Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) reveló fallas administrativas en el programa de instalación de placas solares que administra el Departamento de la Vivienda que resultaron en pagos a empresas instaladoras de placas solares sin que estas cumplieran con todos los requisitos.
Según la OIG, el examen reveló que se procesaron pagos a compañías sin verificar que cumplieran con los criterios establecidos en las guías del Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energética y Abastecimiento de Agua (CEWRI-HH), lo que pudo haber resultado en asignaciones indebidas de fondos.
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La investigación encontró expedientes de solicitantes incompletos que carecían de identificaciones oficiales, pruebas de titularidad y certificaciones técnicas, lo que impidió verificar si los beneficiarios cumplían con los requisitos del programa. Estas irregularidades derivaron en costos cuestionados de 129,750 dólares con 86 centavos.
La OIG indicó que cuatro empresas contratadas para la instalación de sistemas de energía no contaban con la documentación requerida, incluyendo registros en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), certificaciones fiscales del Departamento de Hacienda, inscripción en el Sistema de Administración de Adjudicaciones (SAM) del Gobierno Federal y certificaciones de cumplimiento con regulaciones estatales y federales. A pesar de ello, el Departamento de la Vivienda procesó pagos ascendentes a cerca de 1.1 millones de dólares a estas compañías.
El informe también halló retrasos en la ejecución del programa.
Según la OIG, en múltiples casos los solicitantes aprobados no recibieron una notificación formal dentro del plazo de 90 días establecido en las guías del programa.
Además, se detectaron demoras en la realización de inspecciones finales, que debían completarse 45 días después de la instalación del sistema.
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Como parte del informe, la OIG emitió varias recomendaciones para fortalecer los controles internos del programa, incluyendo un proceso de verificación previa que garantice que todas las empresas y solicitantes cumplan con los requisitos antes de recibir fondos.
También instó al Departamento de la Vivienda a realizar monitorías semestrales, actualizar la reglamentación vigente y revisar las políticas de firmas electrónicas. Entre otras recomendaciones, la OIG sugirió evaluar la viabilidad del plazo de 90 días para la evaluación de solicitudes, gestionar el recobro de fondos mal adjudicados y formalizar adecuadamente los Acuerdos de Reserva de Subvención.
Por otro lado, como parte del examen, los auditores de la OIG realizaron una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa. La muestra incluyó 293 expedientes, de los cuales 170 solicitantes, equivalentes al 58 por ciento, pudieron ser contactados a través de llamadas telefónicas.
Los resultados reflejaron que el 89 por ciento de los encuestados expresó satisfacción con el servicio recibido. La OIG señaló que, a pesar de las deficiencias administrativas identificadas en el informe, la mayoría de los beneficiarios perciben que el manejo de los fondos CDBG-MIT por parte del Departamento de la Vivienda ha sido aceptable.
La Oficina del Inspector General exhortó a cualquier persona que conozca sobre actos que puedan poner en peligro el buen uso de fondos públicos o que puedan constituir corrupción a comunicarse con su línea confidencial al 787-679-7979, a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov o en la página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
