El Senado de Puerto Rico aprobó hoy una resolución del presidente Thomas Rivera Schatz, solicitando al gobierno de los Estados Unidos la desclasificación y divulgación de todos los documentos relacionados con los asesinatos de Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera.
Estas muertes ocurrieron en 1979 y 1976, respectivamente.
PUBLICIDAD
Según la exposición de motivos, “ambos asesinatos ocurrieron en un periodo en el que las agencias de inteligencia estadounidenses, en particular el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), mantenían una activa vigilancia sobre el movimiento independentista puertorriqueño y sobre otros sectores que cuestionaban las políticas del gobierno federal en la isla”.
Esta medida busca esclarecer los hechos y promover la justicia en casos que han estado rodeados de controversia e incertidumbre debido a la posible intervención de agencias de inteligencia estadounidenses.
“El acceso a la información para terminar con la impunidad en estos dos casos es clave para conocer la verdad y descubrir a los responsables, haciéndole justicia a las víctimas y a sus familias, al acabar con la incertidumbre y desconfianza que aún permea en estas investigaciones”, expresó Rivera Schatz.
El Cuerpo también dio paso al Proyecto del Senado 55, del presidente del Senado, que añade un inciso al Código Penal de Puerto Rico, para establecer que se considerará persona de edad avanzada a toda aquella de 60 años o más.
Asimismo, se dio paso al Proyecto del Senado 113, que refuerza la protección contra la explotación financiera de personas de edad avanzada y con impedimentos. Esta medida reduce la cantidad mínima de fondos o bienes involucrados en casos de explotación financiera para configurar un delito grave o menos grave, fortaleciendo así las sanciones contra quienes cometan este tipo de abusos.
PUBLICIDAD
“En los casos en que la cantidad de los fondos, activos o propiedad mueble o inmueble envueltos en la explotación financiera de la persona de edad avanzada o persona con impedimentos, sea de hasta $2,500, el ofensor incurrirá en delito menos grave… En los casos en que la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble envueltos en la explotación financiera de la persona de edad avanzada o persona con impedimento, sea $2,501.00 en adelante, el ofensor incurrirá en delito grave”, indica la medida.
Por otro lado, la Cámara Alta aprobó el Proyecto del Senado 133 de la autoría del portavoz del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías Rosario que busca fomentar la inclusión laboral de personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autismo y Síndrome Down. La medida enmendará la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para establecer herramientas que faciliten la inserción laboral de estas personas. Además, se introducirán incentivos contributivos para los patronos que empleen a personas con estas condiciones, permitiéndoles reclamar deducciones por su contratación.
La medida establece que “en el caso de un patrono de la empresa privada, se admitirá una deducción de $400 por cada persona severamente impedida que se emplee durante por lo menos 20 horas semanales por nueve meses del año contributivo”. De igual forma, “en el caso de los patronos de la empresa privada que empleen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o con la condición genética de Síndrome Down, a tiempo completo, se admitirá una deducción de $2,500 por cada uno de ellos”.
Finalmente, el Cuerpo dio paso a una medida que ordena a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 8-2004, la cual regula el Departamento de Recreación y Deportes. La pesquisa, mediante la Resolución 44, evaluará el estado de las facilidades deportivas estatales y municipales, el uso de fondos para su reconstrucción y mantenimiento, y los recursos disponibles para el desarrollo de nuevas instalaciones. La misma fue presentada por el presidente de la Comisión, el senador Rafael Santos Ortiz.
