El senador por el Distrito de Guayama, Rafael Santos, impulsó una serie medidas para reducir la carga financiera de los adultos mayores en la isla, especialmente en el acceso a medicamentos esenciales.
“El alza en el costo de vida ha impactado con fuerza a nuestra población de mayor edad, que en su mayoría depende de ingresos fijos provenientes del Seguro Social o de pensiones limitadas. Es inaceptable que muchos de nuestros envejecientes tengan que elegir entre comprar alimentos o adquirir medicamentos esenciales para su salud”, manifestó Santos.
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Ante este panorama, el legislador presentó el Proyecto del Senado 252, el cual propone eximir del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los medicamentos sin receta para personas de 65 años o más. La medida busca reducir los costos asociados a la compra de analgésicos, antialérgicos y otros medicamentos de venta libre fundamentales para el bienestar de esta población.
Santos destacó la relevancia de esta iniciativa en su distrito, el cual abarca municipios con una alta concentración de adultos mayores. “En nuestras comunidades, un número significativo de personas mayores merece una vida digna y libre de preocupaciones económicas innecesarias. Esta exención aliviará su carga financiera y garantizará que puedan cuidar su salud sin dificultades adicionales”, enfatizó.
Asimismo, el senador reconoció la importancia de evaluar el impacto fiscal de la medida y aseguró que se esperan los comentarios del Departamento de Hacienda para determinar su viabilidad en términos de recaudos gubernamentales. “Es crucial encontrar un equilibrio entre proporcionar alivio económico a nuestros adultos mayores y mantener la estabilidad fiscal del país. Esperamos el insumo del Departamento de Hacienda para implementar esta medida de manera responsable”, explicó.
La propuesta legislativa cobra especial relevancia en un contexto donde han aumentado los casos de maltrato y abandono de personas de edad avanzada en Puerto Rico. “No podemos ignorar la difícil situación que atraviesan muchos envejecientes, quienes además de las limitaciones económicas, enfrentan condiciones de vulnerabilidad social. Garantizar su acceso a medicamentos es solo una de las muchas acciones necesarias para proteger su bienestar y dignidad”, sostuvo.
Esta iniciativa también responde a la realidad demográfica de Puerto Rico, donde el índice de envejecimiento sigue en aumento. Datos recientes reflejan un crecimiento significativo en la población de 65 años o más, lo que subraya la urgencia de establecer políticas públicas que aseguren su bienestar y acceso a recursos esenciales.
