Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó el lunes a la jueza federal Laura Taylor Swain que deje sin efecto la protección que suspendió los pagos de la deuda de la corporación pública bajo el proceso de Título III de la Ley federal PROMESA, tras la certificación de un nuevo plan fiscal que no contempla un cargo para el pago de la acreencia.
“Los bonistas solicitan terminar la suspensión de litigios de la AEE para ciertos asuntos claves de litigio porque, después de la última extensión, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) eliminó cualquier base razonable para mantener una suspensión”, lee parte de la moción radicada en Nueva York.
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Los bonistas que radicaron el recurso son Assured Guaranty Inc., PREPA Ad Hoc Group, National Public Finance Guarantee Corporation, GoldenTree Asset Management LP, Syncora Guarantee, Inc., y el U.S. Bank National Association. La acción surgió un día antes de la 47º Reunión Pública de la Junta.
El grupo plantea que la reciente presentación del plan fiscal de la JSF asume la posición de que no hay dinero para los acreedores, por lo que entienden que el ente fiscal no tiene intención de llegar a un acuerdo.
“Los bonistas han propuesto un acuerdo que permitiría a la AEE mantener las tarifas a un nivel que la Junta consideró razonable y asequible, proporcionaría 50 años de margen con bonos de reemplazo que prácticamente no tendrían riesgo de impago, y proporcionaría miles de millones de dólares en financiamiento para mejorar la red. Si la Junta hubiera participado, la AEE podría haber salido del Título III rápidamente”, lee parte de los argumentos en el recurso legal.
Argumentaron que ellos han negociado de buena fe, mientras califican la posición de la JSF como irrazonable. Específicamente apuntan al planteamiento de no hay dinero disponible para ser distribuido a los tenedores de bonos.
Actualmente, la AEE enfrenta más de $10 mil millones en reclamaciones de bonistas, incluyendo capital e intereses de deuda en bonos, otras obligaciones de deuda financiadas y otras reclamaciones de acreedores no garantizados. Además, la corporación pública tiene un plan de pensiones con un déficit actuarial de aproximadamente $4.4 mil millones. Un aumento en la tarifa de la AEE contemplado en el nuevo plan fiscal aprobado por la JSF no será suficiente para pagar la deuda en proceso de reestructurarse bajo el Título III de la Ley PROMESA, por lo que la negociación con los bonistas y el pago de las pensiones debe identificar otra fuente de recursos en el gobierno de Puerto Rico.
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“Al certificar su nuevo plan fiscal, la Junta ha dejado en claro que está decidida a litigar con los acreedores de la AEE durante muchos años más, financiando su estrategia con la garantía en efectivo de los tenedores de bonos. Si bien los tenedores de bonos favorecen inequívocamente una resolución consensual del caso del Título III de la AEE, la suspensión del litigio no promueve ese resultado”, agregaron.
Los bonistas incluso utilizan las expresiones públicas de la administración de Jenniffer González para su argumentación. “Al igual que el director ejecutivo de la AAFAF, la gobernadora calificó las nuevas previsiones incorporadas en el plan fiscal como ‘no basadas en hechos’. Ahora está muy claro que la Junta simplemente no se comprometerá con un plan consensual sin una resolución sobre ciertas cuestiones clave. El litigio debe proceder con una moción actualizada para obtener un alivio de la suspensión automática o una protección adecuada, una moción para presentar una reclamación por gastos administrativos, la contrademanda contable de los tenedores de bonos y una moción para desestimar este caso del Título III”, solicitaron los bonistas a la jueza.
Además, argumentaron que “la Quinta Enmienda y la ley PROMESA no permiten que los acreedores garantizados permanezcan atados de pies y manos, sin una audiencia, mientras sus bienes en garantía desaparecen. La reparación solicitada es urgente y necesaria. Los peticionarios piden respetuosamente al Tribunal que conceda la petición mediante la presentación de la orden propuesta que se adjunta como Anexo A”. Esto último en referencia a un borrador que los bonistas le presentan a la jueza para que emita una orden a favor de su pedido.
Aquí puedes ver la moción:
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