Ampliar el radio de acción investigativa, añadir facultades para atender delitos graves y otorgar más privilegios a los policías municipales son algunas de las propuestas que persigue el Proyecto de la Cámara 139, atendido hoy en una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.
La medida fue presentada por el representante Ángel Morey Noble con el fin de proveer los mecanismos para facilitar el cumplimiento de las labores de los cuerpos policiacos municipales y extender a estos los mismos beneficios contemplados en la jurisprudencia para los agentes estatales.
PUBLICIDAD
El presidente de la comisión cameral, Luis “Junior” Pérez Ortiz, expresó: “Lo que estamos buscando es que la Policía de Puerto Rico tengo otro brazo de cooperación… Ningún proyecto está escrito en piedra, pero quizás de aquí surjan unas ideas que se pueden finiquitar y buscarle una herramienta más al país”.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) se opuso a la pieza legislativa al señalar el impacto fiscal que conllevaría su implementación y resaltar que el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) ya incorporó a la Policía Municipal diversas facultades del Negociado estatal de la Policía (NPPR).
La licenciada Omara Arias, en representación del DSP, aseguró: “Aunque responden a un mismo deber, los miembros del NPPR y los policías municipales tienen marcadas distinciones en su sistema operacional y organizacional. Atemperar estos cuerpos policiales en todo lo que concierne la ejecución de sus funciones, así como su andamiaje, trastocaría grandemente nuestro sistema”.
Entre ellas, mencionó la autoridad delegada al NPPR para esclarecer los delitos relacionados a la propiedad vehicular, específicamente bajo el Negociado de Vehículos Hurtados, que aplica un “proceso riguroso” para el reclutamiento y adiestramiento de investigadores.
La deponente subrayó que los policías municipales no forman parte de esta unidad especializada, si bien trabajan en conjunto durante las intervenciones vehiculares que realizan dentro del limitado alcance que tienen en estos crímenes.
PUBLICIDAD
Ante ello, el representante Sergio Estévez Vélez, cuestionó: “Si están preparados, reciben adiestramientos y apoyan a la Policía estatal, ¿por qué no pueden intervenir? No es una cosa tan aislada para intervenir cuando, muchas veces, la Policía Municipal es la primera que llega al evento”.
En una ponencia firmada por el secretario Arthur J. Garffer, el DSP agregó que el proyecto de ley alteraría el proceso de la Reforma de la Policía, cuya implementación escalonada responde a “unos propósitos particulares” solo vinculantes al NPPR.
“El promover que los policías municipales estén en igual condición para lograr la consecución de las medidas propuestas en este proyecto, trastocaría el proceso de Reforma, los planes de trabajo delineados y, por ende, tendrá como consecuencia el incumplimiento del NPPR”, afirmó Arias.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Comisionados Municipales, el inspector Rubén Moyeno, avaló la aprobación de la medida al indicar que estos cuerpos policiacos, en su gran mayoría, cuentan con unidades especializadas y que cada miembro está preparado por la academia del NPPR.
A pesar de este hecho, el DSP reiteró que los agentes municipales necesitarán cumplir con los readiestramientos requeridos -semejantes a los que recibe el NPPR- para cada división. El presidente de la entidad, por otro lado, apoyó que familiares de policías municipales fallecidos en el cumplimiento del deber reciban las mismas compensaciones establecidas por ley para los agentes del NPPR.
“¿Qué queremos? Que cuando el ciudadano venga donde el policía municipal, que no estemos atados de manos… La ciudadanía lo que necesita es que, cuando venga donde mí, yo poder decir: ‘Le voy a ayudar’. No decirle: ‘No puedo, porque la Ley 107 me lo impide’”, manifestó Moyeno.
Municipios se oponen
Por su parte, la Asociación de Alcaldes expresó su oposición a la medida mediante un memorial explicativo en el cual destacaron su preocupación por el efecto que tendría en las finanzas municipales.
Pese a que no estuvo presente en la audiencia pública, la directora ejecutiva de la entidad, Verónica Rodríguez, destacó en la ponencia que la medida podría perjudicar la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impone cargas adicionales a la Policía Municipal.
La comandante Sharon Ruiz, quien cuenta con más de 30 años de carrera en la Policía estatal, también delineó algunas inquietudes con la propuesta legislativa y sugirió que los esfuerzos se concentren en atender la escasez de agentes municipales en la Isla.
De acuerdo con datos del inspector Moyeno, los municipios de Vieques, Aibonito y Cayey no cuentan con cuerpos de Policía Municipal.
“En el caso de que coexistan dos cuerpos con igual autoridad, me preocupan investigaciones paralelas que se puedan estar llevando a cabo. Me preocupan los límites de las investigaciones; quién comenzaría una investigación; quién culminaría una investigación. También la omisión de responsabilidades”, destacó la comandante Ruiz.
Ante este planteamiento, el representante Pérez Ortiz ratificó que el proyecto cameral únicamente busca “unir esfuerzos” para combatir la criminalidad rampante en Puerto Rico, además de retener a los policías municipales.
“Estamos buscando una herramienta. No para crear conflicto, no para quitarle poderes a nadie, sino buscando fomentar un equipo de trabajo más eficaz”, sentenció el legislador.
