Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó al tribunal que levante la suspensión temporera del litigio sobre la quiebra de la corporación pública, lo que abre la puerta a nuevas demandas contra la agencia. Mientras, expertos como la abogada Eva Prados y el licenciado Rolando Emanuelli advirtieron sobre las posibles repercusiones de esta movida, incluyendo el riesgo de un aumento en la factura de la luz.
Prados destacó que la solicitud de los bonistas responde a la negativa de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) de aumentar la tarifa eléctrica para pagar la deuda. Según la abogada, los bonistas han demostrado que no tienen intención de negociar y que su objetivo es garantizar pagos a costa de los consumidores.
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“Los bonistas están exigiendo aumentos a la luz que no son posibles. Hoy Puerto Rico está pagando demasiado por la electricidad. Un aumento más en la factura para pagar la deuda sería atroz para la economía”, sentenció Prados.
Por su parte, Emanuelli explicó que el pedido de los bonistas no busca desestimar de inmediato la quiebra de la AEE, sino que se elimine la paralización del litigio que la jueza Laura Taylor Swain impuso en julio pasado como parte de un proceso de mediación. La solicitud de los bonistas está programada para ser atendida el 19 de marzo, pocos días antes de que venza el periodo oficial de mediación el 24 de marzo.
“El escenario de que se desestime la quiebra lo que implica es que los acreedores pueden ir al Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se nombre un síndico que tome el control de la AEE. En ese caso, el resultado principal sería un aumento en la tarifa”, advirtió Emanuelli.
El abogado detalló que los bonistas han argumentado que la AEE podría estar ocultando ingresos, lo que, de probarse, fortalecería su reclamo de que la corporación pública tiene dinero disponible para pagarles. De ser cierto, esto podría traducirse en un alza en la tarifa eléctrica para cubrir el pago de la deuda.
Además, los bonistas han cuestionado la legalidad del Negociado de Energía, el ente que regula los aumentos en la tarifa. Según sus argumentos, cuando adquirieron los bonos, la AEE tenía la facultad de aumentar la tarifa sin intervención externa, por lo que ahora consideran inconstitucional la existencia de la entidad reguladora.
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Mientras tanto, la JSF tiene hasta este viernes para anunciar el itinerario del nuevo plan de ajuste de la deuda, el cual debe ser litigado antes de su posible confirmación. Emmanuelli estimó que el proceso se extendería hasta finales de 2025 o principios de 2026.
En medio de esta incertidumbre, Prados reiteró que los sectores más vulnerables, como los pensionados de la AEE, siguen sin recibir una respuesta concreta dentro del proceso de mediación.
“Ojalá la Junta estuviera negociando con los pensionados, porque eso sí es una prioridad. Pero con los bonistas no vale la pena mediar, porque lo único que buscan es que se les aumente la luz para garantizar su pago”, concluyó Prados.
La jueza Swain deberá decidir el 19 de marzo si permite que el litigio se reanude o si mantiene la suspensión mientras la JSF trabaja en una nueva versión del plan de ajuste de la deuda.
