El sistema educativo de Puerto Rico enfrenta un panorama incierto ante la posibilidad de recortes federales que impactarían directamente los servicios esenciales en las escuelas públicas. Líderes del sector magisterial han alertado que la reducción de fondos podría traducirse en menos maestros y personal de apoyo, un aumento en la cantidad de estudiantes por salón y hasta posibles aumentos en impuestos para compensar la pérdida de recursos.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, expresó su preocupación ante este escenario, señalando que los recortes podrían tener consecuencias devastadoras en la educación de la isla.
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“No solo se trata de la reducción de personal, sino de la calidad del servicio educativo que reciben nuestros estudiantes. Estamos hablando de un deterioro en el acceso a recursos fundamentales para su desarrollo”, sostuvo Bonilla.
Actualmente, Puerto Rico recibe aproximadamente $2,500 millones en fondos federales para diversas áreas del sistema educativo. Esta es la cantidad total de fondos asignados en la actualidad, pero aún no se ha determinado cuánto de ese monto podría verse afectado por los recortes. Sin embargo, expertos advierten que cualquier reducción afectaría múltiples programas y servicios esenciales.
Entre las áreas que dependen de estos fondos se encuentran, educación especial con $51 millones. Comedores escolares con $157 millones. Educación vocacional con $20 millones. Educación de adultos con $19 millones. Asistencia técnica para maestros y estudiantes con $109 millones. Mantenimiento de escuelas públicas con $140 millones. Institutos tecnológicos con $4 millones.
Bonilla, destacó que el posible recorte “pone en riesgo los servicios esenciales que reciben los estudiantes en las escuelas públicas, sobre todo aquellos con mayores necesidades”.
Además, enfatizó que estos recortes no solo afectarían la enseñanza, sino que podrían provocar el cierre de escuelas, una preocupación que ya ha surgido en administraciones anteriores.
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“No podemos permitir que la falta de fondos se utilice como justificación para cerrar más planteles. Esto es un derecho de nuestros niños y jóvenes”, advirtió.
Bonilla detalló que, de concretarse los recortes, los efectos serían devastadores no solo para Puerto Rico, sino para todos los estados y territorios. Indicó que 26 millones de niños vulnerables perderían servicios esenciales, 7.5 millones de estudiantes con diversidad funcional perderían acceso a la educación especial financiada por el gobierno federal, 10 millones de estudiantes de familias trabajadoras podrían quedarse sin becas Pell y préstamos, y unos 12 millones de estudiantes perderían el acceso a programas de educación técnica y profesional.
Ante la incertidumbre, la AMPR ha tomado medidas para orientar a la comunidad escolar sobre el posible impacto de la reducción de fondos. Se han programado jornadas de orientación en más de 850 escuelas, con el fin de informar a docentes, padres y estudiantes sobre las consecuencias de estos recortes y las acciones que pueden tomar para defender el sistema educativo.
El presidente de la AMPR hizo un llamado a la ciudadanía para presionar a los líderes políticos locales y a los congresistas en Estados Unidos con el fin de evitar la disminución de recursos. La AMPR trabaja junto a la American Federation of Teachers (AFT), la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la Federación Americana de Trabajadores (AFL-CIO) en un esfuerzo de cabildeo para resaltar la importancia de estos fondos en la educación de Puerto Rico. Juntos se han unido a una campaña de orientación sobre las consecuencias que tendría la eliminación de fondos al Departamento de Educación federal, algo que el presidente Donald Trump procura realizar.
“Sin estos recursos, potencialmente se verían afectados miles de estudiantes de nuestras escuelas que hoy dependen o se benefician de programas de servicio directo y servicio de apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE)”, agregó Bonilla Sánchez.
Otro aspecto en la respuesta a esta situación es el análisis detallado del presupuesto del Departamento de Educación para entender el alcance del impacto y buscar posibles soluciones que mitiguen los efectos negativos.
“Necesitamos que el gobierno local haga su parte para garantizar que, ante cualquier recorte, se protejan los recursos esenciales para los estudiantes”, señaló Bonilla.
