El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, afirmó en entrevista exclusiva Punto x Punto con Metro Puerto Rico que el pueblo puertorriqueño “está cansado de las culpas”. Enfatizó que, ante la crisis energética de la isla, cualquier cambio en el operador del sistema de transmisión y distribución debe estar acompañado de un plan efectivo para evitar “perder más tiempo”.
“Significa que tenemos que trabajar todos juntos. La gente no puede señalar con el dedo. Es culpa de esta persona. Esa persona es por la culpa de esta persona. El pueblo de Puerto Rico está cansado de la culpa. Solo quieren que el sistema funcione. Y es nuestra responsabilidad”, detalló el director ejecutivo del ente fiscal.
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Durante la conversación, Mujica también abordó temas relacionados con el nuevo Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el rol del Negociado de Energía, la relación con la administración local y los retos financieros que enfrenta Puerto Rico.
El nuevo Plan Fiscal de la AEE elimina el cargo heredado para el pago de la deuda, pero contempla un aumento en la tarifa de la luz. ¿Para qué sería ese aumento y de cuánto sería?
—“El plan fiscal no es un documento político. Es una radiografía del sistema. Y lo que en realidad dice es que necesitamos entender el estado del sistema. Nadie lo ha hecho durante 30 años. Lo que esto dice es que esto es lo que el sistema necesita. Este es el mantenimiento y las reparaciones que necesita el sistema. No podemos añadir a eso $0.07 adicionales para pagar la deuda, $0.04 para pagar las pensiones a expensas de lo que el sistema necesita. Lo que estamos diciendo es que el pueblo de Puerto Rico no puede permitirse pagar entre $0.07 y $0.10 adicionales además de lo que se necesita para arreglar el sistema”.
En algún momento se había hablado de que los fondos federales post-huracanes eran suficientes para el sistema y para tener uno nuevo. ¿Ese ya no es el escenario?
—“De hecho, algunas personas han dicho que eso sería reparar el sistema. Lo que sabemos ahora es que no vamos a reparar el sistema durante los próximos 30 años. El plan fiscal es una instantánea de lo que se necesita para los próximos 30 años. Reparación y mantenimiento del sistema durante más de 30 años. Es posible que necesitemos fondos de capital adicionales más allá de eso. Pero solo los fondos federales no son suficientes para hacerlo”.
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El plan fiscal plantea que se necesita un aumento en la tarifa base, sin contar el aumento para el pago a los bonistas. ¿Eso es correcto?
—“Lo que está diciendo es que el sistema necesita más de lo que hay actualmente en el sistema. Primero necesitamos aumentar los fondos para el sistema antes de que usted decida cuánta deuda se puede agregar. Además de eso, lo que sí sabemos es que si se financia el sistema al nivel actual, la gente no puede permitirse pagar entre $0.07 y $0.10 adicionales además de eso. Y el sistema está fallando actualmente”.
Antes había otro plan fiscal para la AEE que contemplaba el pago de la deuda pero hubo objeciones. Aún así, siempre se mantenía ese pago para los bonistas. ¿Qué cambió?
—“Sí, esa es una gran pregunta, porque lo que cambió aquí es que vemos que el sistema falla ante nuestros propios ojos y vemos que no puede mantener las luces encendidas literalmente. Desde 2017, nunca se analizó qué es lo que realmente necesita el sistema. Y el sistema está fallando más rápido de lo que podemos repararlo ahora mismo porque tiene 40 años. Eso es lo que ha cambiado”.
Está el plan fiscal, pero también el proceso del Negociado para verificar la tarifa básica. ¿Es ahí donde el Negociado debe aprobar ese aumento que se plantea en el plan fiscal o ellos no pueden aprobarlo?
—“Lo que dice el plan fiscal es cuánto necesita el sistema para operar. El sistema nunca admitirá añadir $0.10 a la tarifa. El negociado tomará su propia determinación, pero queremos ser claros: el sistema necesita dinero para el mantenimiento y la reparación, y todos debemos entender cuánto se necesita”.
El Negociado de Energía le pidió a LUMA que las propuestas tarifarias incorporen un escenario de repago “bajo” y otro “completo”. Al final del día, ¿qué determinación prevalece: la del negociado o la de la Junta?
—“El negociado toma la decisión final. Ellos son los que tomarán la decisión sobre las tarifas. El tribunal determinará la cantidad de deuda que se necesita respaldar. Estamos diciendo que $2,600 millones es todo lo que podemos pagar. El tribunal tomará la decisión final”.
¿La decisión del negociado es para verano de 2025? Aunque el proceso del tribunal se extiende, ¿cómo se compaginan los dos sucesos en torno a una línea de tiempo?
—“Las determinaciones que están tomando ahora mismo deberían estar en vigor durante tres años y, a partir de entonces, cada tres años. Por eso decimos que no debemos analizar esto brevemente en este momento, sino mirar a largo plazo porque se trata del futuro de Puerto Rico”.
¿Por qué no compartió el plan fiscal con la gobernadora?
—“Llevábamos un año elaborando este plan. Se han celebrado más de 50 reuniones diferentes con la AEE. Les informamos, hablamos con ellos sobre lo que era. Pero no es un documento político. No es parte de una negociación. Estos son los números. El plan está disponible y será analizado”.
Usted menciona que este plan no es un documento político, pero la gobernadora utilizó la palabra negociación. Incluso les pidió que pausaran el plan. ¿Lo considerarían?
