Del CPI.
A un mes de haber cesado como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen M. Vélez Vega fue nombrada directora estratégica de infraestructura de Kimley-Horn, compañía que tuvo contratos con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de los Puertos (AP), dos corporaciones adscritas al DTOP y en las que esta fue presidenta de sus respectivas Juntas de Directores.
Como los contratos fueron con las dos corporaciones públicas y no con el DTOP, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) consideró que “no existe impedimento alguno para que usted ocupe el puesto de directora estratégica de infraestructura en Kimley-Horn”, lee una opinión del 7 de febrero firmada por la directora auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación de la OEG, Massiel Y. Hernández Tolentino, en respuesta a una consulta que hizo Vélez Vega.
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La Ley de Ética Gubernamental dispone que un ex servidor público no puede, durante el año siguiente a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ocupar un cargo, tener interés pecuniario o contratar, directa o indirectamente, con una agencia, persona privada o negocio sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo.
La funcionaria fue vicepresidenta adjunta de Kimley-Horn justo antes de ser secretaria del DTOP. La designación de Vélez Vega como secretaria de Transportación fue anunciada, el 6 de diciembre de 2020, por el exgobernador Pedro Pierluisi. Según el documento de la OEG, Vélez Vega se mantuvo en la firma de ingeniería como contratista de la ACT y de Puertos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Representó a Kimley-Horn ante la Autoridad de Puertos y de Carreteras
Como vicepresidenta de Kimley-Horn, Vélez Vega compareció ante la AP en 2020 y firmó cinco contratos entre la consultora en ingeniería y la corporación pública. Esos mismos contratos fueron enmendados para extenderles la vigencia o la cuantía cuando ya la ingeniera fungía como presidenta de la Junta de Directores de la AP, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Durante el periodo al frente de la Junta de Directores de la AP (2021-2024), la firma de ingeniería recibió, además, tres contratos nuevos que sumaron $1.3 millones, y otros contratos anteriores recibieron 35 enmiendas que le añadieron $1.2 millones.
Además, mientras la ingeniera fue presidenta de la Junta de Directores de la ACT, la corporación pública enmendó siete veces un contrato de $2.4 millones que esta firmó, en 2018, como representante de Kimley-Horn. Las enmiendas fueron para extender la vigencia del acuerdo.
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Según el documento de opinión de la OEG, la exsecretaria afirmó en su comunicación que, durante su término al frente del DTOP, no intervino en ninguno de los contratos de las corporaciones públicas adscritas al DTOP ni tuvo interacción alguna con Kimley-Horn como parte de sus funciones.
En su respuesta a la consulta hecha por la exsecretaria, la OEG advierte que aunque no hay problemas con que regrese a trabajar con la firma de ingeniería, sí, debe abstenerse, por dos años, “de ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar de forma alguna o representar directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública ante la agencia para la que laboró”. El impedimento es específicamente para el DTOP, y nada dice de abstenerse de asesorar o representar a la empresa ante la ACT ni con Puertos.
Cuando el CPI preguntó a la OEG por qué no se extendieron las prohibiciones de interacción a ambas corporaciones públicas, la ayudante ejecutiva del director Luis Pérez Vargas, Aidny M. Serrano Vázquez, aclaró que las prohibiciones y limitaciones impuestas a Vélez Vega también deben aplicar a la ACT y a la AP, al ser corporaciones públicas adscritas al DTOP.
“A la exsecretaria se le orientó que no podrá comparecer en cualquier agencia para la cual laboró, lo que incluye a cualquier otra agencia en la cual haya ocupado un puesto o designación”, agregó por escrito. “De la exsecretaria haber sometido información incorrecta o incumplir con nuestras restricciones, la Oficina podrá comenzar una investigación administrativa por violaciones a nuestra Ley Orgánica”.
La OEG reiteró que no hay ningún conflicto en que la ingeniera labore en Kimley-Horn porque, aunque haya sido la presidenta de la Junta de Directores de la AP y la ACT, no fue la persona que firmó esos contratos ni sus extensiones, sino que las acciones para la contratación fueron hechas por otros funcionarios de las corporaciones públicas.
Kimley-Horn tiene cinco contratos vigentes con la AP, uno de estos para asesoría de mejoras de capital relacionadas con servicios de aviación, y otros tres para trabajos en los aeropuertos de Isla Grande, Vieques, Culebra y Ceiba. Todos vencen el 25 de junio de 2025. Algunos de esos contratos respondieron a propuestas presentadas por Vélez Vega como representante de Kimley-Horn y están anejados al contrato.
