BOSTON (AP) — Un juez federal en Boston está considerando una solicitud de 18 fiscales generales estatales para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que termina con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente.
La audiencia se produce después de que un juez federal en Seattle bloqueara la orden el jueves y criticara lo que describió como el trato a la Constitución hecho por la administración Trump. El fallo de Seattle en una demanda presentada por cuatro estados y un grupo de derechos de los inmigrantes siguió a otro de un juez federal de Maryland, quien el miércoles emitió una pausa a nivel nacional sobre la orden en un caso separado pero similar.
En el caso de Boston, los fiscales generales estatales, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, están pidiendo al juez Leo Sorokin que emita una orden preliminar de prohibición.
Argumentan que el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento está “consagrado en la Constitución” y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden, la cual calificaron como un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía basado en su ascendencia”.
También dicen que la orden de Trump costaría a los estados fondos en los que confían para “proporcionar servicios esenciales” —desde el cuidado de crianza hasta la atención médica para niños de bajos ingresos hasta “intervenciones tempranas para bebés, niños pequeños y estudiantes con discapacidades”.
En el corazón de las demandas está la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.
La administración Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Los abogados de los estados han argumentado que sí lo están —y que ha sido reconocido desde la adopción de la enmienda, notablemente en una decisión de 1898 de la Corte Suprema — Estados Unidos contra Wong Kim Ark — que sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; aquellos nacidos en barcos extranjeros; y aquellos nacidos de miembros de tribus nativas americanas soberanas.
Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho del suelo”—. La mayoría están en las Américas, y Canadá y México están entre ellos.
