Un experto legal en litigios por impericia médica, así como una profesional en una organización de salud reproductiva, perciben, en sus respectivas prácticas, una frecuencia alta de casos de violencia obstétrica, en las que una paciente no recibe el trato adecuado durante su embarazo, parto o posparto.
El abogado Paúl Rodríguez Vélez, fundador de PR Trial Lawyers, un bufete que atiende mayormente casos de impericia médica, contó a Metro Puerto Rico que la mayor dificultad en representar casos de violencia obstétrica, que son altamente técnicos, son enfrentarse a “corporaciones poderosas económicamente”, como hospitales y aseguradoras.
“Es bien cuesta arriba para la víctima, no es solo costoso, sino bien técnico”, apuntó.
Explicó que, para las pruebas periciales, por ejemplo, en las que un experto presenta argumentos en el proceso judicial, no hay peritos en Puerto Rico que testifiquen en contra de aseguradoras y hospitales, que mayormente son sus patronos. De solicitar peritos de Estados Unidos, se podría aplazar más el caso e incurrir en mayores gastos.
“La impericia médica es como un David versus Goliat, porque la víctima de impericia está peleando con corporaciones poderosas económicamente, como hospitales. Muchos pertenecen a conglomerados que generan millones al año. Las víctimas, por cualquier razón, tienden a ser personas que no tuvieron orientación adecuada versus alguien más informada que no estuviese en ese proceso”, manifestó.
Rodríguez Vélez mencionó que un caso activo trata de una paciente que solicitó una cesárea por diez horas y el obstetra no la quiso realizar, pese a sus quejas de dolor. “Eso es un ejemplo clásico de violencia obstétrica”, expuso, cuyo concepto fue definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una práctica que no vele por un parto respetuoso, desde descuidar a la paciente hasta falta de administración de medicamento para el dolor.
Tania de Jesús Laboy, la directora ejecutiva de la organización Caderamen, dedicada a educación de salud reproductiva, lo describió como “otra manifestación de violencia de género”.
“Es complejo darse cuenta que ha sido maltratada en el proceso y es complejo para todas las partes involucradas. [...] Puede ocurrir en diferentes escenarios”, dijo, refiriéndose a múltiples profesionales especializados, como neonatólogos, pediatras y ginecólogos, además de obstetras.
Otros de los pleitos de Rodríguez Vélez, que involucran la negligencia de todo el equipo médico, describen daños cerebrales por anestesias mal administradas, infecciones por bacterias o hasta diagnósticos incorrectos.
El licenciado aclaró, no obstante, que no todos los casos de negligencia o mala práctica en partos apuntan a una violencia obstétrica. No ofreció una estadística de la incidencia, pero aseguró que ocurre más de lo que debería. “Yo tengo muchos casos. Llaman muchas personas. No todos se pueden llevar, pero ocurre”, esbozó.
De Jesús Laboy explicó que la violencia obstétrica también conlleva la intimidación del proveedor, y mencionó como ejemplo si un médico le dice que debe inducir parto porque no estará disponible en la fecha designada. “Es una manera de intimidar— una figura de poder, intimida a una persona, mujer, en condición que la vulnera”, dijo.
Los planteamientos de la directora ejecutiva de Caderamen, quien también es doula, son cónsonos con los hallazgos de un estudio del 2020 de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el que se entrevistó a diez mujeres que atravesaron violencia obstétrica. Las pacientes participantes describieron el proceso de parto como “deshumanizante”, mayormente perpetrado por maltrato psicológico y un ambiente hospitalario hostil, donde predominaban la falta de consentimiento para procedimientos, protocolos, la negación en aliviar el dolor y prisa durante el parto.
Aunque las pacientes podrían radicar quejas o querellas en distintos foros, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLMD), adscrita al Departamento de Salud (DS), indicó a este medio que solo hay dos casos radicados relacionados a violencia obstétrica, que son agrupados por médico. El doctor Rodolfo Ramírez Carrero, por ejemplo, acusado de mala práctica en el Hospital Metropolitano de San Germán, representa un caso que tiene dos quejas sometidas.
Justicia obstétrica, en cambio de violencia
Según el ginecólogo obstetra Nabal Bracero Serrano, el término de violencia obstétrica se originó por la OMS para referirse a prácticas hechas en países donde “no había respeto” para el cuidado adecuado, por lo que rechazó el uso del concepto en Puerto Rico, que se rige por estándares clínicos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, en inglés).
Sugirió, en cambio, el concepto de “justicia obstétrica”, que aborda tanto el cuidado del paciente como las condiciones de trabajo del proveedor y un sistema de salud que provea servicio justo, entre otros aspectos. Lo ideal, dijo, es la discusión de los componentes del consentimiento informado previo al parto.
“Todos esos componentes del consentimiento [informado] deben darse en el contexto de la perspectiva del paciente. [...] A veces, no va a poder darse todas esas cosas que la paciente tenía contemplada; es responsabilidad discutir previo al parto”, añadió. De haber desvíos, el sistema de la ACOG dispone para reclamaciones médico legales o hasta invocar el litigio.
Al uso de este término, la directora ejecutiva de Caderamen lo calificó como “contraproducente” al denominarlo por una acción que “no está relacionada la justicia, sino la violencia de género”.
“Pudiera entender que causa incomodidad, pero no se trata de ellos (obstetras), es de las mujeres. Son problemas de salud física, mental [que pueden] hasta costarle la vida a los bebés que nacen. Hay que escuchar, reflexionar, aprender y tener conversaciones que atienden el problema”, pronunció.
Difícil ejercer la obstetricia
Como obstáculo a la práctica, Bracero Serrano mencionó el Proyecto del Senado 454, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y la ahora exsenadora Ana Irma Rivera Lassén, que buscaba limitar la intervención médica durante un parto “no complicado” para evitar la violencia obstétrica.
El ginecólogo planteó que los partos nunca se pueden vislumbrar al 100 por ciento, por lo que una ley que impida alguna acción que pueda salvarle la vida a la madre y al bebé impactaría más la práctica, que ya está afectada por menos profesionales que quieran especializarse en obstetricia por miedo a demandas o reclamaciones, que también redunda en mayores cesáreas. Según el galeno, la mayoría de estas denuncias son por cesáreas que no se realizaron.
“Hay cosas que van a ocurrir con agudeza espantosa”, dijo, como una distocia de hombros, cuando un feto se atasca debajo del hueso púbico, o un choque hemorrágico. En esos casos, habría que actuar de inmediato para salvar las vidas de los pacientes, ya sea mediante cesárea o, en algunos casos, la remoción del útero, abundó.
“Son menos [quienes ejercen la obstetricia] y están; no hay escasez”, añadió. “No hacen obstetricia porque se hace más hostil para practicarlas y hay menos partos”, concluyó.
Los obstáculos, como los cierres de salas de parto y medidas legislativas como las que mencionó, se prestan para que el médico sopese entre optar por transferirse a un hospital con mayor volumen de pacientes para manejar casos obstétricos o solo ofrecer servicios de ginecología.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
