En una medida inesperada, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump despidió a 20 jueces de inmigración sin ofrecer explicaciones, lo que ha generado inquietud sobre el futuro de los tribunales de inmigración y el acceso a la justicia para los solicitantes de asilo.
El viernes, 13 jueces que aún no habían sido juramentados y cinco jueces adjuntos de inmigración fueron despedidos sin previo aviso, según informó Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a los trabajadores federales. La semana pasada, otros dos jueces fueron cesados en circunstancias similares. Hasta el momento, no se ha confirmado si estos jueces serán reemplazados.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entidad que supervisa a unos 700 jueces de inmigración, no ha emitido comentarios sobre los despidos.
El impacto de estas decisiones es significativo. Actualmente, los tribunales de inmigración enfrentan un retraso de más de 3.7 millones de casos, según datos de la Oficina de Información de Acceso al Registro de Transacciones de la Universidad de Syracuse. El proceso para resolver casos de asilo puede tardar años, lo que ha llevado a sectores de todo el espectro político a pedir más jueces y personal de apoyo. Sin embargo, durante su primera administración, Trump presionó a los jueces para acelerar sus fallos.
Además de estos despidos, el gobierno de Trump ha sustituido a cinco altos funcionarios judiciales, incluida Mary Cheng, quien se desempeñaba como directora interina de la agencia. Su sucesora, Sirce Owen, ex jueza de apelaciones de inmigración, ha implementado nuevas directrices que revierten varias políticas del gobierno del expresidente Joe Biden.
El Departamento de Justicia también suspendió recientemente el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que brindan orientación legal a personas en proceso de deportación. Sin embargo, el apoyo fue restablecido tras una demanda presentada por una coalición de grupos sin fines de lucro.
Los despidos de los jueces forman parte de dos prioridades clave de Trump: la implementación de deportaciones masivas y la reducción del tamaño del gobierno federal. El jueves, el presidente ordenó a las agencias despedir a casi todos los empleados en período de prueba, aquellos que aún no cuentan con la protección del servicio civil, lo que podría afectar a cientos de miles de trabajadores.
Biggs expresó su preocupación por la manera en que el gobierno está manejando la situación y señaló que esto podría ser parte de una estrategia más amplia contra la fuerza laboral federal.
“Tratan a estas personas como si no fueran seres humanos”, declaró. “Es negativo en todos los aspectos”.
La incertidumbre sobre el futuro de los tribunales de inmigración y el acceso a la justicia para miles de inmigrantes sigue creciendo, mientras las decisiones del gobierno generan controversia y debate en el país.
