WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere que la Corte Suprema permita el despido del director de la agencia federal dedicada a proteger a los denunciantes, según documentos obtenidos el domingo que marcarían la primera petición a los magistrados desde que el mandatario asumió el cargo.
La petición de emergencia es el inicio de lo que probablemente será un flujo constante de acciones de abogados del presidente republicano y su gobierno, en un intento por deshacer las decisiones de tribunales inferiores que han ralentizado la agenda de su segundo mandato.
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El documento presentado por el Departamento de Justicia, obtenido por The Associated Press, solicita a la corte de mayoría conservadora que levante la orden de un juez que reinstaló temporalmente a Hampton Dellinger al frente de la Oficina del Asesor Legal Especial.
Dellinger ha argumentado que la ley establece que sólo puede ser despedido por problemas relacionados con el desempeño de su trabajo, ninguno de los cuales fue citado en el correo electrónico en el que fue echado.
La petición fue efectuada horas después de que un panel de la corte de apelaciones —en decisión dividida— se negara por motivos procesales a levantar la orden, que fue presentada el miércoles y expira el 26 de febrero.
No se prevé que el caso sea registrado entre los que han de examinarse hasta después de que la Corte Suprema regrese a laborar tras el fin de semana del Día de los Presidentes. Los magistrados no actuarían sino hasta el martes, en el mejor de los casos.
No está claro qué recepción tendrá la petición de Trump en la corte dominada por conservadores, en la cual hay tres magistrados que él nominó en su primer mandato.
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El caso comenzó la semana pasada, cuando Dellinger presentó una demanda por haber sido destituido de su cargo de director de la Oficina del Asesor Legal Especial, que es responsable de proteger a la fuerza laboral federal de acciones ilegales en el manejo de personal, tales como represalias por denunciar irregularidades. Fue nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, y el Senado lo confirmó para un mandato de cinco años en 2024.
Dellinger indicó que el trabajo que realiza la oficina “es más necesario que nunca”, y puso de relieve el número “sin precedentes” de despidos —sin causa— de empleados federales que tenían protecciones de servicio civil ordenados por el gobierno de Trump en las últimas semanas.
El gobierno alega que la orden que reinstala a Dellinger por dos semanas mientras el juez sopesa el caso es una intrusión inaceptable en el poder ejecutivo. El escrito cita la decisión de la Corte Suprema que le otorgó a Trump inmunidad contra la persecución penal y reflejó una visión robusta del poder ejecutivo.
La Oficina del Asesor Legal Especial, que es independiente, es distinta de los asesores legales especiales del Departamento de Justicia, tales como Jack Smith, quienes son nombrados por el secretario de Justicia para investigaciones específicas, como la investigación penal de Smith sobre Trump antes de que regresara a la Casa Blanca.
El despido de Dellinger fue el movimiento más reciente de la amplia iniciativa de Trump para reducir y reconfigurar el gobierno federal, poniendo a prueba los límites de las bien establecidas protecciones del servicio civil al movilizarse para desmantelar agencias federales y despedir a empleados.
