Tanto el Departamento de Salud como el Departamento de Educación respaldaron el Proyecto del Senado 1, que busca establecer nuevas regulaciones sobre la vacunación en situaciones de emergencia sanitaria. Ambas agencias comparecieron ante la Legislatura para exponer sus posturas y explicaron cómo esta medida podría impactar al sistema de salud pública y al estudiantado.
El Proyecto del Senado 1 propone modificar la actual Ley de Inmunización Compulsoria para Niños Preescolares y Estudiantes, conocida como la Ley 25 de 1983, permitiendo que el Estado limite las exenciones por razones religiosas en caso de una epidemia o emergencia de salud pública. Esta legislación establece que los menores que no cumplan con los requisitos de vacunación, sin el consentimiento informado de sus padres, no podrán asistir a las instituciones educativas hasta que concluya la emergencia sanitaria.
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, explicó que esta medida busca balancear la libertad religiosa con la protección de la salud pública. “El Estado tiene la responsabilidad de proteger a toda la población, especialmente a los más vulnerables. En una epidemia, las decisiones individuales pueden tener un impacto colectivo”, indicó Ramos Otero en el memorial explicativo. Agregó que, en tiempos recientes, las tasas de vacunación se redujeron debido a un aumento en las solicitudes de exención, lo que representa un riesgo ante la posible propagación de enfermedades contagiosas.
El Departamento de Salud detalló que la ley vigente permite exenciones por razones médicas y religiosas. Para la exención médica, un médico autorizado debe certificar que la vacuna es perjudicial para la salud del menor. En cuanto a la exención religiosa, se requiere una declaración jurada del padre o tutor indicando sus creencias, sin necesidad de validación por parte de una organización religiosa. Sin embargo, el Proyecto del Senado 1 permitiría que, en el contexto de una emergencia de salud pública, el Estado restrinja esta exención para evitar brotes epidemiológicos.
Por su parte, el Departamento de Educación expresó su respaldo a la medida y enfatizó que la seguridad del estudiantado debe ser una prioridad. “Nuestro deber es garantizar un ambiente seguro en las escuelas. Esto incluye minimizar riesgos sanitarios que puedan afectar a la comunidad escolar”, indicó la agencia en su presentación ante la Legislatura.
La agencia recordó que, bajo la Ley 85 de 2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, los padres tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre la educación y crianza de sus hijos, pero que este derecho debe armonizar con el bienestar colectivo. “Las libertades individuales no pueden comprometer la salud de los demás estudiantes. La educación es un derecho fundamental, pero también lo es la protección de la salud pública”, añadieron los funcionarios.
Actualmente, el Departamento de Salud coordina clínicas de vacunación en las escuelas cuando se detecta un aumento en casos de enfermedades como la influenza. En estos operativos, se solicita el consentimiento de los padres antes de administrar las vacunas. Según el Proyecto del Senado 1, en una epidemia, aquellos estudiantes que no cuenten con la inmunización requerida y sin una justificación médica válida podrían ser excluidos de la asistencia presencial hasta que la emergencia sanitaria termine.
Uno de los puntos más debatidos en la Legislatura ha sido si la eliminación de la exención religiosa en casos de epidemia podría interpretarse como una violación de derechos constitucionales. Sobre este tema, el Departamento de Educación expresó que “la libertad religiosa está protegida por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, pero, en situaciones de crisis sanitaria, el Estado tiene el deber de tomar medidas excepcionales para garantizar la salud pública”.
Desde el ámbito de la salud, el secretario Ramos Otero sostuvo que la ciencia respalda la necesidad de una cobertura de vacunación amplia para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.
“La historia demuestra que las vacunas son una de las herramientas más efectivas para erradicar y controlar epidemias. Cuando se reducen las tasas de vacunación, el riesgo de brotes aumenta”, señaló.
El Proyecto del Senado 1 también propone que los estudiantes exentos de vacunación por razones médicas o religiosas puedan recibir educación a distancia o modalidades alternativas mientras dure la emergencia sanitaria. Sobre este punto, el Departamento de Educación explicó que ya se cuenta con plataformas para la enseñanza virtual, aunque la infraestructura requiere mejoras para garantizar acceso equitativo a todos los estudiantes.
Otro aspecto que generó discusión fue el consentimiento informado. Según el proyecto, los padres o tutores deberán recibir información detallada sobre los riesgos y beneficios de la vacunación antes de decidir si sus hijos reciben o no la inmunización. “Es importante que las familias tengan acceso a información clara y basada en evidencia científica. La decisión de vacunar debe estar fundamentada en datos verificables”, expuso el Secretario de Salud.
