La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció lo que catalogaron como un intento de la senadora Joanne Rodríguez Veve de despojar de servicios y protecciones a poblaciones vulnerabilizadas en Puerto Rico con su petición de eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias gubernamentales.
La legisladora de proyecto Dignidad presentó ante el Senado una petición de información para conocer el alcance del uso de fondos públicos destinados a promover iniciativas y programas de DEI por parte de las agencias gubernamentales en Puerto Rico.
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La senadora indicó el jueves que la petición va dirigida a los Departamentos de Estado, Justicia, Educación, Salud, Seguridad Pública, Rehabilitación Correccional, Procuradora de las Mujeres, Vivienda, Desarrollo Económico, Trabajo y Recursos Humanos, a la luz de los mandatos establecidos en la orden ejecutiva emitida el pasado 20 de enero, por el presidente Donald Trump, titulada “Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing” y que han sido denunciados a nivel nacional como parte de la agenda discriminatoria del mandatario republicano.
El conglomerado de organizaciones de apoyo y defensa de las comunidades LGBTQ+ en la isla repudió el nuevo ataque de Rodríguez Veve contra la equidad.
“Las órdenes ejecutivas de Trump no pueden enmendar requisitos estatutarios o constitucionales de aquí. Nada de lo que diga esa orden obliga a empresas privadas a eliminarlas, por ejemplo, y mucho menos obliga al gobierno de Puerto Rico a quitarlas. Este intento de Rodríguez Veve es un ataque a todos los ciudadanos. Desde políticas para asegurar pago equitativo, hasta reconocimiento de festividades religiosas y por supuesto, licencias de paternidad. Por querer hacer un daño a la comunidad LGBTQ+, le hará daño a todos”, aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.
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Por su parte Irma Lugo Nazario, directora del organismo, indicó que “las leyes federales y las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. prevalecen sobre cualquier orden ejecutiva. La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por raza, color, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, sexo, entre otros. Del mismo modo, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 protege a las personas con diversidad funcional. Es responsabilidad del Estado, y la Gobernadora, garantizar la protección de todas estas poblaciones, independientemente de estas nuevas órdenes ejecutivas. De lo contrario, las agencias gubernamentales que reciben fondos federales podrían enfrentar demandas en los tribunales federales por incumplimiento de las leyes”.
Asimismo, destacaron la importancia de los programas de DEI.
“El respeto y defensa de esos programas es necesario ya que han servido de guía para mantener un ambiente de sana convivencia, coexistencia segura en todos los escenarios, no solamente en el laboral. Los programas de diversidad, equidad e inclusión nos brindan protecciones para todos, todas y todes”, concluyó Eduardo Cintrón Torres, secretario alterno de la Federación.