—“Siempre hemos actualizado el plan fiscal para reflejar cambios materiales, pero solo podemos guiarnos por la información disponible. Esta es una visión honesta de cuáles son los desafíos para el sistema. Cualquier decisión sobre cuánto pagar la deuda proviene de la cantidad destinada al sistema para el mantenimiento y las reparaciones”.
La gobernadora ha dicho que su plan de energía reduce el gasto en combustible. ¿No es posible para este nuevo plan fiscal?
—“No lo sabemos con certeza. El plan siempre se basa en la ley actual. Si hay cambios, los reflejaremos en el análisis. Pero no podemos basar el plan fiscal a 30 años en propuestas actuales”.
¿Le crea suspicacia a la JSF que el director de AAFAF y los nuevos consultores hayan representado bonistas de la AEE?
—“No conozco la historia de esa asociación. Voy a suponer que todos piensan en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Dejaré que ellos decidan esas preguntas”.
Con esta diferencia entre La Fortaleza y ustedes en la Junta, ¿cómo podrán trabajar para buscar los $2,600 millones para el pago de los bonistas de otras fuentes del gobierno central?
—“Queremos tener esa conversación con el gobierno sobre cuáles son las opciones. Solo hay un par de opciones: o está en las tarifas o va a venir de alguna otra fuente. Cualquier dólar que gaste aquí o en tenedores de bonos se destina a inversiones para el pueblo en otras áreas, como salud o educación. No repitamos los errores del pasado”.
La gobernadora en un momento dado planteó pagar la deuda completa con dinero de Hacienda o recaudados. ¿Esa posibilidad de pagar de un golpe todavía existe?
—“El concepto de que podemos usar esto sin tener consecuencias es cómo Puerto Rico se declaró en quiebra. Ahora, llevo haciendo esto 25 años, siempre he buscado acuerdos. Lo importante es tener una conversación honesta, no política, sobre las implicaciones de estas decisiones a largo plazo”.
Si el plan fiscal de la AEE certificado deja fuera el pago a los bonistas, ¿ya no hay sobre la mesa un impuesto al sol?
—“No se ha discutido esa acusación desde que estoy aquí. Lo importante es entender que lo que se decida debe reflejar las necesidades del sistema. Lo que nos piden los bonistas es añadir casi $0.10 a la factura para pagar la deuda. Nada de eso se destina a reparar o mantener el sistema”.
Se habla de 20 centavos adicionales para los bonistas. Entonces, ¿a cuánto podría llegar: a 40 centavos por kilovatio hora?
—“Esa es la pregunta honesta que debemos hacernos: ¿cuánto necesita invertir el sistema y cuánto puede el pueblo de Puerto Rico permitirse añadir además de eso? En el plan fiscal analizamos el estado del sistema y no queda margen para añadir más costos”.
¿Ustedes ya están abiertos a cambios de operador?
—“Lo que siempre hemos dicho es que los operadores deben rendir cuentas. Si hay un nuevo operador, necesitamos un plan que no deje un vacío. No podemos olvidar las quiebras previas. Si hay un sucesor, debe estar listo para empezar de inmediato para que no perdamos más tiempo”.
¿Cómo es la relación de la Junta con el zar de energía? ¿Piensa que Josué Colón es la persona que pueda llevar a cabo el cambio de operador?
—“Creo que él está trabajando activamente para lograr un cambio, pero eso significa que debemos trabajar todos juntos. La gente está cansada de culpar a otros. Solo quieren que el sistema funcione. Es nuestra responsabilidad”.
¿Es difícil que todas estas figuras se pongan de acuerdo a trabajar juntos sin echarse culpas unos a otros?
—“Gobernar es difícil. Si fuera fácil, ya lo habríamos hecho. Lo que intentamos hacer es eliminar la política. La política es el arte de lo posible. No nos interesa invertir más dinero en el sistema del que el sistema necesita”.
¿Qué pasa con el sistema de retiro dentro del plan fiscal?
—“Los números son importantes porque cuando los sumas entiendes por qué ocurre esta conversación. Si van a discutir sobre la cantidad de inversión que necesita el sistema y cuando digo inversiones, cuando hablo de mantenimiento y reparaciones del sistema, el sistema no está en buen estado. ¿Cómo podemos hacer que el sistema esté en buen estado? Porque tiene que ser así… Y tenemos que tener una conversación real sobre eso, no puede ser tras bastidores”.
En el interín, mientras se aprueba la tarifa, ¿qué se puede hacer con el sistema de pensiones?
—“En este momento estamos haciendo los pagos. La Junta ha hecho prioridad para que los pagos de las pensiones no se detengan. Tenemos algo de dinero para los próximos meses, pero vamos a tener que revisar eso. Es importante que los jubilados reciban sus pagos”.
En el proceso de Título III, los bonistas están objetando las facturas de sus consultores, específicamente McKinsey, quienes dicen que han facturado $400 millones en ocho años sin alcanzar una solución. ¿Cuál es la posición de la Junta sobre el alto gasto en consultores?
—“Durante ocho años hemos negociado acuerdos para diez entidades en quiebra. El resultado ha sido reducir la deuda a la mitad, ahorrando $50,000 millones. Esto ha tenido un costo, pero estamos cerca de terminar este proceso, y espero que podamos cerrar este capítulo”.
