El Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) expresó su oposición al Proyecto del Senado 89, el cual propone la creación de sistemas de educación municipal con financiamiento estatal. Según el análisis del DE, la medida plantea desafíos en la distribución de fondos y duplica funciones ya establecidas en la Ley 85-2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 89 busca permitir que los municipios administren sus propias escuelas públicas utilizando fondos del DEPR. Además, establece que dichas escuelas estarían bajo la jurisdicción del Consejo de Educación de Puerto Rico, un organismo eliminado por la Ley 212-2018. En su memorial explicativo, el DEPR advierte que esto generaría inconsistencias legales y administrativas en la supervisión del sistema educativo de la isla.
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“Nuestro sistema educativo ya cuenta con las Escuelas Públicas Alianza, las cuales otorgan cierta autonomía a los municipios bajo un marco regulador adecuado. Crear un sistema paralelo solo fragmentaría los recursos y generaría incertidumbre sobre la distribución de fondos”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.
El DE explicó que su financiamiento proviene de asignaciones estatales y fondos federales, los cuales están estrictamente comprometidos. El artículo 4 del Proyecto del Senado 89 establece que la aportación estatal a los sistemas de educación municipales se hará con fondos “no comprometidos” del DEPR, lo que, según la agencia, es inviable.
“Todo el dinero asignado al Departamento ya está destinado a gastos específicos. Para financiar este proyecto, se necesitaría una asignación presupuestaria recurrente y claramente definida”, señala el documento oficial.
Otro punto de controversia es la falta de claridad sobre el mantenimiento de la infraestructura escolar. El proyecto sugiere que el DEPR provea financiamiento para mejoras en las escuelas municipales, sin especificar un aumento en el presupuesto de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP). “La falta de una partida específica podría afectar negativamente la infraestructura de las escuelas actuales”, advierte el informe.
Asimismo, el DEPR subraya que la Junta de Supervisión Fiscal es la entidad encargada de asignar su presupuesto. Cualquier modificación en la distribución de fondos estatales requeriría su aprobación, lo que podría retrasar o impedir la implementación de la medida.
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“No se justifica la creación de un nuevo sistema cuando ya existen estructuras que permiten la participación municipal en la educación pública”, sostiene el informe del DEPR.
Municipios respaldan el Proyecto
La directora del Departamento de Educación Municipal del Municipio Autónomo de Caguas, Mayra Lee Franco Colón, reconoció la intención positiva del proyecto y afirmó que representa un paso en la dirección correcta para brindar a los municipios la posibilidad de establecer sus propios sistemas educativos. Sin embargo, también destacó ciertas preocupaciones respecto a la asignación de fondos y la claridad en los mecanismos de financiamiento y mantenimiento de las instituciones educativas.
Entre las observaciones presentadas por Franco Colón, se señala la falta de certeza sobre si el Estado otorgará la asignación completa de fondos o si los municipios deberán asumir una parte significativa del costo operativo. También resaltó la necesidad de mayor claridad en la contratación de personal docente y no docente, así como en el sistema de auditorías fiscales y educativas propuesto en el proyecto.
“No queda claro si el Estado otorgará la asignación completa o solo una parte basada en el cálculo de las Escuelas Públicas Alianza, dejando a los municipios la responsabilidad de aportar el resto”, explicó.
Por otro lado, la directora del Departamento de Educación Municipal del Municipio Autónomo de San Juan, Vanessa Y. Jiménez Cuevas, expresó su apoyo a la iniciativa, resaltando la experiencia del municipio en la gestión de escuelas bajo la Ordenanza 40, Serie 2022-2023. Este código ha permitido a San Juan desarrollar un sistema educativo municipal integrado que incluye programas desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria, con un enfoque en educación bilingüe, tecnología y desarrollo vocacional.
El Proyecto del Senado 89 también contempla la creación de una Junta de Educación Municipal, designada por los alcaldes y confirmada por las legislaturas municipales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de estándares educativos y de transparencia en la gestión de fondos.
A pesar del respaldo general al proyecto, las autoridades municipales han insistido en la necesidad de estudios adicionales para definir mejor las áreas de intervención y garantizar la sostenibilidad de las escuelas municipales a largo plazo. Asimismo, solicitan mayor precisión en la provisión de fondos para la construcción, ampliación y mantenimiento de las instalaciones educativas.
“El enfoque de este proyecto complementa los esfuerzos que hemos promovido en San Juan. Otorgar herramientas a los municipios para desarrollar oportunidades educativas es un paso en la dirección correcta”, afirmó Jiménez Cuevas.
