LOS ÁNGELES (AP) — Treinta funcionarios de un centro de detención juvenil en el sur de California han sido acusados por su papel en la facilitación de lo que se denominan “peleas de gladiadores” entre los menores a su cargo, dijo el lunes el fiscal general del estado.
Una acusación de un jurado investigador alega que los funcionarios en el Centro Juvenil Los Padrinos en el condado de Los Ángeles permitieron y, a veces, alentaron casi 70 peleas que ocurrieron entre julio de 2023 y diciembre de 2023. Más de 140 víctimas, con edades entre 12 y 18 años, estuvieron involucradas.
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“Creemos que esto fue planeado, fue intencionado”, dijo el fiscal general, Rob Bonta. “A menudo querían que sucedieran al comienzo del día, en un momento determinado, en un lugar específico; se creó un espacio y un tiempo para las peleas, y el plan era que las peleas ocurrieran”.
Los funcionarios enfrentan cargos que incluyen poner en peligro a menores, así como abuso, conspiración y agresión.
Estaba previsto que 22 personas fueran procesadas el lunes en la Corte Superior del Condado Los Ángeles.
La investigación comenzó después de que el Los Angeles Times obtuviera y publicara por primera vez un video que muestra a un joven de 17 años siendo atacado por al menos seis personas más, quienes se acercan a él uno por uno mientras los funcionarios observan. Algunos funcionarios parecen reír y estrechar la mano de los participantes en la golpiza.
El video se hizo público por primera vez durante una audiencia judicial en la que el defensor público del joven de 17 años argumentó ante un juez que no estaba seguro en Los Padrinos y que debería ser liberado antes de su juicio.
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La acusación señala a dos funcionarios de libertad condicional que supuestamente informaron a los empleados con anticipación de que habría combates y que “no debían decir nada, escribir nada, y solo observar”. También alega que uno de los funcionarios dijo a los jóvenes implicados que “se negaran a recibir tratamiento cuando fueran a atención médica para ser atendidos por enfermeras”.
El Departamento de Libertad Condicional del Condado Los Ángeles, que gestiona el centro, dijo en un comunicado que “apoya y aplaude plenamente” las acusaciones del fiscal general del lunes, y que todos los funcionarios involucrados están suspendidos sin sueldo.
“Nuestro departamento buscó la asistencia de las autoridades policiales cuando se descubrió la mala conducta”, dice el comunicado. “Desde entonces, hemos colaborado plenamente con nuestros colaboradores en la aplicación de la ley. (...) La rendición de cuentas es una piedra angular de nuestra misión, y tenemos cero tolerancia hacia la mala conducta de cualquier funcionarios de paz, especialmente aquellos que tratan con jóvenes en nuestro sistema”.
Jamal Tooson, quien representa al joven de 17 años y a su familia en un caso civil contra el condado, calificó la acusación del lunes como “la punta del iceberg” de un problema sistémico en el departamento de libertad condicional.
Hay una “cultura que promueve la falta de rendición de cuentas, la violencia y políticas que instan a los funcionarios a mirar hacia otro lado, como se evidencia en el video”, dijo Tooson. “La reacción de los niños que estaban comiendo su almuerzo, realmente no parecían sorprendidos o impactados, lo que me dice que esto es un acontecimiento diario”.
Tooson representa a varias otras familias con hijos perjudicados en Los Padrinos, incluyendo a uno que sufrió una lesión cerebral traumática después de ser noqueado en un aula, dijo.
