Como consecuencia de las recientes controversias que han surgido con exservidores públicos y las consultas atendidas para ejercer nuevas funciones tras la salida del servicio público, el portavoz alterno del Senado, Juan Oscar Morales, se reunió con el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, para iniciar la evaluación a posibles enmiendas a la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico” (Ley I de 2012, según enmendada).
“Esta ley no ha tenido revisiones ni enmiendas sustanciales en más de 10 años. Ciertamente, es necesaria una revisión que provea una ley actualizada, que cumpla con las necesidades de estos tiempos y, sobre todo, que vele por el mejor interés del servicio público en Puerto Rico”, aseguró el senador en declaraciones escritas.
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Entre las enmiendas presentadas para la consideración del legislador, se encuentran unas revisiones al lenguaje de la actual ley, con el propósito de uniformar las disposiciones, poderes y facultades legales. Además, se buscará incluir prohibiciones éticas de carácter general, establecer las restricciones para las actuaciones de los exservidores públicos, entre otras disposiciones.
“Algunas de sus disposiciones son demasiado amplias y no permiten restringir funciones que a todas luces no son morales, pero la ley no establece que sean necesariamente ilegales. Estamos comprometidos con hacer un análisis profundo para asegurar el mejor interés en el servicio público”, añadió.
Por su parte, el director ejecutivo de la OEG expresó: “Para nosotros es de suma importancia que se puedan aprobar las enmiendas a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Estas enmiendas buscan robustecer la ley y aclarar ciertos términos para evitar los aparentes conflictos de interés y delinear, de forma más precisa, las prohibiciones éticas de carácter general. Agradezco la disposición y los lazos de ayuda que nos brinda el senador y nos reiteramos en la disposición de dialogar sobre la necesidad de las enmiendas”.
La controversia surge luego de que el “exfiscalizador” de LUMA Energy, Francisco Berríos Portela, se uniera a una de las matrices del consorcio, Quanta Services Puerto Rico.
