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Afirman ningún programa estatal ha sufrido recortes

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden el martes sobre sus políticas de diversidad

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriela Boffelli
La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriela Boffelli

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El gobierno de Puerto Rico continúa la evaluación de fondos federales asignados a las agencias estatales, tras una de las primeras órdenes del presidente Donald Trump que buscaba frenar subvenciones y préstamos que no se alineen con su política pública de eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés) y sobre protección ambiental.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriela Boffelli, aseguró que, al momento, ninguna agencia estatal ha reportado impacto directo a programas que dependen de fondos federales. Asimismo, afirmó que tampoco han habido acercamientos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, en inglés) hacia agencias estatales.

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Originalmente, el memorándum de Trump estipuló que todas las agencias tenían hasta el 10 de febrero para entregar informes evaluativos sobre sus programas financiados por fondos federales. Esta fecha de entrega fue eliminada con una orden de la jueza Loren AliKhan, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Washington D.C., que puso en pausa la instrucción.

“Ese proceso se detuvo por lo de las cortes”, indicó Boffelli.

Pero la funcionaria enfatizó que continúa la orden de la gobernadora Jenniffer González para que todas las agencias revisen sus programas y proyecten cualquier impacto que pudiera surgir.

“La gobernadora, desde el día uno, nos indicó y dio la dirección a todas las agencias a que revisaran estos programas, cualquier impacto que pudiéramos tener para coordinar esos esfuerzos con Casa Blanca. Siempre dijeron ellos que todo estaría sujeto a evaluación adicional, case by case basis (caso por caso). Así que ese proceso se [está llevando] a cabo en las agencias. Al momento, no hay ningún impacto a ningún programa en las agencias de Puerto Rico”, subrayó.

Pese al bloqueo judicial, las órdenes ejecutivas sobre DEI y temas ambientales, firmadas por el presidente en su primera semana, continúan en vigor.

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“El martes, el presidente sacó una nueva orden ejecutiva. Él lo que quiere es [...] reducir el tamaño del gobierno, que sea un gobierno más ágil, más eficaz, que no haya el despilfarro de fondos”, sostuvo Boffelli.

La directora ejecutiva, además, destacó el viaje de la gobernadora a la capital federal esta semana, donde sotendrá reuniones en la Casa Blanca, el Congreso y diversas agencias federales.

“Vamos a tener reuniones con agencias federales. Ya las habíamos tenido con algunas de las agencias cuando ella vino para la inauguración del presidente Trump. Así que las cuestiones también continúan directamente con la gobernadora”, concluyó.

Por su parte, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, indicó que “ha tenido comunicación” con los distintos jefes de agencias estatales, pero no ha recibido respuesta “más allá”.

En respuesta a si PRFAA mantiene comunicación con la oficina del comisionado residente, Boffelli informó que solo sigue la encomienda ordenada por la gobernadora.

“La encomienda que la gobernadora nos ha dado a nosotros es seguir promoviendo toda la legislación federal. Nosotros estamos encaminados a eso. [...] Nosotros seguimos con la agenda federal. El comisionado residente, sobre las solicitudes a las agencias estatales, pues eso te tendría que referir al secretario de la Gobernación, si eso ha sido así”, comentó.

Hernández Rivera afirmó que trabaja en Washington D.C. para mitigar la incertidumbre sobre los fondos federales. “Por ejemplo, la semana pasada en el Congreso yo di un discurso, en el Hemiciclo, en defensa de los programas de los National Institutes of Health, que benefician a muchas universidades y al Centro Médico, universitarios, profesores. Seguiremos dando esa batalla”, dijo.

Según el comisionado, es posible que la controversia sobre fondos federales llegue al Tribunal Supremo. Mencionó que hay litigios y que alguno llegará al Supremo para determinar constitucionalidad del proceder presidencial. “Hasta donde tengo entendido, la secretaria de Justicia (Janet Parra) no se ha unido a ninguna de las demandas en contra de las medidas de la administración Trump. Yo apoyaría esas iniciativas que aseguran la llegada de los fondos federales a Puerto Rico”.

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