La organización magisterial puertorriqueña, EDUCAMOS, compartieron este domingo las implicaciones de eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara su eliminación en las agencias federales y gubernamentales.
Asimismo, criticaron que legisladores puertorriqueños presenten proyectos de ley para conocer el alcance del uso de fondos públicos destinados a promover iniciativas y programas de DEI en la Isla, como lo hizo la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve.
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“Como educadores/as recogemos la preocupación de las comunidades escolares ante la posibilidad de que se utilicen las órdenes ejecutivas del presidente de EEUU para justificar el discrimen contra nuestros estudiantes y contra el personal del sistema educativo así como en otras agencias y sectores de nuestra población. Las iniciativas originadas por algunos legisladores contra los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) son un intento de carpetear a las organizaciones o agencias que han ofrecido servicios a esos sectores en nuestro país. Entre los sectores a quienes se beneficiaba con tales fondos están los grupos étnicos o minorías raciales, personas de mayor edad, los sectores lgbttiq+, los discapacitados, minorías religiosas, entre otros”, comenzó diciendo el gremio en declaraciones escritas.
Continuaron: “La implicación concreta es que se puede afectar las rampas para impedidos en las aceras, los estacionamientos para impedidos, el uso de subtítulos en las películas y en la televisión para quienes tienen problemas auditivos, el uso de mesas en los baños de varones para que un padre le cambie el pañal a su bebé, las áreas de lactancia, las licencias por maternidad o paternidad, el acomodo en el trabajo para personas con discapacidad física, la flexibilización de horarios que necesitan algunos trabajadores, entre otros”.
La organización además destacó que una de las implicaciones es que se elimine el currículo con temas como el racismo, así como el uso de la educación para “combatir los prejuicios”.
“Cuando deja de combatirse el prejuicio, nos exponemos a que aumente el “bullying”, los crímenes de odio, los problemas de disciplina, la violencia y la violación de derechos a los más vulnerables y desventajados. Esta pretensión nos regresaría a la cacería de brujas con mentalidad medieval que tanto daño causó a la humanidad. Usar la etiqueta de religioso para encubrir y promover el discrimen no es lo que necesitamos en nuestras escuelas”, precisaron.
“Nos preocupa sobremanera ya que en nuestras escuelas, hay personal y estudiantes dentro de cada uno de esos sectores, incluyendo el sector lgbttiq+, una alta matrícula con diversidad funcional, personas que necesitan condiciones especiales de trabajo, etc. El resultado final puede traer discrimen contra nuestros hermanos y hermanas incluidos en los programas DEI. La pretensión de carpetear y discriminar a tales sectores es injusto, inmoral, antiético y raya en lo ilegal. No podemos permitirlo, sin importar quien lo diga”, añadieron.
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Fue la pasada semana que Rodríguez Veve presentó ante el Senado una petición de información a varias agencias de gobierno desde 2014 hasta 2024. Esto incluye un desglose específico de los programas financiados, las cuantías asignadas, las organizaciones involucradas y cualquier medida adoptada para seguir los lineamentos de la orden ejecutiva “Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing”, emitida por la actual administración federal.
La petición fue dirigida a los Departamentos de Estado, Justicia, Educación, Salud, Seguridad Pública, Rehabilitación Correccional, Procuradora de las Mujeres, Vivienda, Desarrollo Económico, y Trabajo y Recursos Humanos.
“Es esencial que garanticemos que los fondos públicos se utilicen de manera responsable, en respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía. Esta solicitud busca evaluar cómo se han manejado estos recursos y asegurar que las prioridades de nuestro gobierno estén alineadas con los principios de justicia, igualdad y eficiencia que la ciudadanía exige”, expresó la legisladora del PD.
