El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Departamento de Justicia radicaron cargos, en la tarde del viernes, contra Noel Suárez Correa, de 44 años, por infracción a la Ley de Armas y por maltrato a persona de edad avanzada.
El incidente se presentó el pasado 21 de febrero en el barrio Esperanza, del municipio de Arecibo, donde el acusado, residente del lugar de los hechos, habría amenazado con un arma blanca a dos familiares: su tío, de 56 años, y su abuela, de 79 años.
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El agente Tomás Figueroa Acevedo, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, consultó el caso con el fiscal Luis Vega Rosario de la Fiscalía de Arecibo, quien determinó la existencia de causa y ordenó la radicación de los cargos correspondientes.
Posteriormente, el caso fue presentado ante la juez Mirna Soliván Plaud del Tribunal de Arecibo. Tras la audiencia y la evaluación de la prueba, la magistrada determinó causa y estableció una fianza de $30 mil dólares, ordenando el ingreso del acusado en la Institución Correccional de Bayamón.
La vista preliminar está pautada para el próximo 7 de marzo, en la que se continuará con el proceso judicial.
Sentencian a exfuncionaria del municipio de Arecibo por apropiación ilegal de fondos públicos
Una exfuncionaria del Municipio de Arecibo, identificada como Maricelys Faria Morales, fue sentenciada a cumplir tres años en probatoria por apropiarse ilegalmente de sobre $14,000 de fondos públicos pertenecientes al ayuntamiento.
El juez Roberto Osoria Osoria, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, dictó una pena de tres años en probatoria por el delito de apropiación ilegal agravada, al amparo del artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico. Previo al acto de dictar sentencia Faria Morales, restituyó la cantidad de $14,170 al municipio de Arecibo como parte de una alegación preacordada con la DIPAC.
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“La corrupción es un mal que afecta a nuestra sociedad y tiene efectos adversos en los servicios que deben recibir los ciudadanos. En el Departamento de Justicia, reafirmamos nuestro compromiso en combatir la corrupción en todos los niveles con unidad de esfuerzos. Reconozco la labor del equipo de fiscales de la DIPAC, dirigida por la fiscal Sonia Martínez Ortiz y los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales que trabajaron arduamente en el procesamiento de este caso”, expresó la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado.
La exfuncionaria municipal realizó 16 transferencias fraudulentas de fondos públicos municipales a una cuenta personal desde el 2 de marzo al 12 de diciembre de 2018, mientras desempeñaba sus funciones en la Oficina de Sección 8 de Vivienda Municipal, apropiándose así de los fondos públicos.
La fiscal Tamara del C. Martínez Rosado, adscrita a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), contaba con prueba pericial y documental, para demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad de la convicta.
La investigación estuvo a cargo del inspector Raúl Ferrer Cordero, adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de Puerto Rico.
