El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves, con 24 votos a favor, el Proyecto del Senado 113, que enmienda el Artículo 127-C de la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, con el objetivo de reforzar la protección de los adultos mayores frente a la explotación financiera.
La medida, presentada por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, responde a la creciente preocupación por el aumento de casos de fraude y explotación financiera que afectan a una de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad.
Aunque la Ley 138-2014 ya tipificó la explotación financiera como un delito, se ha identificado la necesidad de ajustar las clasificaciones y penas para reflejar con mayor precisión la gravedad de estos actos.
“La explotación financiera de nuestros viejitos, ya sea mediante la malversación de fondos, la enajenación de bienes o la negación de acceso a sus recursos, es un delito que debe ser castigado con severidad”, expresó el senador Ríos tras la aprobación de la medida.
Actualmente, el uso indebido de fondos de un adulto mayor se clasifica como delito menos grave si la cantidad es de hasta $2,500 y como delito grave si supera esa cifra. Sin embargo, la enmienda propuesta busca reducir el umbral a $500, alineando así la clasificación de este delito con la apropiación ilegal agravada.
Además, la enmienda establece penas de reclusión más estrictas, incluyendo un término fijo de ocho años para quienes incurran en este tipo de delito, garantizando así una respuesta proporcional a la gravedad de la explotación financiera.
El proyecto ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, se remitirá a la gobernadora para su firma.
