Algunas figuras destacadas de organizaciones de salud consultadas por Metro Puerto Rico aún desconocen si los posibles recortes federales a programas de salud e investigaciones de instituciones académicas, a raíz de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, afectarán a Puerto Rico o de qué manera se van a implementar. Otros, sin embargo, no esperan un impacto directo.
Aunque hace unas semanas circuló que el programa Medicaid, que financia el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital), y otros programas federales sufrirían recortes presupuestarios ascendentes a $1.5 billones (trillions) por una ley de reconciliación, el secretario designado del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, aseguró que las asignaciones capitadas no están en riesgo, gracias una ley de conciliación aprobada en 2023.
PUBLICIDAD
“Esos fondos que se aprobaron en esa ley (Consolidated Appropriations Act) están definidos. No hay riesgo con esos fondos porque tendrían que cambiar la ley y eso no suele pasar”, aseguró tras ser abordado por este medio, luego de su participación como panelista en un simposio de pediatría.
El médico anticipó que un reactivado comité de salud cabildeará por una extensión de fondos para una mayor estabilidad al sistema. “Vamos a ir temprano a hablar de la extensión. Ellos [Estados Unidos] están hablando de bajar lo que tienen ahora, pero nosotros no tenemos paridad [de fondos]. Esperamos una asignación de cinco a diez años; si es permanente, mejor”, respondió.
Previamente, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, reaccionó a este medio, por escrito, estableciendo que los recortes afectarán al archipiélago y pidió ayuda a la gobernadora Jenniffer González Colón y al Partido Republicano de Puerto Rico con los congresistas republicanos para que “hagan el menor daño posible”.
Parte del recorte presupuestario de $1.5 billones (trillions) incluye unos $880 mil millones del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes federal, que administra asignaciones de fondos a programas de salud, como Medicaid y Medicare, y otros sectores como ambiente, tecnología, manufactura y fiscalización.
En riesgo la economía de la investigación
Una investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la doctora Ana Patricia Ortiz, comentó a Metro Puerto Rico que, aunque no ha recibido una comunicación oficial a través del contacto del programa auspiciador, le preocupa una tasa fija de 15% para costos indirectos, impuesta al Instituto Nacional de Salud (NIH, en inglés), que financia la mayoría de sus investigaciones.
PUBLICIDAD
Los costos indirectos son gastos que asume la institución universitaria para la infraestructura de investigación, como un edificio nuevo y sus utilidades o nómina, y cuyo porcentaje varía por proyecto, que podía alcanzar hasta 50% del monto total dirigido a la iniciativa científica.
Las instituciones académicas, como la UPR, “sobreviven grandemente con los costos indirectos de investigación”, dijo Ortiz, por lo que una tarifa fija representa una “reducción significativa a una infraestructura que ya contaba con ese dinero”.
Por su parte, el catedrático auxiliar del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Pablo Méndez Lázaro, calificó la situación financiera actual como “territorio inexplorado”. “Nunca habíamos enfrentado el escenario que estamos enfrentando hoy en día. Pone toda una economía de investigación en riesgo, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos”.
Estableció que las decisiones actuales “no son muy racionales”, por lo que desconocen a qué grado afectará a la comunidad científica, pero afirmó que iniciaron “discusiones internas” para prepararse. “La economía de investigación es multimillonaria en Puerto Rico. [...] Esto es un tiro mortal para las instituciones de educación superior y de investigación en Puerto Rico”, manifestó.
Las declaraciones escritas sometidas por la portavoz de prensa del RCM, que recibe fondos para investigación, servicios clínicos y entrenamiento a estudiantes del NIH, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración de Medicamentos y Alimentos y el Departamento de Defensa, leen: “Hasta el presente, ni las investigaciones, ni los servicios a la población ni los pagos a los estudiantes que se nutren de fondos federales se han visto afectados por los recortes propuestos por la administración del presidente Donald Trump. Dichas actividades continúan en vigor hasta ahora”.
“No obstante, el Recinto se encuentra inmerso en el proceso de análisis del impacto que podrían tener los recortes en nuestras actividades, en caso de materializarse las propuestas de reducción de fondos federales. Esto, con miras a buscar alternativas viables para cumplir nuestros compromisos con la docencia, la investigación y los servicios a la comunidad”, rezan las expresiones.
