Tres expertos que ofrecen servicios de salud o consejería a poblaciones LGBTQIA+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans , Queer, Intersexual y Asexual) rechazaron el Proyecto del Senado 350, que busca prohibir los tratamientos quirúrgicos u hormonales a menores de 21 años, por falta de fundamento científico, repercusiones no contempladas hacia menores y adultos e intentos de replicar políticas estadounidenses.
María Leonor, una manejadora de casos de la población LGBTQIA+, sostuvo a Metro Puerto Rico que la eliminación de estos servicios de salud, aunque ni se ofrecen a menores de edad en Puerto Rico, afectaría a pacientes que activamente los reciben, pues un médico tratante, por miedo a represalias, podría eliminar el servicio de su clínica por completo.
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“No estoy de acuerdo [con el proyecto] si tampoco pueden presentar evidencia científica que mejore, ayude o haga algo a beneficio de las comunidades, en específico a personas con experiencia trans”, expresó la profesional trans sobre la medida legislativa, presentada por los senadores Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad (PD).
Criticó que la medida, que propone revocar licencias a médicos y encarcelar a quien viole la ley por 15 años, exacerba la salud mental de los menores y podría aumentar la tasa de suicidio, cuyos intentos o ideación tienden a ser mayor para jóvenes que no se identifican como heterosexuales, según un estudio de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
El PD ha radicado, además de este, otros dos proyectos con la misma intención de prohibir servicios de afirmación de género a menores y criminalizar médicos tratantes, a través de la representante Lisie Burgos Muñiz. Uno ya fue derrotado en el cuatrienio pasado y el segundo, el Proyecto de la Cámara 162, lo sometió en enero de este año.
“La protección de nuestros menores ha sido y es uno de los principales pilares de Proyecto Dignidad. [...] Espero que alguno de ellos sea finalmente aprobado para beneficio de nuestra niñez”, publicó la representante conservadora en la red social Facebook.
El psicólogo clínico Héctor Luis Concepción mencionó que la insistencia con tratar a menores puede surgir por desinformación sobre modelos de cuidado relacionados a la afirmación de identidad. Uno se basa en un proceso de acompañamiento desde la juventud para, luego, en la adultez, tomar decisiones contundentes; otro propone que mientras más temprana la afirmación, mejor salud desarrollará el paciente.
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“Una cosa es que un menor de edad se abra con sus cuidadores y busquen ayuda profesional y otra diferente es tener acceso a procesos hormonales, a vislumbrar un cambio estético, que se hace legalmente cuando hay ciertas edades y ciertos criterios médicos”, aseguró.
No se hace “a lo loco” ni a petición del menor, planteó.
Concepción también habló de un modelo terapéutico que emplea en su práctica privada y clínica que busca “empoderar a la persona” a que se “reconozca como un ser que vale” y que empiece a “llegar, desde el prejuicio que vive externamente, al orgullo” mediante el acompañamiento y un cernimiento clínico con estándares éticos y profesionales.
Reflejos del extranjero
El cofundador y principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de la clínica TransSalud, en San Juan, Gerald Lee Vega, calificó el P. del S. 350 como una “distracción a los problemas reales de salud”, como la fuga de médicos y pediatras, que expone a los jóvenes a una situación precaria de cuidado médico.
“Vemos más un monkey see monkey do de lo que pasa en Estados Unidos para cumplir con una agenda política”, puntualizó, una denuncia con la que también coincidieron, por separado, María Leonor y Concepción. El exatleta olímpico destacó, incluso, que ningún fondo público apoya estos tratamientos para jóvenes ni adultos.
“La distracción y el copy paste de propuestas de Estados Unidos lo que hace es discriminar. La senadora Veve quiere, con licencia de religión, suponer que tiene más preparación que un médico que se prepara 20 años para un tratamiento adecuado. Es una falta de respeto a las comunidades”, manifestó el CEO de TransSalud.
El ejecutivo recalcó que esta propuesta, al igual que otras medidas sometidas anteriormente para prohibir eventos de “drag” frente a menores y baños inclusivos, “afecta la convivencia de comunidades”.
“Las personas trans contribuimos a labores del país, contribuimos al bienestar del país. [Tienen que] darse cuenta que existimos y, por ninguna medida o proyecto de ley, nos van a borrar de la existencia. Vamos a existir y seguiremos existiendo”, declaró.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