Regresa con su pasado patrono
“Kimley-Horn Puerto Rico, LLC, una destacada consultora en ingeniería, planificación y diseño, continúa su expansión e impacto en la consultoría de infraestructura estratégica al dar la bienvenida a Eileen M. Vélez Vega, PE, de regreso a la empresa”, anunció la compañía en un comunicado de prensa a finales de enero. “Eileen recientemente concluyó su distinguido mandato como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo notablemente la primera mujer en ocupar este cargo”.
De acuerdo con el comunicado de prensa, Vélez Vega trabajaba en el área de infraestructura de aeropuertos en Kimley-Horn.
A pesar de que en el comunicado de prensa, la firma de ingeniería manifiesta que “Eileen aprovechará los esfuerzos de Kimley-Horn para moldear el futuro del transporte, las obras públicas y el desarrollo de infraestructura en Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico”, en su consulta a la OEG, Vélez Vega señaló que sus funciones no le requerirán comparecer durante los próximos dos años ante el DTOP ni comunicarse con los funcionarios de esa agencia. Pero dicha entidad es la encargada de la infraestructura vial de Puerto Rico.
De acuerdo con la convocatoria de empleo de Kimley-Horn publicada hace poco más de un mes en LinkedIn, el objetivo de reclutar a un director o a una directora de infraestructura estratégica era “expandir” sus negocios en Puerto Rico.
Entre los requisitos para la posición, está tener relaciones establecidas con el Departamento de Transportación local, las agencias y los municipios.
El CPI preguntó a Vélez Vega cómo se puede abstener de contactar a los funcionarios del DTOP y cumplir con la expectativa de Kimley-Horn de expandirse en el área del transporte y las obras públicas en Puerto Rico. No obstante, la ingeniera no contestó directamente la pregunta.
“Desde que completé mi término como secretaria del DTOP el pasado 31 de diciembre de 2024, he seguido la Ley [de Ética Gubernamental] y me orienté con la Oficina de Ética Gubernamental [de Puerto Rico]”, se limitó a comunicar la ingeniera civil por escrito. La exsecretaria añadió que solicitó una dispensa a la OEG.
Vélez Vega tiene experiencia e interés particular en infraestructura de aeropuertos, y según dijo a la prensa, antes de dirigir el DTOP se dedicó a la investigación para pavimentos de aeropuertos militares cuando trabajó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en Misisipi. Mientras trabajó en la compañía Kimley-Horn, antes de ser secretaria, se dedicó especialmente al diseño de pistas e infraestructura de aeropuertos.
Kimley-Horn realiza estudios para el desarrollo de Esencia
La firma de ingeniería para la que ahora trabaja Vélez Vega realizó, en verano del año pasado, para la corporación Cabo Rojo Lands Acquisition LLC, los estudios de almacenamiento de energía fotovoltaica y manejo de aguas residuales necesarios para la aprobación del multimillonario proyecto residencial-turístico Esencia en Cabo Rojo.
Como parte de ambos estudios, Kimley-Horn también participó de la preparación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, sometida en 2024 por la corporación a la Oficina de Gerencia de Permisos. En el documento, se detallan las consecuencias ambientales del desarrollo propuesto en el barrio Boquerón, en este municipio del suroeste de Puerto Rico.
La compañía especializada en consultoría e ingeniería específicamente realizó, para el DIA, el estudio sobre el potencial sistema de tratamiento de aguas residuales que se desarrollará como parte del proyecto. El tratamiento de estas aguas en el área costera ha generado preocupación en grupos ambientales por los daños que la depuración puede provocar a los arrecifes de coral. Organizaciones como AmandOcéano han alertado sobre el impacto que tiene sobre los corales el cloro que típicamente se usa para desinfectar las aguas usadas cuando el complejo entre en operaciones.
El Comité Caborrojeño Pro-Salud y Ambiente y el Comité por la Verdadera Esencia también han llamado la atención sobre el riesgo que sufrirían los arrecifes con el tipo de desarrollo propuesto. En esta área de Cabo Rojo, se encuentra uno de los pocos ecosistemas de este tipo en Puerto Rico, una barrera de mitigación vital ante la crisis climática.
El proyecto Esencia en Cabo Rojo contempla usos hoteleros, recreativos y turísticos-residenciales una vez completado, de acuerdo con el documento ambiental sometido por Cabo Rojo Land Acquisition, LLC. El desarrollo propone la construcción de 530 cuartos de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela con 500 dormitorios para estudiantes, dos campos de golf, áreas recreativas, de servicio médico, entretenimiento, espacios comerciales y de siembra. El proyecto cuenta además con accesos vehiculares a la playa con instalaciones sanitarias.
