Cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) publicó a altas horas de la noche de ayer el nuevo Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que propone un rescate del gobierno para el pago de la deuda a los bonistas de la corporación pública, lo hizo sin consulta o comunicación con la gobernadora, Jenniffer González.
Así lo dio a conocer esta mañana el secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Francisco Domenech. La gobernadora tiene una silla en la JSF que ella misma ocupa.
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“La JSF no compartió el documento en ningún momento con el Gobierno antes de su certificación y previo a su publicación, no empecé a las múltiples solicitudes hechas al director ejecutivo de la entidad para que lo compartiera. Para la Administración de Jenniffer González Colón esta falta de comunicación por parte de la JSF es totalmente inaceptable”, sostuvo Domenech en declaraciones escritas. Se informó que ahora el Gobierno de Puerto Rico —mediante AAFAF, el Zar de la Energía y la AEE— analizará el Plan Fiscal Certificado y las proyecciones financieras para saber si la información provista por LUMA y Genera para la confección de este es correcta y los resultados que se delinearon como esperados son reales de cumplir. “Es la primera vez que el Plan Fiscal de la Junta se basa en proyecciones de costos, solicitadas directamente a los operadores, sobre lo que pudiesen gastarse en un mundo perfecto para arreglar el sistema eléctrico, proyecciones que fueron aceptadas sin considerar si los gastos son reales o razonables y sin tomar en cuenta las limitaciones a estos gastos que pudiera imponer el Negociado de Energía”, puntualizó Domenech.
La administración González —que se enteró por la prensa sobre el Plan Fiscal de la AEE— calificó como “poco profesional” que luego de la publicación del Plan Fiscal Certificado, sea que la Junta va a validar la información provista y hacer modelajes adicionales.
Sin incluir el pago de la deuda, el plan fiscal contempla aumentos en gastos operacionales del sistema eléctrico de hasta 62 % hasta 2040, según las proyecciones de costos sometidas por la AEE, Genera PR y LUMA Energy. “Sabemos que no se producirán aumentos de tarifas sin la revisión y aprobación del Negociado de Energía, que hará su propio análisis y no se basará en el de la Junta”, planteó Domenech. El secretario de la Gobernación destacó que el plan no tomó en consideración las nuevas políticas energéticas de la administración de la gobernadora. Destacó que entre las iniciativas se encuentra la estabilización del sistema de generación, incluyendo la extensión de la vida útil de la unidad de generación de menor costo de Puerto Rico, la conversión de las plantas existentes a gas natural licuado (GNL) y el desarrollo de plantas de generación de energía de GNL nuevas y confiables. También destacó el cambio en los objetivos de energías renovables y la supervisión estricta y coordinada de los operadores privados a través de la rama ejecutiva del gobierno y las autoridades reguladoras.
Actualmente, la AEE enfrenta más de $10 mil millones en reclamaciones de bonistas, incluyendo capital e intereses de deuda en bonos, otras obligaciones de deuda financiadas y otras reclamaciones de acreedores no garantizados. Además, la corporación pública tiene un plan de pensiones con un déficit actuarial de aproximadamente $4.4 mil millones.
“La Junta de Supervisión concluye que la AEE no podrá imponer ningún aumento adicional de tarifas para el servicio de la deuda por encima de las tarifas necesarias para pagar los costos operaciones y los costos de mantenimiento. Es decir, el margen de maniobra identificado en los Planes Fiscales certificados en años anteriores para imponer un cargo tarifario para pagar la deuda heredada ya no existe”, se establece en el plan fiscal presentado anoche.
“En la práctica, la AEE no tiene un flujo de efectivo excedente proyectado después de abordar las necesidades del sistema y, como se explica en este documento, no tiene capacidad para aumentar las tarifas aún más para sostener la deuda porque las tarifas (sin tener en cuenta el servicio de la deuda) ya tendrán que aumentarse por encima del 6 % del nivel de participación en la billetera para un cliente residencial de ingresos medios no subsidiados (es decir, 30.5 centavos por kWh) para mantener, operar y reparar el sistema en ruinas. La Junta de Supervisión considera que Puerto Rico no puede tener un futuro sostenible sin una fuente de energía eficiente y confiable”, plantea el plan fiscal
