La segunda administración de Donald Trump ha marcado un periodo de cambios significativos en las relaciones entre el gobierno federal y Puerto Rico.
Con medidas que incluyeron aranceles, recortes presupuestarios, restricciones en fondos federales y el refuerzo de políticas migratorias, el archipiélago enfrenta desafíos que requieren una estrategia política y económica bien definida.
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El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Luis “Luigi” Pizarro, destacó la importancia de que se adopte un enfoque estratégico ante las políticas económicas impulsadas por el presidente, y enfatizó la necesidad de capitalizar oportunidades en sectores como manufactura, energía, infraestructura y comercio exterior.
El abogado resaltó que la CCPR trabajó un plan multisectorial para alinear las propuestas de Puerto Rico con la filosofía económica de la administración Trump. Mencionó la posibilidad de atraer empresas norteamericanas que actualmente operan en el extranjero, fomentando la inversión y la creación de empleos en la isla.
“Puerto Rico, como territorio estadounidense, tiene una ventaja competitiva que debemos maximizar”, sostuvo.
Pizarro abordó el impacto de los aranceles impuestos durante la administración de Trump, ya que aproximadamente el 85% de los productos consumidos en Puerto Rico son importados, y la mitad proviene de Estados Unidos. “Nuestros socios han tenido que buscar alternativas en otras jurisdicciones como República Dominicana, Costa Rica y Guatemala para minimizar el impacto de los aranceles”, explicó.
Asimismo, destacó la dispensa reciente en la Ley de Cabotaje, que permitirá a los aeropuertos de San Juan, Mercedita y Aguadilla convertirse en puntos clave para el trasbordo de carga internacional.
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“Debemos planificar cómo aprovechar esta dispensa para convertir a Puerto Rico en un puente logístico entre Estados Unidos y Latinoamérica”, afirmó.
El sector de salud también se considera una prioridad. Pizarro señaló que Puerto Rico tiene uno de los porcentajes más altos de asegurabilidad en Estados Unidos, lo que podría servir como modelo para otras jurisdicciones. La CCPR busca garantizar la reasignación de fondos federales para fortalecer el sistema de salud y ampliar la cobertura de servicios médicos.
Pizarro subrayó la necesidad de un acercamiento proactivo por parte del gobierno de Puerto Rico tanto en el Congreso como en el Ejecutivo federal.
Alerta ante recortes
Por su parte, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, apuntó a que Puerto Rico debe mantenerse alerta. Blondet hizo hincapié en la importancia de que Puerto Rico replantee su relación con el gobierno federal.
A pesar de recibir más de lo que aporta en términos de fondos federales, Blondet destacó que el archipiélago también realiza un aporte significativo a los Estados Unidos. “Puerto Rico, históricamente, ha sido visto como un receptor neto de fondos federales, pero olvida que hace contribuciones valiosas al tesoro de los Estados Unidos. Es importante que gestionemos esta información y la comuniquemos adecuadamente”, afirmó.
Además, señaló que 25 estados tienen un déficit per cápita mayor que Puerto Rico, lo que pone en evidencia el esfuerzo que la isla realiza, a pesar de las percepciones erróneas que puedan existir sobre su rol económico en el sistema federal.
“En un momento donde cualquier tema que implique costos podría ser blanco de recortes, Puerto Rico debe evitar llamar demasiado la atención”, aconsejó.
Blondet también reflexionó sobre el estado financiero de Puerto Rico. Según la abogada, el presupuesto operativo de Puerto Rico depende, en gran medida, de los fondos federales, que representan casi la mitad del presupuesto consolidado de la isla. “Esa dependencia hace que las políticas federales tengan un impacto directo en nuestra economía”, explicó.
Además, resaltó la necesidad de que el gobierno de Puerto Rico trabaje en proteger la viabilidad económica de la isla dentro del marco de las políticas federales.“Puerto Rico está en una situación difícil, ya que no tiene representación activa en el Congreso de Estados Unidos ni voz en las decisiones que afectan a la isla. La falta de representación nos coloca en una desventaja frente a las políticas federales”, concluyó Blondet.
La abogada expresó que la isla debe estar preparada para navegar tiempos difíciles, ya que las decisiones federales siguen siendo cruciales para su desarrollo económico y social.
Órdenes ejecutivas
Según el profesor y analista político Ángel Rosa, una de las primeras medidas que se refleja en Puerto Rico tiene que ver con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés). Trump firmó una orden administrativa que paraliza la tramitación de fondos del DOE, específicamente aquellos destinados a proyectos de energías renovables, como la instalación de paneles solares en hogares de bajos recursos en Puerto Rico. Este freno se debe a una nueva evaluación de los fondos, pues la administración de Trump, alineada con políticas de energía fósil, mostró su preferencia por la exploración de gas y petróleo sobre las energías renovables.
Además, Rosa señaló, en su podcast, que la administración Trump suspendió el uso de casi $1,000 millones en fondos que se destinarían a infraestructura, proyectos para vehículos eléctricos y la modernización de carreteras y puertos en Puerto Rico, recursos que estaban enmarcados en la ley de reducción de la inflación de la administración Biden.
Políticas migratorias
En cuanto a las políticas migratorias, Rosa explicó que Trump emitió una orden que busca la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
Aunque el gobierno local manifestó que no utilizaría recursos para cumplir con estas órdenes, el presidente advirtió que aquellos funcionarios que no acaten el decreto podrían enfrentarse a investigaciones y posibles cargos por desobedecerlo.
Mientras, Blondet destacó que Puerto Rico, al ser una frontera de Estados Unidos, se ve afectada por las medidas adoptadas en la frontera continental. “Puerto Rico debe estar atento a cómo se manejarán las políticas migratorias, ya que la isla podría ser uno de los puntos para la implementación de estas restricciones”, indicó.
La inmigración en el archipiélago también es un factor determinante a considerar en el contexto de estas políticas. Según Blondet, las decisiones que se tomen en la administración Trump respecto a la inmigración afectarán la dinámica social y económica local.
Ante ello, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó el Proyecto de la Cámara 331 para reforzar la protección de los derechos fundamentales, especialmente en comunidades inmigrantes. La medida prohíbe la colaboración no autorizada de autoridades locales con agencias federales de inmigración, el perfilamiento racial y la recopilación de información sobre estatus migratorio en escuelas. También, establece espacios sensibles como hospitales y templos, donde las intervenciones migratorias requieren una orden judicial.
La iniciativa surge en respuesta a políticas migratorias más estrictas, y busca garantizar la dignidad y seguridad de todos los residentes en Puerto Rico.
“Buscamos que las autoridades locales cumplan con su deber de proteger a todos los residentes en Puerto Rico y que las intervenciones de las agencias federales de inmigración se den únicamente en el marco estricto de la ley y con la debida orden judicial. Merecemos un país en el que todos podamos confiar en las instituciones y tener acceso a los servicios esenciales”, enfatizó la directora de política pública de la ACLU PR, Lolimar Escudero Rodríguez.
