Múltiples organizaciones de salud, lideradas por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), crearon una alianza con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) para garantizar y proteger los derechos de salud de la comunidad inmigrante ante la incertidumbre causada por redadas y arrestos impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
El presidente del CMC, Carlos Díaz Vélez, recalcó su política de “puertas abiertas” que caracteriza a la organización para atender a la población médico indigente y personas que no tengan acceso a estos servicios.
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“Ante redadas que han condenado al encierro a miles de inmigrantes y ante la ausencia de muchos a citas programas en búsqueda de tratamiento, el Colegio ha convocado a miembros a defender derecho a salud”, declaró.
De las principales estrategias para proteger estos derechos, es el aval de las organizaciones al Proyecto de la Cámara 331, que fue radicado el pasado 13 de febrero y que busca declarar ciertos lugares “sensibles” — entre ellos, tribunales, instituciones educativas, oficinas médicas, hospitales, laboratorios y farmacias — como espacios de protección.
Díaz Vélez, incluso, solicitó, mediante una carta emitida esta semana, una reunión con la agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en San Juan, Rebecca González, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), para “expandir la discusión de preocupaciones y, en el interés de salvaguardar los tratamientos necesarios, de salud y tranquilidad de nuestros pacientes y profesionales de salud”.
“La salud va por encima de todo [...] Que no se tome la salud como excusa para ir a buscarlo. Deje que busque su servicio de salud con tranquilidad, con paz y armonía [...] Acá es la vida de ellos. Unas pruebas que se atrasen van al deterioro y hasta la muerte de la persona”, expuso el presidente del CMC en un aparte con Metro Puerto Rico.
La abogada Lolimar Escudero, de la ACLU, expuso que la medida legislativa busca, además, evitar la recopilación y divulgación de datos personales sin orden judicial y crear protocolos en agencias para que no ocurran intervenciones indebidas que afectan a la comunidad inmigrante.
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El director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas, recordó a la comunidad inmigrante que está protegida por la Ley HIPAA, que también prohíbe la divulgación de información médica y personal del paciente, y a la comunidad médica, que las intervenciones no pueden ser ejecutadas arbitrariamente por las agencias federales, a menos que tengan una orden firmada por un juez.
“El llamado inmediato a toda la comunidad médica y profesional es que ningún agente de orden público — DEA, ICE, FBI — tiene autoridad de entrar en ningún establecimiento donde estén dando servicios médicos para requerir información de pacientes o que identifiquen pacientes, a menos que tengan una orden firmada por un juez, no una orden administrativa de ICE”, manifestó el licenciado.
“Si no existe, no tienen por qué permitir entrada o acceso al expediente. La mayor parte de intervenciones de agencia de orden público se están presentando en lugares sin órdenes judiciales”, insistió.
Otras estrategias que buscan impulsar son el uso de la telemedicina para seguimiento a pacientes con temor a acceder servicios, orientación vía telefónica, visitas médicas a domicilio, preparación y difusión de materiales educativos e impartir talleres por especialistas en derecho de la ACLU para miles de médicos colegiados.
Mientras, la directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, planteó que cada estado tiene sus propias jurisdicciones, por lo que las agencias federales no tienen autoridad para obligar a las dependencias locales o municipales a cumplir o colaborar con ellos.
José Rodríguez, presidente del comité dominicano de la Comisión de Derechos Civiles, alertó que ha recibido llamadas de personas que no le dan seguimiento a sus citas médicas y hasta contemplan el suicidio por las políticas recientes de persecución. “Esto es algo crítico, una situación inhumana”, sostuvo, antes de alzar un portafolio con la frase “Ningún ser humano es ilegal”.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
