EAGLE PASS, Texas, EE.UU. (AP) — El vicepresidente JD Vance visitará la frontera entre Estados Unidos y México el miércoles para resaltar las políticas de inmigración más estrictas que la administración Trump afirma han llevado a una drástica reducción de arrestos por cruces ilegales en las primeras semanas del gobierno actual.
Vance estará acompañado en Eagle Pass, Texas, por el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, como los miembros de más alto rango de la Casa Blanca de Trump que visitan la frontera sur.
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Las autoridades federales de aviación han despejado el espacio aéreo para que el Air Force Two realice el viaje, y las autoridades estatales y activistas locales dicen que el itinerario de Vance incluye una visita a Shelby Park, un espacio verde municipal a lo largo del Río Bravo (Río Grande) que el gobernador republicano Greg Abbott confiscó de las autoridades federales el año pasado en una disputa con la administración Biden, a la que acusó de no hacer lo suficiente para frenar los cruces ilegales.
Trump convirtió la represión de la inmigración en el eje central de su campaña, prometiendo detener la llegada de migrantes y frenar el flujo de fentanilo que cruza la frontera. Como parte de ese esfuerzo, impuso aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá el martes, afirmando que ninguno de los dos está haciendo lo suficiente para abordar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Sin embargo, su secretario de Comercio ha sugerido que se está trabajando en un acuerdo para reducir los aranceles, que podría anunciarse tan pronto como el miércoles.
“Ahora están fuertemente arraigados en nuestro país. Pero los estamos sacando y lo estamos haciendo rápido”, declaró Trump sobre los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso el martes por la noche.
Aunque Trump no ha realizado un viaje a la frontera desde su investidura, la visita de tres de sus altos funcionarios es evidencia del enfoque de su administración en el tema. Ha encargado a las agencias del gobierno federal trabajar para reformar la política fronteriza e inmigratoria, yendo mucho más allá del Departamento de Seguridad Nacional, el hogar tradicional de la mayoría de estas funciones.
Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México cayeron un 39% en enero en comparación con el mes anterior, aunque ya antes habían estado disminuyendo drásticamente desde mucho antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero, desde un máximo histórico de 250.000 en diciembre de 2023. Desde entonces, las autoridades mexicanas han aumentado las medidas dentro de sus propias fronteras y el presidente Joe Biden, un demócrata, introdujo severas restricciones al asilo a principios del verano pasado.
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La administración Trump ha presentado sus nuevas iniciativas, que incluyen poner a inmigrantes esposados en aviones militares de Estados Unidos para deportaciones y enviar a algunos al centro de detención en Guantánamo, Cuba. También ha ampliado los arrestos de agentes federales de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y ha abandonado programas que otorgaban permiso a algunos para quedarse.
El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, indicó que se ha priorizado a los migrantes con antecedentes penales en los primeros esfuerzos por reunir y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero agregó sobre otros migrantes: “Si estás en el país ilegalmente, no estás inmune”.
“Cuando encontramos al malo, muchas veces están con otros, otros que no son una prioridad criminal, pero que estaban en el país ilegalmente”, indicó Homan a los periodistas fuera de la Casa Blanca el martes. “Ellos también están llegando”.
Desde que comenzó el segundo mandato de Trump, su gobierno ha enviado a unos 6.500 militares en servicio activo a la frontera sur. Antes de eso, había alrededor de 2.500 efectivos ya allí, en su mayoría tropas de la Guardia Nacional bajo órdenes de servicio activo, junto con un par de cientos de fuerzas de aviación en servicio activo.
De los que están siendo movilizados, muchos aún solo se están preparando para ir. El fin de semana pasado, Hegseth aprobó órdenes para enviar una gran parte de una brigada Stryker del Ejército y un batallón de aviación de apoyo general a la frontera. Con un total de aproximadamente 3.000 uniformados, se espera que se desplieguen en las próximas semanas.
Las tropas son responsables de la detección y monitoreo a lo largo de la frontera, pero no interactúan con los migrantes que intentan cruzar ilegalmente. En su lugar, alertan a los agentes fronterizos, quienes luego toman a los migrantes bajo custodia.
Biden encargó a la vicepresidenta Kamala Harris abordar las causas fundamentales de la inmigración durante su administración, buscando centrarse en por qué tantos migrantes, particularmente de Centroamérica, estaban dejando sus países de origen y viniendo a Estados Unidos en busca de asilo o tratando de ingresar al país ilegalmente.
Harris realizó su primera visita a la frontera en junio de 2021, aproximadamente tres meses y medio más tarde en el mandato de Biden que el viaje de Vance en las primeras semanas del segundo mandato de Trump. Trump ha bromeado rutinariamente que Harris estaba a cargo de la política de inmigración, pero no visitó la frontera ni mantuvo contacto cercano por teléfono con funcionarios federales.
El viaje de Vance se produce mientras la administración Trump considera el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar a venezolanos basándose en una proclamación que etiqueta a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza de invasión que podría estar actuando por orden del gobierno de ese país. Esto según un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto que habló bajo la condición de anonimato para discutir deliberaciones internas de la administración.
No está claro cuán cerca están las decisiones de ser finalizadas. Algunos funcionarios han cuestionado si la pandilla está actuando como una herramienta del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos no ha reconocido como el líder legítimo de ese país. Existen algunas preocupaciones de que invocar la ley requeriría que Estados Unidos reconociera más formalmente a Maduro.
Aún así, la ley de 1798 permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra, y Trump la ha mencionado como una posible herramienta para acelerar sus deportaciones masivas.
