que la aplicabilidad de estas sanciones es fundamental para mejorar el desempeño de los operadores en el sistema eléctrico. “Tiene como propósito aumentar el monto de las multas que el negocio de energía puede imponer por violaciones a las leyes y reglamentos que está facultado para implementar, así como por el incumplimiento a las entidades bajo su jurisdicción, a las leyes y resoluciones que emitan [...] Permitir un verdadero disuasivo es fundamental para incentivar mejoras en el desempeño”, sostuvo.
El presidente del NEPR también detalló que las multas deberán ser cubiertas con fondos propios de las empresas sancionadas y no podrán ser trasladadas a la tarifa que pagan los consumidores.
“Se establece que al imponer una multa, el Negociado de Energía podrá ordenar que cualquier entidad del gobierno de Puerto Rico que tengan acreencias a favor de las entidades en cuanto a las cuales se imponga la multa, deposite los fondos con el Negociado de Energía hasta cubrir el monto de la penalidad. Una vez la sanción sea final y firme, el Negociado de Energía podrá cobrar el uso de estos fondos”, indicó.
Según expresado en la ponencia del Negociado, se propone aumentar las sanciones hasta un máximo de $250,000 en caso de reincidencia, eliminando el tope de $500,000 que existía previamente. Además, se plantea que el incumplimiento grave de las regulaciones pueda ser considerado un delito.
La medida medida legislativa que busca aumentar las multas que puede imponer el Negociado fue traída por la gobernadora, Jenniffer González Colón en enero.