Las miles de familias de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial que han realizado reclamaciones al Departamento de Educación (DE) verían sus peticiones “enterradas” tras nueva orden emitida por la jueza Laura Taylor Swain y autorizada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La propuesta propone disminuir la cantidad del pago que las familias reclamantes pueden recibir por daños y prejuicios en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación.
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El ente fiscal propone un pago de $25 mil dólares por hogar o unidad familiar, sin importar cuántos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. Bajo la ley de Puerto Rico, cada reclamante individual puede tener derecho a compensaciones de hasta $75 mil por persona y $150 mil por incidente. Además, esta cantidad se vería reducida por el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) que propone pagar el 20.4% de la cantidad de la oferta de $25 mil. Esto significa que de los 25 mil la familias solo recibiría $5,100.
Ante esto, las familias notificaron su rechazo a la propuesta presentada por la JSF alegando que han sufrido “daños irreparables” tras el “incumplimiento del DE con los derechos constitucionales y legales de la población estudiantil de educación especial”.
La directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Joyce Dávila y la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren, expresaron además que, a partir del 6 de noviembre de 2024, los representantes legales de la mayoría de las familias reclamantes, con el apoyo del Comité Timón, solicitaron a la jueza Taylor Swain que no autorizara “el insensible, desvergonzado y atropellado proceso que ya se ha concretado”.
Por otro lado, el licenciado Rolando Emmanuelli manifestó que presentará una solicitud de reconsideración a la jueza Swain antes del 24 de febrero del año corriente.
Portavoces solicitan reunión urgente con la gobernadora
Las portavoces Warren y Dávila solicitaron una reunión urgente con la gobernadora, Jenniffer González Colón, y con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para atender el reclamo de las familias.
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“Existen alternativas viables para hacer justicia a los reclamantes, integrantes de la población de educación especial, sus padres, madres y encargados que la gobernadora y el Secretario de Educación pueden favorecer y promover”, indicaron en comunicado escrito.
Los representantes legales Marilucy González Baez, Rolando Emmanuelli, José Juan Nazario de la Rosa, Carlos Gómez Menéndez y José E. Torres Valentín enfatizaron que los reclamantes deben mantener la calma ante este proceso.
Así mismo, explicaron que, si un reclamante decide no aceptar la oferta económica, su reclamación seguirá activa dentro del proceso de reconciliación de reclamaciones bajo el Título III de la Ley PROMESA. Esto significa que conservará su derecho a presentar su caso y su prueba de manera individual para buscar una compensación más justa y adecuada a su situación particular.
A través de este proceso, el reclamante podrá probar sus daños y justificar la cantidad a la que realmente tiene derecho, conforme a los procedimientos establecidos por el tribunal.
Los reclamantes pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: reclamacionespleitodeclaserlv@gmail.com para recibir copia del comunicado.
