WASHINGTON — Una jueza federal de Washington se negó el viernes a bloquear el acceso de los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk a los sistemas del Departamento del Tesoro que contienen datos personales de millones de estadounidenses. Sin embargo, reconoció las preocupaciones sobre la privacidad en relación con su trabajo. El DOGE (por sus siglas en inglés) sigue teniendo actividades limitadas a causa de una orden judicial diferente en Nueva York.
En Washington, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly había restringido previamente el trabajo de DOGE en el Departamento del Tesoro a dos empleados con acceso sólo de lectura, con la cooperación del gobierno del presidente Donald Trump. Uno de esos trabajadores renunció más tarde tras ser vinculado a publicaciones en redes sociales que promovían el racismo; Musk dijo que sería recontratado.
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Kollar-Kotelly, quien fue nombrada por el presidente Bill Clinton, se negó el viernes a otorgar un bloqueo a largo plazo. Su decisión se produce en una demanda presentada por jubilados y líderes sindicales que temen que las actividades de DOGE puedan exponer información delicada.
Sus preocupaciones son “comprensibles y sin duda compartidas por muchos”, encontró. Pero en este momento, los demandantes no han demostrado que estén en riesgo inmediato de sufrir daños duraderos por parte del pequeño equipo obligado a mantener la información confidencial, escribió Kollar-Kotelly.
“Simplemente afirmar que las operaciones del equipo DOGE del Tesoro aumentan el riesgo de una violación catastrófica de datos o de divulgación pública de información sensible... no es suficiente para respaldar una orden de restricción preliminar”, escribió.
Kollar-Kotelly dejó la puerta abierta para que las personas que demandaron regresen si surge nueva evidencia de riesgo inmediato, diciendo que “no dudaría” en otorgar un bloqueo si hay evidencia de intercambio de información riesgosa.
Mientras tanto, en Manhattan, un juez federal ha prohibido a DOGE acceder a los sistemas del Departamento del Tesoro en una orden judicial concedida el mes pasado en respuesta a una demanda de 19 fiscales generales demócratas.
