La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico publicó hoy, martes, el nuevo Plan Fiscal certificado para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El nuevo Plan Fiscal refleja las proyecciones de la AEE, Luma Energy LLC y Genera PR más allá de la estructura tarifaria y los requisitos de ingresos en virtud de la Orden de Tarifas de 2017, emitida hace ya ocho años y que incluye inversiones que superan los fondos federales asignados al momento.
La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país, LUMA Energy, espera que las inversiones financiadas con fondos federales y no federales permitan a Puerto Rico reducir la frecuencia de las interrupciones en un 75-85% en los próximos 10 años.
“Es evidente que el sistema energético de Puerto Rico se está deteriorando más rápido de lo que la AEE y los operadores de la red y de las plantas generatrices lo pueden reparar, y el nuevo Plan Fiscal que los miembros de la Junta de Supervisión certificaron refleja esa realidad”, aseguró el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr.
“El sistema está fallando a las familias y empresas, y el Plan Fiscal define el camino que conducirá a un suministro eléctrico más fiable”, añadió.
Las nuevas proyecciones, que no están limitadas por la orden de tarifas, reflejan las expectativas en torno a la economía de Puerto Rico, el descenso poblacional, la demanda de energía y otras suposiciones.
Los operadores proyectan que para 2040 los costos de funcionamiento del sistema energético de Puerto Rico superarán en más de un 60% los del Plan Fiscal certificado en 2023, que limitaba los gastos a los ingresos generados en virtud la Orden de Tarifas de 2017.
Además, LUMA Energy estima que se requerirá financiamiento federal hasta el año fiscal 2034 para reconstruir, dar mantenimiento y operar plenamente una red limpia, fiable y resiliente, cuyas futuras necesidades no cubiertas oscilan entre $18 mil millones y $24 mil millones.
El proceso de revisión de tarifas emprendido por el NEPR, diseñado para tener presente la evolución de las demandas del sistema energético de Puerto Rico y los principios de fijación de tarifas, determinará en última instancia la carga financiera que recaerá sobre los contribuyentes.
“Debemos priorizar las inversiones necesarias en la red eléctrica sobre todo lo demás, mientras exigimos a la vez que todas las partes involucradas rindan cuentas”, dijo Mujica.
“El despliegue coordinado de fondos federales es crucial para reparar y dar un mantenimiento adecuado al sistema, pero no será suficiente. El costo de sostener un sistema que pueda dar un servicio adecuado a la población y las empresas de Puerto Rico supera por mucho las proyecciones anteriores, ya que el sistema continúa debilitándose y fallando. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema energético, completar la transformación energética y sacar a la AEE de la quiebra con un Plan de Ajuste que sea justo y refleje la realidad que enfrenta la AEE hoy para que pueda dar un mejor servicio a Puerto Rico mañana”, indicó.
La AEE, entretanto, no ha realizado una evaluación de las necesidades del sistema a largo plazo en más de 30 años. Esta opera con un déficit financiero estructural desde 2004, situación que ha empeorado con el paso del tiempo.
Las proyecciones de gastos no reflejaban los requisitos para llevar el sistema a un estado de mantenimiento comparable incluso al de las empresas de servicios públicos de menor rendimiento de los Estados Unidos. Las recientes mejoras en la estructura operacional, el aumento de los esfuerzos para dar mantenimiento y mejorar el sistema y la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía no fueron suficientes para restaurar el sistema, y mucho menos para proporcionar una fiabilidad sostenida.
En el nuevo Plan Fiscal se proyecta que los gastos de mantenimiento necesarios serán más del triple en términos reales del año fiscal 2025 al año fiscal 2026, y que luego aumentarán otro 43% para el año fiscal 2029.
Este crecimiento responde a las proyecciones de gastos actualizadas de los operadores, que reflejan con mayor precisión las necesidades del sistema en deterioro. Se proyecta que los gastos en combustible y compra de energía aumenten un 11% en comparación con el Plan Fiscal de 2023.
La Junta de Supervisión concluyó que la AEE no podrá imponer ningún aumento tarifario adicional para el servicio de la deuda más allá de las tarifas necesarias para cubrir los costos de operación del sistema energético.
