Líderes de distintas organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico están preocupados por los efectos que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump podrían tener en la isla.
A finales de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó operativos en la isla, interviniendo y deportando a inmigrantes dominicanos.
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Según el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, esto ha traído una “crisis humanitaria y económica”.
“Estas personas trabajan para enviarles dinero a su familia. Si cuidaban a una anciana, limpiaban casas, llevaban niños a la escuela y (ahora) tienen miedo de hacerlo”, señaló.
Rodríguez apuntó a los acercamientos hechos a la gobernadora Jenniffer González para trabajar el problema. “Le hemos hecho un llamado a la gobernadora para ver si buscamos alguna ayuda, salud humanitaria o algo para parar esto. Hay asuntos humanitarios aquí, pero ni el Consulado (de República Dominicana) ni el gobierno dominicano han dicho nada, ni la gobernadora. Estamos volviendo a la época de cuando los negros estaban luchando por sus derechos civiles, que fueron asesinados por luchar y ganar derechos adquiridos, que ahora nos quieren quitar”, advirtió.
Rodríguez mencionó recomendaciones en caso de que algún miembro de esta comunidad se topara con ICE. Planteó que, si tocan a su puerta, no la abran, que mantengan la calma, y que pregunten si tienen una orden de un juez más allá de un documento de inmigración. De ser así, pedirles que se la pasen por debajo de la puerta, y que esté en español. Recomendó guardar silencio si lo detienen en la calle.
Por su parte, Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, resaltó las actividades que están realizando.
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“Estamos pendientes a la orden ejecutiva, a las redadas, apoyando en lo que uno pueda, especialmente a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de crimen. Que estamos trabajando con directorios legales, con bancos de alimentos”, abundó.
Otra de las órdenes ejecutivas plantea la congelación de fondos federales, situación que representaría un recorte de fondos para la Red de Nacional Albergues de Violencia de Género, que es subvencionada entre un 70% y 95% por estos fondos.
La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León, detalló que “definitivamente esto implica un impacto grande de materializarse los potenciales recortes. Otro de los retos es que, la semana pasada, también se dio el cierre de todas las convocatorias de fondos que Justicia federal tenía abiertas [...] Hay mucha incertidumbre”.
Al mismo tiempo, desglosó las medidas y estrategias que están tomando para continuar con los servicios. “Hemos estado primero tocando base con las organizaciones que son integrantes de la red para conocer el estatus de cada cual y entender también el impacto específico que tiene el potencial recorte de fondos. Hemos estado también comunicando sobre esta situación a donantes, en realidad haciendo un llamado a que, en este momento y en este instante, que puedan apoyar a las organizaciones que brinden servicios a sobrevivientes”, agregó. Están atentas a asignaciones por vía legislativa en Puerto Rico.
Otro sector que se ha visto afectado con las nuevas políticas ha sido la comunidad LGBTQ+. El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, indicó que observan el movimiento local.
“Estamos pendientes a siete medidas que han sido presentadas en la Legislatura, que para nosotros son preocupantes. Una de las más preocupantes es ciertamente el proyecto del Senado 1 porque da una licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa, que ya está protegida en la Constitución y que no necesita legislación adicional como está para que se pongan en función. En cuanto a las órdenes ejecutivas, pero para nosotros son órdenes fascistas de Trump, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, estamos activamente identificando personas que puedan ser afectadas”, dijo Serrano.
Igualmente, anunció las estrategias que implementará la Federación LGBTQ+.
“Determinamos crear 20 secretarías que se están conformando en estas dos semanas. Estas secretarías van a ser el trabajo de la Federación donde se van a tocar. Hay secretarías que tienen que ver con asuntos legislativos, asuntos jurídicos, diversidad funcional, adultos mayores, niñez y juventud, género y sexualidad, entre otros. De ahí, van a hacer unos planes de trabajo para atender los diferentes asuntos que tenemos que atender como comunidad, por las amenazas que se presentan”, indicó.
Próximamente, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) estará anunciando una marcha en unión con más de 60 organizaciones de su frente unido para protestar ante las nuevas políticas públicas que afectan estas comunidades.
